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Esta es la primera página del documento de respuesta, que contiene 25 páginas. Esta fue dada el 19 de mayo, tres días después de su solicitud formal por escrito, el 16 de mayo.
“Con base en la información disponible, no es posible recomendar, desde el punto de vista técnico, eliminar la obligatoriedad de la vacunación”.
Con esa contundencia respondió la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) la solicitud de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, de dar los criterios técnicos y científicos de por qué debe mantenerse la inoculación contra la covid-19 para empleados públicos y trabajadores de la salud.
“Todas las medidas tomadas por las autoridades de salud del país, incluyendo la CNVE en su ámbito de competencia, persiguen un efecto protector colectivo que trasciende por mucho el derecho individual a negarse a seguir las mismas”, aseguraron.
“La obligatoriedad de la vacunación en la población adulta no es un criterio meramente científico, es también una estrategia que contribuye a aumentar la cobertura de vacunas en la población en grupos de trabajadores identificados de riesgo y de los que proveen servicios públicos, con el fin de proteger la salud y seguridad de toda la población”, añadió el documento.
La Comisión es el ente técnico encargado de dar las pautas sobre la aplicación de todas las vacunas contra las diferentes enfermedades en Costa Rica. La ministra pidió revisar el tema de vacunación en funcionarios públicos primero en una reunión el 10 de mayo y posteriormente solicitó el respaldo técnico y científico en un oficio el 16 de mayo.
“Durante la pasada sesión extraordinaria de la CNVE, celebrada el martes 10 de mayo, su estimable persona solicitó la reconsideración de la obligatoriedad de la vacunación contra la covid-19 en funcionarios públicos, con el argumento de que esta medida puede generar más confianza en la población y permitiría aumentar la cobertura de vacunación, sin embargo, no presentó ningún respaldo para esta afirmación”, añade la respuesta.
La CNVE incluso procedió a buscar información sobre los alcances de la vacunación en Costa Rica para determinar si era posible levantar la obligatoriedad, pero no encontró razones.
La respuesta de este órgano, de la cual La Nación tiene copia y puede verse en este enlace, fue enviada el pasado 19 de mayo, tres días después de la solicitud formal planteada por la jerarca. El documento incluye las copias de los acuerdos que se dieron para establecer la obligatoriedad con sus respectivos fundamentos. Además, contiene datos en los que se comprueba que la medida propició el aumento de personas que acudieron a protegerse contra la enfermedad pandémica.
El fármaco ha demostrado disminuir las hospitalizaciones y muertes en caso de infección.
En este momento, la inoculación contra covid-19 es obligatoria para niños y adolescentes entre 5 y 17 años, trabajadores de salud y funcionarios públicos. Las empresas privadas pueden, de forma extensiva, exigirla a sus trabajadores. Para los demás grupos poblacionales la inoculación siempre ha sido voluntaria y se mantiene así.
La inoculación se hizo obligatoria en empleados estatales el 28 de setiembre y en menores de edad el 5 de noviembre. En febrero pasado, la tercera dosis también se hizo obligatoria en ambas poblaciones.
Chacón, junto con el presidente Rodrigo Chaves anunciaron el 8 de mayo la eliminación de la obligatoriedad de la vacuna y dijeron haber firmado un decreto en ese sentido. La reacción contraria y la observación de que semejante medida solo podía tomarla la Comisión coincidieron con que el decreto no se hiciera público. Tres días después se divulgó una normativa que solo instaba a los patronos a no despedir a los empleados que no se vacunaran.
En la solicitud a la CNVE, la ministra también argumentó que la obligatoriedad no fomentó que las personas acudieran por terceras dosis. Sin embargo, la Comisión no comparte el criterio.
“En el transcurso de la ejecución de la vacunación contra covid-19 en estos últimos 15 meses se logró observar que al anunciar la obligatoriedad de la vacunación se aceleró el ritmo de vacunación”, añade el documento enviado por la CNVE al despacho ministerial.
Hasta este momento, no ha sido posible conversar sobre este tema con la ministra Chacón. La Nación tenía programada una entrevista con la jerarca y con el secretario de la CNVE, Roberto Arroba, para el viernes 20 de mayo, pero fue cancelada sin que se diera una nueva fecha.
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Justificación para obligatoriedad en trabajadores de salud
La respuesta de la Comisión explica que la obligatoriedad en trabajadores de salud, tanto públicos como privados, que se tomó el 16 de febrero de 2021, se fundamenta en los siguientes puntos:
- Que es personal que atiende directa o indirectamente pacientes covid-19 o personas de alto riesgo para enfermar gravemente y morir de este.
- Tienen un riesgo laboral de enfermar de covid-19.
- Someten a las personas que van a atender a un riesgo de enfermar de covid-19.
- Al vacunar a toda la población de estas instituciones que no tienen contraindicaciones para la vacunación, se está incidiendo en la pronta reactivación de los servicios de salud en general, reduciendo los costos inherentes a la misma situación.
- Al vacunar al personal de salud se previene que los hospitales e instituciones de salud sean una fuente de contagio para la sociedad.
