EscucharLa vacunación contra la covid-19 será obligatoria para todos los empleados públicos. Así lo dispuso la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) del Ministerio de Salud, según lo confirmó este martes el propio Gobierno.
“Será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra covid-19. El decreto que oficializa dicha obligatoriedad de la vacuna contra covid-19 será emitido y firmado en los próximos días”, detalló Salud.
También se amplió la medida para aquellos empleados del sector privado cuyos patronos, dentro de sus disposiciones laborales internas, opten por incorporar dicha vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo.
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“La Comisión tomó la decisión basada en variables epidemiológicas como la cantidad de casos covid-19, la mortalidad de la enfermedad, la circulación incrementada de la variante Delta y la elevada ocupación hospitalaria, impactada en mayor medida por pacientes que no se encuentran vacunados, así como la desaceleración en la afluencia de personas a los vacunatorios para recibir su primera dosis.
“A estos factores se le suman la importancia de promover que los centros de trabajo públicos y privados sean lugares más seguros y la necesidad de disminuir las posibilidades de interrupción de servicios y labores en centros de trabajo a raíz de posibles contagios”, indicó el Gobierno.
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En el país hay alrededor de 320.000 trabajadores estatales. Hasta ahora, la protección contra la covid-19 era exigida solo para el personal sanitario que atiende pacientes en instituciones como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Seguros (INS).
La decisión de la CNVE trasciende un día después de que la Universidad de Costa Rica (UCR) ordenara la vacunación para todos los funcionarios de su institución y que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) anunciara que seguirá el mismo camino.
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Anteriormente, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) emitió un criterio en el que señaló que la única posibilidad de exigir las dosis a todos los trabajadores del país es si la Comisión decide establecer la obligatoriedad de inoculación para toda la población nacional.
Dicha oficina rescató que hay normativa suficiente para dictar esta medida, como el artículo 66 de la Constitución Política que dispone que “todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del trabajo”. También están los numerales 195 y 197 del Código de Trabajo, que señalan como riesgos del trabajo las enfermedades que ocurran a los funcionarios por consecuencia de la labor que desempeñen.
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Además, desde octubre del año anterior la Sala Constitucional respaldó la decisión de la CNVE de establecer la inoculación contra el coronavirus como una obligación para el personal de salud. “La disposición tomada es idónea”, indicaron los magistrados. De hecho, la CCSS ya abrió procedimientos administrativos a 35 trabajadores que rechazaron las dosis.
Hasta la fecha, la Sala ha emitido al menos 13 fallos donde ratifica la constitucionalidad de la vacuna obligatoria para la población que así lo determine la Comisión.
