Salud

UCR exige vacuna contra covid-19 a sus 9.720 funcionarios

A partir del 11 de octubre, docentes y administrativos deberán demostrar estar protegidos contra enfermedad pandémica

La Universidad de Costa Rica (UCR) acordó que la vacunación contra covid-19 será obligatoria para los 9.720 funcionarios de la institución.

Así consta en la Resolución de Rectoría R-240-2021, de la cual La Nación tiene copia. El documento está fechado al 27 de setiembre de 2021 y lleva el aval del rector Gustavo Gutiérrez Espeleta. Quienes no se apeguen a la medida, deberán someterse a un “proceso de acompañamiento y sensibilización”.

“A partir del lunes 11 de octubre requerir de manera obligatoria la vacunación contra covid-19 de todas las personas funcionarias docentes y administrativas de la Universidad de Costa Rica. Para tal efecto, se habilitará un apartado en Portal UCR donde se deberá realizar la verificación.

“Esta se podrá hacer mediante una fotografía por ambos lados del carné de vacunación (nacional o extranjero) o con la certificación elaborada por el Ministerio de Salud para tal efecto. De incumplirse la disposición, se tomarán las medidas que a derecho correspondan según comunique oportunamente esta Rectoría”, decretó la Universidad.

Aquellos funcionarios que solo cuenten con una dosis, podrán verificarla únicamente cuando no hayan transcurrido más de 12 semanas desde su aplicación. Además, se solicitó a todas las jefaturas otorgar permiso a los trabajadores para asistir a vacunarse contra el virus, sea la primera o la segunda dosis.

“Si existiera alguna contraindicación médica o aún no se tuviera acceso a la vacuna por otros motivos de fuerza mayor comprobable, la persona funcionaria deberá aportar documentación idónea y avalada por la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) o la institución competente que compruebe esta situación”, añade la resolución.

Las autoridades de la UCR indicaron que también hicieron llamado a la población estudiantil a completar su esquema de vacunación de manera eficaz, ya que será un requisito esencial para reanudar las actividades presenciales a partir del otro año.

“Reafirmar a la comunidad universitaria que estas medidas buscan salvaguardar la vida e integridad física de todas las personas y son complementarias a los protocolos sanitarios que se deben seguir en toda actividad y espacio universitario como el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico. A través del fomento de la corresponsabilidad y el cuido conjunto se espera lograr resultados exitosos desde la prevención”, explica el documento.

De acuerdo con el texto, este proceso comenzó desde el pasado 13 de agosto, cuando el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, Dr. Lochi Yu Lo, envió un oficio a la Rectoría con una serie de consultas sobre la vacunación obligatoria al personal universitario.

Siete días después, la Rectoría solicitó criterio a la Oficina Jurídica de la institución, la cual respondió que sí es posible establecer tal obligatoriedad. Un mes después, la Oficina de Bienestar y Salud también emitió un criterio en el que dijo estar a favor de aplicar la medida a toda la comunidad universitaria.

“Nuestra posición es totalmente favorable hacia una postura de incentivar de manera obligatoria la vacunación a todas las personas que forman parte de la comunidad universitaria (como un complemento a las medidas incluidas en el protocolo de presencialidad y como una vía que permita el retorno a la presencialidad de manera segura)”, respondió la oficina.

Motivaciones

Para la aprobación de la obligatoriedad de la vacunación, las autoridades universitarias consideraron que la pandemia ha generado un fuerte impacto en todas las áreas sustantivas de la UCR, lo que requirió migrar hacia la virtualidad muchas de las principales actividades que desarrolla la institución.

También que, a la fecha, las hospitalizaciones y fallecimientos por covid-19 siguen siendo uno de los principales problemas de salud en el país y “continúan afectando el desarrollo de actividades sustantivas de la Universidad”. Además, que solo un 13,3% de las personas hospitalizadas cuentan con esquema completo.

Asimismo, agregan que existe sobrada evidencia científica de que las vacunas aplicadas en el país disminuyen el riesgo de requerir internamiento o fallecer en caso de contraer el virus, y que mediante decreto 42889-S, el Poder Ejecutivo modificó el esquema básico universal de vacunas de Costa Rica para incluir la vacunación contra covid-19, acción que fue ratificada por la Sala Constitucional.

“Si bien el artículo 46 del Código Civil prohíbe la obligatoriedad de cualquier examen o tratamiento médico, exceptúa expresamente ‘los casos de vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral y de los casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia’.

“Con fundamento en las resoluciones 14053-2021 y 12511-2021 de la Sala Constitucional, la Oficina Jurídica concluyó en su criterio OJ-769-2021 que ‘la vacuna contra la covid-19 sí es obligatoria y puede ser exigida por los patronos; excepto, que la persona presente una contraindicación médica de que cuenta con antecedentes de una reacción alérgica a cualquiera de los componentes de las vacunas que suministra la Caja Costarricense del Seguro Social’”, señala el considerando de la resolución.

La Universidad detalló que, si bien existen funcionarios y funcionarias ejecutando labores de manera remota, el inciso e) del adendum de contrato para trabajo remoto indica que el trabajador puede tener que apersonarse a las instalaciones universitarias si se requiriera.

Y por último, resaltó que esta directriz se toma como una medida de protección de la vida y la salud, y como una disposición de seguridad ocupacional en el marco de la prestación de servicios públicos que realiza la institución.

“Entre otras razones, median la interacción directa con comunidades en proyectos de investigación y acción social, la necesaria presencialidad para cursos prácticos en la gran mayoría de carreras de la institución y la necesidad de proteger a las comunidades docente, administrativa y principalmente estudiantil de los efectos adversos de la pandemia.

“De igual forma, resalta que en los procesos universitarios vinculados al sector salud e incluso ciencias sociales (como psicología o trabajo social) se prestan servicios clínicos o sociales y es vital evitar el contagio de covid-19 a quienes los reciben”, concluye el texto.

Cerca de las 4 p. m. de este lunes, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu) publicó en su página de Facebook que la resolución de Rectoría los tomó por sorpresa y que van apoyar a todos los trabajadores que “crean violentados sus derechos” por esta norma. Además, solicitaron una reunión con Gutiérrez Espeleta para que se pueda llegar a un “acuerdo” con aquellos que no se quieran vacunar.

“Uno esperaría como organización que este tipo de resoluciones vayan en fiel apego al respeto de los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, a los diferentes miembros de la junta directiva central han llegado múltiples preocupaciones de diferentes miembros de esta comunidad universitaria, preocupados en positivo y en negativo por esa resolución”, manifestó el secretario general del sindicato, Harold Chavarría.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Escribe sobre vivienda y trabajo.