EscucharA cuatro meses de que se venza el contrato entre la empresa Riteve y el Estado costarricense, no hay claridad sobre el modelo o el ente que brindará la revisión técnica vehicular, requisito indispensable para transitar por las calles de nuestro país, a partir del próximo 15 de julio.
Ese mismo panorama incierto impera para los 500 empleados de la empresa española, pues a la fecha se desconoce si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recibirá el permiso de la Contraloría General de la República para prorrogar por segunda vez el contrato de concesión con la firma.
De no autorizarlo, el Gobierno debería correr con una nueva licitación de emergencia o asumir la revisión, para garantizar la continuidad del servicio; la empresa tendría que su operación en el país y liquidar a su personal, aunque tendría la posibilidad de concursar en caso de que se abra un nuevo concurso. Sin embargo, esas posibles alternativas tampoco han sido adelantadas por la Administración.
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La vocera de Riteve, Jennifer Hidalgo, aseguró que, pese a la incertidumbre, la operación en las estaciones se mantiene con regularidad, a la espera de conocer los lineamientos que emitan las autoridades sobre la continuidad del servicio a partir de julio, aunque reconoció que han tenido poca información de parte del Ejecutivo.
“Actualmente, Riteve cuenta con alrededor de 500 colaboradores directos, pero es importante mencionar también que la revisión técnica impulsa un sin número de actividades económicos, generando múltiples beneficios sociales y miles de empleos alrededor de la misma”, afirmó.
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Riteve tiene 17 estaciones en el país (13 fijas y 4 móviles) que pasarían a manos del Estado una vez finalizado el contrato. (Rafael Pacheco Granados)
Hidalgo dijo que, ante la premura por el corto plazo que resta para la finalización del contrato y la necesidad de tener detalles para la toma de decisiones a nivel de la empresa, la empresa pidió al MOPT informar sobre los avances del proceso, aunque la respuesta fue la misma conocida hasta ahora: se espera respuesta de la Contraloría sobre las opciones que plantearon.
“Ante este panorama, no nos queda más que seguir esperando hasta que exista una decisión oficial. Confiamos en que esta decisión se dé prontamente (...). La empresa se ha mantenido respetuosa de los procesos de las autoridades y en la mayor disponibilidad de colaborar para que el país no se vea afectado. Entendemos la complejidad del momento y lo delicado y a la vez lo urgente de las decisiones”, añadió Hidalgo.
En febrero anterior, en una primera respuesta, la Contraloría rechazó la solicitud planteada por Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de extender el contrato y, más bien, urgió a apurar la búsqueda de otro prestador que se ocupe del servicio.
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La respuesta se sustentó en que el Cosevi y el MOPT han tenido suficiente tiempo para iniciar un nuevo proceso de contratación y completar los pasos necesarios para el cierre del contrato, así como el proceso de transición.
Sin embargo, el Cosevi alegó que iniciar dicho proceso no era posible debido a la existencia de una acción de inconstitucionalidad que fue acogida para estudio; no obstante, en criterio de la Contraloría dicha medida no les imposibilitaba avanzar en las gestiones, pues ni siquiera suspendió los artículos de la Ley de Tránsito que se están impugnando ante la Sala.
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La acción a la que refirió fue interpuesta en octubre por la Asociación Preserve Planet contra los artículos 25 ,26, 27 y 28 de la Ley de Tránsito, en los que se establece la facultad para que el Cosevi otorgue “autorizaciones indefinidas” a empresas interesadas en prestar el servicio de inspección vehicular. La resolución de la Sala a ese recurso podría demorar hasta dos años.
Desde mediados de año pasado, la Contraloría advirtió al MOPT sobre la falta de acciones ante el inminente vencimiento del contrato con Riteve y la imposibilidad de otorgar nuevas prórrogas.
El órgano contralor que no se habían llevado adelante los pasos “mínimos” en la planificación de una estrategia para el cierre del contrato y para garantizar la continuidad del servicio. En un segundo informe divulgado en octubre anterior, se indicó que aún no existía claridad sobre el nuevo modelo para la prestación del servicio.
Actualmente, el Cosevi está a la espera de un nuevo criterio de la Contraloría, luego de que se enviara una serie de aclaraciones a la solicitud inicial con las que esperan tener el visto bueno de ese ente.
El contrato de Riteve fue originalmente firmado por 10 años y daba derecho a una única prórroga que es la que vence el 15 de julio del 2022.
