Alto ausentismo en Riteve por incertidumbre sobre revisión técnica

De acuerdo con datos de la empresa Riteve SyC, cuyo contrato para operar finaliza el 15 de julio próximo, 114.000 vehículos circulan por las calles del país sin conocer su estado mecánico, pues no acudieron a la inspección que, además, es un requisito establecido en la Ley de Tránsito.

La cifra representa un 16,3% más que los incumplimientos registrados en el mismo período del año pasado, cuando tras cuatro meses se acumulaban 98.000 vehículos sin revisión al día.

La vocera de la empresa, Jennifer Hidalgo, apuntó que el aumento podría estar directamente relacionado con la incertidumbre por el futuro de la continuidad del servicio.

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“Sí puede ser la incertidumbre que se está generando alrededor del futuro de la revisión técnica lo que haya presentado una tendencia al ausentismo.

“Vale la pena hacer un llamado a los conductores sobre cuan importante es conocer el estado del vehículo en el que subimos a la familia y amigos para circular de manera segura, e insistir en ese llamado para que se haga la revisión a tiempo y a consciencia corregir los defectos, para garantizar que no vamos a tener situaciones de emergencia cuando circulamos en carretera”, dijo Hidalgo.

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Los vehículos particulares que debían acudir durante el primer cuatrimestre del año son aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, y 4; en el caso de los automotores de transporte público, se trata de las matrículas finalizadas en 6, 7, 8 y 9.

De acuerdo con las cifras de Riteve, el 59% de los carros que acude a la inspección técnica aprueba en la primera cita.

Entre las faltas más frecuentes que han presentado los vehículos en estos primeros meses del año, figuran las emisiones contaminantes, las llantas desgastadas y desequilibrios del frenado, que son considerados defectos graves.

Los propietarios que circulen en sus vehículos sin la revisión técnica al día se exponen a una multa de ¢55.852.

En veremos

El contrato con Riteve vence el próximo 15 de julio y hasta la fecha no hay certeza sobre el modelo o empresa que se hará a cargo del servicio.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador dijo a La Nación el viernes que estaría dispuesto a conversar con Riteve en relación a la continuidad del servicio.

Eso sí, puso como condición para iniciar ese diálogo que la empresa entregue toda la información sobre citas, estado del parque automotor, así como lo relacionado a las propiedades, equipos y edificaciones que deberán traspasarse al Estado una vez que fenezca el contrato.

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La posición de Amador deja por fuera una eventual prórroga del contrato tal como existe ahora, pues en su criterio, una vez que los bienes de la empresa pasen a manos del Estado, las condiciones deben cambiar. La empresa solo sería operadora, lo que en primera instancia debería implicar que se pague una tarifa menor.

Actualmente la tarifa para acudir a la revisión es de ¢16.481 para autos particulares. En caso de no pasar en la primera prueba, la reinspección tiene un costo de ¢8.240.

La anterior Administración había presentado ante la Contraloría General de la República una solicitud de autorización para prorrogar el contrato, sin embargo, esta fue rechazada debido a que no se aportaron una serie de requisitos técnicos.

A pesar del corto tiempo y poco margen de acción, el actual ministro asegura que hay alternativas para asegurar que el país no se quede sin revisión a partir del 15 de julio, aunque no ha brindado detalles sobre cuáles serían las otras opciones que se han valorado en caso de que no se realice la prórroga a la empresa o se logre un acuerdo satisfactorio bajo las condiciones que el Gobierno pretende.

Riteve brinda el servicio de inspección vehicular desde el 2002. Inicialmente, el contrato firmado por 10 años daba la posibilidad de realizar una única prórroga por un período igual, la cual fue otorgada en el 2012, debido a que como en esta ocasión, el Gobierno no realizó las acciones necesarias para sacar una nueva licitación.

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Debido a la imposibilidad de otorgar nuevas ampliaciones, la Contraloría venía advirtiendo desde julio del año pasado que era necesario iniciar el proceso nuevo de contratación, así como afinar todos los detalles relacionados con la transición del servicio, modelo tarifario y mecanismo bajo el cual se daría este servicio. Pese a las advertencias, el anterior gobierno concluyó sin que se avanzara en esas disposiciones y únicamente se presentó la solicitud que fue rechazada.