Una apelación y un recurso de nulidad presentados ante la Contraloría General de la República mantienen frenada la adjudicación del servicio de revisión técnica de vehículos al sector privado, cedida por la Proveeduría Nacional el 5 de febrero al consorcio tico español Riteve SYC.
Se trata de dos reclamos presentados por sendas empresas que no fueron seleccionadas en el concurso y que señalan la existencia de una serie de supuestas anomalías de la oferta escogida. Esta licitación internacional fue promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y pretende que una firma privada se haga cargo de la revisión técnica y del control de emisiones de todos los vehículos que circulan por el país.
La adjudicación la efectuó la Proveeduría debido a que, luego de una serie de tropiezos, el MOPT decidió solicitar que el concurso se declarara desierto, según argumentaron, por no contar con un apropiado sistema de calificación. Sin embargo, la Proveeduría decidió mantener la concesión y dársela a Riteve-SYC.
La firma alemana TÜV Rheinland presentó un recurso de apelación, mientras que SGS, de Suiza, interpuso un recurso de nulidad, según reportó la oficina de prensa de la entidad fiscalizadora. Ambas gestiones coinciden en señalar que la firma adjudicada afronta problemas de índole legal relacionados con la representación en el país de la compañía española.
Rodolfo Méndez, titular de Obras Públicas, dijo que no les queda más que esperar la resolución que tome la Contraloría y aseguró que, mientras tanto, seguirán con el plan de brindar el servicio en varios talleres que la cartera tiene en diversos puntos del país.
"Reconocemos que la única manera de mejorar el servicio es mediante esa licitación internacional, pero inicialmente consideramos que había errores y por eso pedimos el concurso se declarara desierto", aseguró Méndez.
La queja
Según consta en la apelación de TÜV Rheinland, la oferta adjudicada debió haber sido excluida del concurso. Sostienen que la firma ganadora no presentó adecuadamente el poder especial de representación a la persona que nombraron para tal fin.
Señalan los quejosos que la oferta no cumplió con "expresar por escrito el incondicional sometimiento a la legislación y a los tribunales costarricenses, en cuanto a todos los actos o contratos que se celebren o hayan de ejecutarse en el país, así como la renuncia expresa a las leyes de su domicilio".
Sostienen además que esta es la oferta que presenta "el mayor grado de incumplimientos en las especificaciones técnicas", que es la que requiere de la mayor inversión inicial y que obtuvo la calificación más baja en el aspecto económico-financiero.
Por su parte, según el representante de SGS en el país, Rolando Pinto, ellos pidieron la declaratoria de nulidad mediante un recurso por cuanto no solo coinciden con el problema de la representación de la firma beneficiada, sino que consideran que, además, la Proveeduría utilizó para su selección un cuadro de calificación desactualizado. Según dijo, el MOPT envió un cuadro a esa entidad que tenía una corrección posterior y esta no se tomó en cuenta a la hora de hacer la escogencia final.
Para Pinto, se debe declarar la nulidad y el MOPT debe enviar a la Proveeduría la información actualizada para que se proceda a un nuevo acto de concesión.
