Dentro de nueve meses, la empresa costarricense-española Riteve SyC dejará de prestar el servicio de revisión técnica vehicular, pues el contrato con el que opera desde hace 20 años se termina el 15 de julio del 2022 y no hay posibilidad de más prórrogas.
A pesar de que la inspección es un requisito ordenado por la Ley de Tránsito, el panorama sobre cómo se garantizará la inspección de vehículos no es claro. Incluso, el 8 de mayo habrá cambio de gobierno, lo cual aumenta la incertidumbre.
En julio pasado, la Contraloría General de la República llamó la atención al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) por la poca planificación para garantizar la continuidad del servicio y las nulas acciones de cara al cierre del contrato con Riteve.
Ahora, tres meses después, el jerarca de esa cartera, Rodolfo Méndez, afirma que hay una programación y que “ha habido avances” en el proceso. Sin embargo, declinó detallar cuál es el plan y en qué plazo se publicaría el nuevo cartel de licitación, pues afirmó que todo está a cargo del viceministro de Transportes, Eduardo Brenes, quien se encuentra de vacaciones.
Méndez aseguró a La Nación que no se trasladará al próximo gobierno la responsabilidad de asumir todo el proceso desde cero, pues sería imposible que concreten el contrato en dos meses a partir de mayo. Insistió en que han venido trabajando en las alternativas “desde hace meses”.
Dijo que cuentan con estudios económicos y están resolviendo temas legales. El ministro contestó afirmativamente cuando se le consultó si el nuevo contrato se dejaría al menos licitado cuando termine su periodo el 8 de mayo.
Pese a esto y a que se conoce lo complicado que son los procesos de licitación, que deben pasar por objeciones, apelaciones y el refrendo una vez adjudicado, aún no hay publicado un cartel con las condiciones que deberá tener el próximo o próximos operadores de la revisión vehicular.
Por su parte, Riteve dice desconocer cuál será el proceso de transición que seguirá o si existe la posibilidad de más prórrogas para garantizar la continuidad del servicio.
“Aún no hemos recibido información al respecto. Estamos a la espera de conocer cuál es la propuesta del MOPT para la continuidad del servicio”, indicó la vocera del consorcio español, Jennifer Hidalgo, a la consulta de este medio.
En el informe de la Contraloría, de julio, se consigna que el MOPT garantiza que “la continuidad (del servicio) está asegurada”.
Sin embargo, en ese documento la Contraloría se vio obligada a recordarle al MOPT, una vez más, que la vigencia pactada en el contrato es de 10 años y con una única prórroga de 10 años adicionales, “siendo su vencimiento el 15 de julio del 2022″.
La Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), órgano adscrito al Ministerio de Economía, también recomendó al MOPT iniciar las gestiones para la apertura del servicio, pues así lo establece la Ley de Tránsito.
“Dado que la Ley Nº9078 prevé la apertura a la competencia del servicio integral de revisión Técnica Vehicular para el año 2022, se recomienda al MOPT y demás órganos competentes, velar porque este cambio se lleve a cabo en forma tal que se promueva efectivamente la competencia y libre concurrencia para beneficio de los usuarios”, dijo.
Así lo dice un criterio de Coprocom que se basó en un estudio denominado “Regulación y Competencia en el Servicio de Revisión Técnica Vehicular”.
Coprocom también recomendó al MOPT revisar el contrato de concesión con Riteve para analizar si existe el compromiso de anunciar al concesionario, con al menos seis meses de antelación, el fin de la relación contractual.
La idea es evitar que ocurra lo que pasó hace una década, cuando, por inacción del Estado, no se le avisó a Riteve y ello obligó a prorrogar el contrato de forma automática por otros 10 años.
Las opciones
Hasta hace unos meses, las intenciones del MOPT eran que el servicio fuera ofrecido por al menos cuatro adjudicatarios. Sin embargo, no se volvió a hablar de esa alternativa.
El criterio emitido por Coprocom menciona que autorizar la prestación a varias empresas permitiría un aumento en el número de estaciones, posibilidades de elección, amplitud de horarios, reducción de tiempos de espera y oferta de servicios complementarios.
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Uno de los aspectos que debe considerar la Administración en caso de optar por la apertura del servicio sería el tema tarifario, ya que actualmente los costos son fijados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Además, la Ley de Tránsito también indica que los centros de inspección vehicular deben ser supervisados por el MOPT y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), tarea que también se dificultaría si existieran múltiples oferentes.
¿Qué otras alternativas habría?
Una vez que culmine la relación con Riteve, las 13 estaciones fijas y las cuatro móviles, así como todos sus equipos pasarán a ser propiedad del Estado, lo que permitiría que el MOPT asuma esa función.
Asimismo, en caso de un nuevo concurso, Riteve también podría participar.
Consultados sobre esa posibilidad, la vocera de Riteve indicó: “De nuestra parte existe disposición para seguir aportando al país, siempre que la propuesta continúe buscando mejorar aspectos sociales, ambientales y de seguridad vial, basados en la transparencia, integridad, calidad, entre otros”.
William Traber, de la Asociación Nacional del Sector Empresarial Automotriz, la cual agrupa talleres de todo el país, considera que la opción más conveniente es mantener la operación en manos de una sola empresa, como ha funcionado hasta ahora.
Dejarlo en manos del Estado, agregó, representaría riesgos de entrar en un nuevo “Cochinilla”, en alusión al escándalo de corrupción.
Además, afirma que tener múltiples empresas también es contraproducente por el tema de la fiscalización y la necesidad de que se cumplan parámetros de calidad.
Traber afirmó que la revisión técnica estricta no solo ha repercutido en la seguridad vial, sino en general en razón de la garantía, pues es requisito que todos los vehículos que entran al país deban pasar primero por la inspección antes de circular.
Daniel Cohen, presidente de la Asociación Automóvil Club de Costa Rica, resaltó el beneficio de la revisión en la seguridad vial y el ambiente.
“También un gran ganador es la sociedad como un todo que respira en una atmósfera más limpia producto de mantener bajo control la emisión de gases de efecto invernadero”, agregó.
Para Cohen, si bien el modelo elegido hace más de 20 años funcionó, ahora la Administración debe determinar el mecanismo más conveniente para el país.
“La calidad del servicio no depende de los niveles de competencia o de la ausencia de esta. Un buen servicio depende de la calidad de quien lo brinde, por lo que la escogencia es crítica. También es importante un buen control (inspección) sobre el prestatario o los prestatarios adjudicados”, expresó.
De acuerdo con las cifras de Riteve, el año pasado se realizaron 1,3 millones de inspecciones, de las cuales el 64% correspondió a automóviles.
Además, con el tiempo, el porcentaje de aprobación (en la primera visita) ha ido en aumento. Así, por ejemplo, mientras que en el 2003 solo 27% de los que acudían lograba aprobar, en lo que va este año el porcentaje de aprobación es de 59%.
Antes de la operación de Riteve, la verificación del estado de los vehículos se realizaba mediante el “Ecomarchamo”.
Ese servicio había sido autorizado a unos 80 talleres en 1997, sin embargo en más de la mitad se encontraron irregularidades, por lo que se optó por una revisión integral en 1998 y en el 2002, mediante ley, se concesionó a Riteve SyC originalmente por un periodo de 10 años.
Precisamente, el 21 de agosto del 2000, Rodolfo Méndez era también ministro de Transportes en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.