Contraloría rechaza excusas de Cosevi por incumplir plan para asegurar revisión técnica
Órgano contralor fustigó al director de Consejo por no acatar disposiciones que advierten riesgo de quedar sin servicio
01/02/2022 Tejar del Guarco, Cartago. Estación de Riteve trabajaba full este lunes por la tarde, al tiempo que Costa Rica está a seis meses de quedarse sin revisión técnica vehicular. Ello debido a la lentitud del Estado por echar a andar el proceso licitatorio para un nuevo contrato y el rechazo de la Contraloría General de la República de prorrogar el convenio con Riteve. Rafael Pacheco Granados
La Contraloría General de la República (CGR) rechazó una vez más los intentos del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de justificar su inacción ante el inminente vencimiento del contrato con la empresa Riteve SyC, en julio próximo, sin que a la fecha se haya definido una hoja de ruta que garantice la continuidad del servicio.
El último capítulo que se suma a una larga lista de llamadas de atención y rechazos se dio este jueves 24 de marzo, mediante la resolución DFOE-CIU-0178 dirigida al director de ese consejo, Edwin Herrera, en la cual se declaró sin lugar la apelación presentada por Herrera en contra de un oficio emitido días atrás.
El documento que Herrera buscaba dejar sin efecto incluía una advertencia por no acatar las disposiciones indicadas en el último informe sobre la falta de planificación, de cara al vencimiento del contrato. En ese oficio, la CGR señaló que superada esa etapa se trasladarían los incumplimientos al Departamento Jurídico, por lo que los jerarcas responsables se expondrían a sanciones administrativas.
Riteve La empresa española Riteve deberá cesar su operación en el país el próximo 15 de julio, de no aprobarse una prórroga el país quedaría sin revisión vehicular por tiempo indefinido. (Rafael Pacheco Granados)
La respuesta de la Contraloría a la solicitud de revocatoria y apelación a dicho oficio fue nuevamente un rechazo. El órgano contralor recordó que ha sido enfático en que lo suministrado por el Cosevi hasta ahora “no configura un programa de trabajo sobre la etapa de cierre contractual y la transición hacia los nuevos prestatarios”.
Además sostiene que el documento enviado por Cosevi como supuesto plan de trabajo “carece de los elementos mínimos solicitados, en correspondencia a un programa de trabajo, por cuanto no presenta con claridad los responsables, actividades, fechas, mecanismos de coordinación y un cronograma actualizado, según el contrato vigente y la fecha de su cierre”.
Para la Contraloría, los escenarios formulados por el Cosevi como posibles alternativas, requieren ajustes y validaciones de distintos entes como la misma CGR, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por lo que continúan alejadas de lo dispuesto.
“A escasos tres meses de que el contrato fenezca no es posible seguir exponiendo escenarios, como si se tratara de una planificación a mediano o largo plazo. Lo anterior, considerando además, que no consta la remisión a la Junta Directiva de los estudios técnicos, jurídicos y financieros para su respectiva aprobación, no de “meros escenarios”, dijo la Contraloría.
Asimismo, añadió que la misma Administración es clara en que aún no cuenta con información necesaria para definir lo referente a la tarifa, situación que aún presenta incertidumbre y que incluso no es considerada en la estrategia descrita.
De esta forma, la Contraloría resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por Herrera, rechazar la solicitud de suspensión de las determinaciones que le habían sido advertidas en el oficio que se apeló y emplazar al director ejecutivo para que en un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación se presente ante el despacho de la contralora general de la República, Marta Acosta.
Los desencuentros entre el MOPT y la Contraloría se han intensificado en los últimos meses, pues desde julio del año pasado el órgano contralor advirtió sobre el próximo vencimiento del contrato con la empresa española, sin que existiera claridad sobre el plan para garantizar la continuidad del servicio. En octubre volvió a advertir sobre el nulo avance, y posteriormente el Cosevi anunció que pediría una prórroga debido a que una acción de inconstitucionalidad les impedía avanzar con una nueva contratación.
Sin embargo, dicha solicitud no se presentó de manera oficial y más bien la Contraloría fustigó al Cosevi por brindar información errónea al respecto. Asimismo, desvirtuaron que la acción de inconstitucionalidad fuera una razón para no avanzar en el proceso, pues que la gestión haya sido acogida para estudio no deja sin efecto la aplicación de los artículos de la Ley de Tránsito relacionados con la revisión vehicular, por lo que tampoco impide el inicio de un proceso nuevo de contratación.
Desde inicios de semana, La Nación solicitó al viceministro de Transportes, Eduardo Brenes, referirse a los posibles escenarios que enfrenta la Administración ante el fin de la operación de Riteve en el país. Este viernes también se solicitó al director del Cosevi referirse al reciente oficio de la Contraloría, sin que al cierre de esta publicación se haya tenido respuesta de alguno de ninguno de los despachos.