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Justificación para funcionarios públicos
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La vacuna contra covid-19 es obligatoria para menores de edad, empleados públicos y funcionarios de hospitales y clínicas, así como para todos aquellos trabajadores del sector privado cuyos patronos así lo determinen. (Rafael Pacheco Granados)
La obligatoriedad para los funcionarios públicos, cuya decisión se tomó el 23 de setiembre de 2021, se fundamenta, según el documento, en los siguientes puntos:
- La cantidad de casos registrados de covi-19.
- La circulación incrementada de la variante delta (en aquel momento) en el territorio nacional que, al ser más contagiosa, se propaga más rápidamente.
- La elevada ocupación hospitalaria que se enfrenta, impactada en mayor medida por pacientes que no se encuentran vacunados.
- El hecho de que en el momento no existía vacunación aprobada para menores de 12 años (y en este momento no hay para menores de 5).
- El hecho de que covid-19 se convirtiera en la principal causa de muerte en nuestro país.
- La necesidad de continuar abriendo la economía sin colapsar el sistema hospitalario.
- La necesidad de que los centros de trabajo sean espacios más seguros y no se tengan que interrumpir funciones laborales por personas que se enferman y complican.
- La preocupante desaceleración de primeras dosis que se encontraba en esas semanas.
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Análisis de la situación actual
Como estas decisiones fueron tomadas hace meses, la CNVE revisó a la luz de la situación de mayo de 2022 si procede seguir con la vacunación obligatoria en los grupos establecidos.
“Estamos en clara tendencia al aumento de casos en tres semanas consecutivas. (...) Ante el riesgo epidemiológico de una quinta ola pandémica, que se puede incrementar con el no uso de mascarillas y que el país mantiene la transmisión comunitaria del virus, resulta imprescindible que los funcionarios públicos tengan la máxima protección vacunal posible, para garantizar la continuidad de los servicios para la población. Una gran cantidad de funcionarios de baja por incapacidad o aislamiento puede comprometer los servicios públicos críticos”, resalta el comunicado.
La CNVE también indicó que se corre el riesgo de una nueva saturación de los servicios hospitalarios. En el documento, los especialistas señalan que hay preocupaciones de la Dirección de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de lo que podría pasar en la atención en los servicios si se eliminara la obligatoriedad, especialmente en las comunidades que son reticentes a la inoculación.
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Obligatoriedad aumentó vacunación
El documento hace constar que cuando se publicó el decreto de obligatoriedad de vacunación, en octubre, el ritmo de inoculación aumentó en un 26,5% en la primera semana y siguió aumentando en las semanas siguientes.
Además, para combatir la resistencia a la vacunación, una de las recomendaciones de M.D.J Peters, médico especialista en salud pública que ha estudiado la resistencia de la vacunación, sí habla de la obligatoriedad como estrategia.
“Obligatoriedad en vacunación o implementación de sanciones en no vacunados. Si se establece la obligatoriedad en vacuna de covid-19, la misma debe estar disponible y accesible”. La CNVE destacó que en Costa Rica se ha garantizado el acceso a la vacunación y recordó que esta no es obligatoria para la población general, solo para los grupos antes mencionados.
La Comisión también aclaró que no es de su competencia regular sobre despidos o sanciones laborales para los empleados, tanto públicos como privados, que rechacen la vacuna.
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La Comisión y su criterio
La CNVE es un grupo técnico formado por ocho especialistas en Inmunología, Infectología y Pediatría. También hay salubristas, epidemiólogos y economistas de salud. Desde 2001, ellos deciden cuál vacuna se aplica, a quién y cuándo.
La Comisión está encargada de revisar y actualizar el esquema básico oficial y los esquemas especiales de inmunizaciones, tomando como base la realidad epidemiológica y la información científico-técnica. Por ley, también está obligada, junto con la Caja y el Ministerio de Salud, a identificar los grupos de población que deban ser vacunados; decidir si la vacunación es obligatoria o facultativa y disponer de las condiciones en que se deben poner las dosis, por lo que es el único órgano encargado de tomar decisiones sobre la obligatoriedad de una u otra vacuna y en qué circunstancias se da.
Este órgano lo encabeza la actual ministra Chacón, en sustitución de Daniel Salas Peraza, anterior jerarca de Salud. Está adscrita al Ministerio de Salud, pero es un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, lo cual quiere decir que tiene independencia para la toma de sus decisiones técnicas.
Ninguno de quienes la integran recibe comisión o dieta. Su trabajo, por la Ley de Vacunación de 2001, es ad honórem.
En temas de vacunación contra covid-19 han tenido que definir cuáles productos iban a utilizarse, estratificar los grupos de priorización, definir la distancia con la que se aplicarían las dosis según disponibilidad y momento epidemiológico, incluir este fármaco en el esquema básico de vacunación y determinar en qué casos sería obligatoria.
La ministra de Salud encabeza la Comisión, que además está conformada por:
- Roberto Arroba Tijerino, secretario y coordinador de la Comisión, y la cara más visible de este grupo.
- Sandra Delgado Jiménez, jefa a. i. de la Unidad de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud.
- Óscar Porras Madrigal, especialista en Inmunología y representante de la Asociación Costarricense de Pediatría.
- Dora Matus Obregón, pediatra con especialidad en Inmunología Clínica.
- Hugo Marín Piva, médico jefe del Área de Farmacoeconomía, de la Dirección de Farmacoepidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
- Leandra Abarca Gómez, médica coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica de la Caja.
- Juan Villalobos Vindas, infectólogo del Hospital México.
