El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) privatizará el servicio de la revisión técnica de vehículos, pero las ventajas que obtenga el Estado dependerán de la "buena fe" del consorcio Riteve-SYC, adjudicatario que recibirá ganancias por diez años.
Pese a que las partes negocian la redacción del contrato, en el cartel de licitación, abierto por la Proveeduría Nacional, no se incluyeron condiciones favorables para el país en este negocio, admitió Rodolfo Méndez, ministro del sector.
Entre varias omisiones, no se obligó al consorcio integrado por capital español y costarricense al pago de un canon que le permita al MOPT el control técnico adecuado sobre las operaciones de Riteve-SYC.
Tampoco se previó que la empresa suministre los equipos de control de emisiones vehiculares para que los oficiales de tránsito efectúen las inspecciones de automotores en carreteras, ni se exoneró del pago de la revisión técnica a los vehículos oficiales.
Solo por este último punto, el Estado tendrá que pagar anualmente ¢900 millones, detalló Rafael Chang, director de la División de Transportes del MOPT.
Sin embargo, la Proveeduría Nacional dependencia del Ministerio de Hacienda adjudicó en firme al consorcio, en diciembre de 1999, pese a algunas observaciones que Méndez expresó en el oficio 992812, del 7 de junio de ese mismo año.
El Ministro detalló las omisiones del cartel y solicitó declarar desierto el concurso porque "lesiona gravemente los intereses institucionales y nacionales", dijo en esa nota.
Pero el proceso de licitación continuó su curso y posteriormente (el 30 de marzo de este año) la Contraloría General de la República confirmó la designación a favor del consorcio Riteve-SYC.
Además, el órgano contralor consideró que el concurso no se podía declarar desierto por motivos de interés público, según consta en la resolución RC-120-2000.
Negocio
La licitación se abrió el 8 de diciembre de 1997 con el propósito de que la empresa privada establezca y opere estaciones de revisión técnica vehicular en el país.
El consorcio Riteve-SYC se comprometió, tras ganar el concurso, a instalar 12 estaciones fijas y 8 móviles, pero los usuarios tendrán que pagar una tarifa promediada de ¢7.200 por la revisión, precisó su abogado en Costa Rica, Fernando Mayorga. Recuadro: ¿Cuánto se pagaría?
Agregó que la firma maneja servicios de revisión técnica vehicular en España, Portugal, Brasil, Argentina y Cuba.
La empresa podría comenzar a operar en el segundo semestre del 2001 y la contratación durará diez años, explicó Chang.
Al término del contrato obtendrá ganancias reales de alrededor de ¢8.348 millones más el valor de los terrenos, instalaciones y equipos.
Este dato aparece en un documento del Consejo de Transporte Público órgano adscrito al MOPT del 24 de julio pasado, en el cual se acordó solicitar la opinión de la Procuraduría General de la República antes de proceder a la firma del contrato.
Sin embargo, la consulta no se envió porque luego se prefirió que una comisión del MOPT empezara negociaciones con Riteve-SYC, orientadas a que la empresa, "de buena fe", conceda algunas ventajas al Estado para incorporarlas en el contrato, dijo Chang.
Polémica
Pese a que Méndez reiteró que la Proveeduría Nacional no acogió sus observaciones antes de la adjudicación, la jerarca de esa dependencia, Jannette Solano, dijo que el MOPT no aceptó participar en una comisión conjunta para evaluar los aspectos técnicos y procesales inadecuados.
"Ese Ministerio no estuvo anuente ni a formar una comisión ni a preparar el estudio técnico. La Proveduría Nacional procedió a realizar la adjudicación considerando que no se contaba con toda la documentación técnica para aprobar las objeciones (del MOPT)", afirmó Solano en una nota enviada a La Nación .
Agregó que antes del cambio de Gobierno, el MOPT fue el encargado de solicitar el concurso, elaborar el proyecto del cartel, valorar la necesidad administrativa y estudiar los alcances financieros y económicos del plan, pese a que la licitación la abrió la Proveeduría.
Chang alegó que el MOPT se negó a participar en la comisión porque la Proveeduría partió de criterios técnicos equivocados para desarrollar el proceso de licitación.
Mayorga, representante legal de Riteve-SYC, aseveró que en el cartel no se establecieron las condiciones que ahora reclama el MOPT. "Hubo errores de la administración", dijo.
Firma obligada
Pese a tratarse de un mal negocio, el ministro Méndez afirmó que el MOPT está obligado a firmar el contrato con Riteve-SYC, según las condiciones establecidas por el cartel de licitación.
Reconoció que si se niega, el consorcio tiene el derecho de demandar al Estado por incumplimiento y pedir una indemnización para resarcir las inversiones efectuadas hasta el momento, así como los montos de utilidades proyectados a futuro.
El viceministro de Transportes, Juan Mena, dijo que aún están pendientes los resultados de las conversaciones con los empresarios españoles, para reconocerle beneficios al país.
"Dependemos de la buena voluntad de ellos", expresó.
Anunció que ya llegó una respuesta de la casa matriz del consorcio, ubicada en España, la cual deberá ser revisada por Méndez.
Aunque prefirió no entrar en detalles, Chang dijo que Riteve-SYC no aceptó el pago del canon al MOPT ni la donación de terrenos, instalaciones y equipos al Estado, después de la década que dure la contratación.
"La empresa está en total disposición de colaborar con el Gobierno y lograr un acuerdo satisfactorio, pero tampoco se puede regresar lo que nunca fue del Estado", sostuvo Mayorga.