Infraestructura

¿Qué pasará con Riteve?, jerarca del MOPT dice que aún hay alternativas

Rechazo de la Contraloría a solicitud de prórroga incrementa dudas sobre futuro de la revisión técnica

El futuro de la revisión técnica vehicular sumó un nuevo capítulo este martes, tras conocerse el pronunciamiento de la Contraloría General de la República (CGR) que rechazó la solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de prorrogar el contrato con la empresa Riteve SyC, cuyo plazo vence el próximo 15 de julio.

Ante ese panorama el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata dijo a La Nación que aún hay alternativas a pesar de que están “contrarreloj”.

“Lo que dice la Contraloría es que no puede resolver porque no tiene toda la información que requiere, eso es cierto, la solicitud que se planteó era consultar con los razonamientos si se podía aplicar el artículo 208 del reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, para procurar una extensión en el contrato en el tanto resuelva la Sala Constitucional la acción que está en estudio”, dijo el jerarca.

Méndez Mata aseguró que ahora corresponde volver a presentar la solicitud incorporando los requerimientos planteados por la Contraloría.

Además, sostuvo que habría una segunda posibilidad que conllevaría aplicar la figura de permisionarios de manera provisional.

Sin embargo, el ministro reconoció que responder a la Contraloría u optar por otra de las alternativas quedará en manos del próximo gobierno.

Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora:

-El contrato con la empresa Riteve SyC vence el próximo 15 de julio, luego de 20 años de brindar el servicio en el país.

-Dicho contrato establece la posibilidad de una única prórroga que fue la que se otorgó hace 10 años, cuando precisamente la falta de acciones del MOPT para iniciar un nuevo proceso de licitación en aquel momento obligaron a renovar el acuerdo hasta el 2022.

-Una vez que el contrato fenezca, las 13 estaciones fijas y cuatro móviles pasarán a manos del Estado.

-Actualmente, ni la misma empresa conoce cuál será el futuro de los más de 500 empleados que tiene actualmente en su planilla.

-La Contraloría ya había advertido al MOPT, desde julio del año pasado, que debía iniciar un plan para asegurar la continuidad del servicio, en el cual se incluyeran detalles relacionados con el finiquito del contrato, nuevo modelo tarifario, proceso de transición y qué pasaría con las estaciones y equipos.

-En octubre del año anterior un nuevo informe volvió a llamar la atención de las autoridades debido a lo poco que se había avanzado en el cumplimiento de las disposiciones planteadas, por lo que en febrero el ente Contralor advirtió que no se había presentado una solicitud de prórroga, ni cumplido con los requisitos e incluso se refirió a posibles sanciones por incumplir los mandatos del ente contralor.

- A inicios de abril, el MOPT envió finalmente la solicitud ante la CGR para extender el contrato, sin embargo esa gestión fue rechazada este martes porque no cumplió con toda la información requerida.

-En esa respuesta, la Contraloría le pide al MOPT aclarar los siguientes aspectos:

  • la variación en el modelo de negocio respecto de la donación de estaciones y equipo de dichas estaciones
  • el impacto en la tarifa que pagarán los usuarios del servicio
  • la justificación de la prórroga del plazo por 5 años
  • la suspensión del trámite de contratación de nuevos operadores en razón de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo 25 de la Ley de Tránsito
  • la participación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en la aprobación de la tarifa que rige a partir del 16 de julio
  • el mantenimiento de las instalaciones

- En caso de aprobarse la prórroga, el MOPT deberá iniciar en forma paralela la definición del nuevo modelo que utilizarán para la prestación del servicio, así como el mecanismo tarifario.

-Además, en ese mismo lapso debería resolverse la acción de inconstitucionalidad que precisamente objeta los artículos de la ley de tránsito en los que se establece la facultad para que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) otorgue “autorizaciones indefinidas” a las empresas interesadas en prestar el servicio de inspección vehicular, lo cual vendría a dilucidar el tema del modelo ideal.

Patricia Recio

Patricia Recio

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.

LE RECOMENDAMOS

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.