Por acuerdo unánime, los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) ratificaron la obligatoriedad de la inoculación contra la covid-19 mientras analizan, a la luz de información reciente, los límites actuales y la efectividad de esa medida.
Los integrantes de la Comisión comunicaron su decisión a la ministra de Salud, Joselyn Chacón, mediante una carta emitida el martes 10 de mayo, en respuesta a una solicitud planteada por la jerarca.
En su misiva, indican que en su próxima sesión, que sería el 26 de mayo, revisarán los “límites actuales de la obligatoriedad de la vacunación contra covid-19 según el contexto científico y epidemiológico”. “Mientras tanto, se mantienen los términos actuales de la obligatoriedad acordados previamente por esta Comisión”, señala la nota.
Aunque la próxima reunión de la CNVE sería en dos semanas, podría convocarse a una sesión extraordinaria para estudiar este tema.
En este momento, la inoculación contra covid-19 es obligatoria para niños y adolescentes entre 5 y 17 años; trabajadores de salud y funcionarios públicos. Las empresas privadas pueden, de forma extensiva, requerirlo a sus trabajadores. Para los demás grupos poblacionales la inoculación siempre ha sido voluntaria y se mantiene así.
La inoculación se hizo obligatoria en empleados estatales el 28 de setiembre y en menores de edad el 5 de noviembre. En febrero pasado, la tercera dosis también se hizo obligatoria en ambas poblaciones.
Este miércoles 11 de mayo, el presidente Rodrigo Chaves Robles emitió un decreto que, contrario a lo que anunció el domingo, cuando dijo que pondría fin a la obligatoriedad de la vacuna, la mantiene. Su directriz solo “insta” a instituciones públicas y al sector privado “a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el esquema de vacunación”.
Pasadas las 10 p. m. de este miércoles, un comunicado de prensa enviado por el Ministerio de Salud “recordó a la población que la vacunación en menores de edad sigue siendo obligatoria, ya que esto no fue modificado por el decreto ejecutivo”.
La infectóloga pediatra y exministra de Salud, María Luisa Ávila, recordó que “la Ley Nacional de Vacunación establece la potestad de la CNVE para evitar que este tema se politice. La ley, precisamente, nace para eso, porque las personas que forman parte de la Comisión son personas técnicas, no políticas. Por supuesto, la Comisión es presidida por el ministro o ministra de turno”.
Para ella, el anuncio dado por el presidente Rodrigo Chaves el 8 de mayo “metió un ruido innecesario en esto, porque creó confusión en la gente. Cuando usted introduce una medida de salud pública esta tiene que ser sostenida en el tiempo, precisamente, porque a la gente le cuesta mucho acostumbrarse a esto y siempre hay una resistencia al cambio. Si ahora por desgracia, esperemos que no, se viene un aumento de casos por una subvariante, y usted le dice a la gente que vuelva a utilizar mascarilla o a vacunarse, la mayor parte de la gente es posible que no atienda al llamado”.
Anteriormente, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el de Farmacéuticos, el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos y los sindicatos Unión Médica Nacional y Undeca se habían pronunciado en contra de levantar la obligatoriedad.
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Ahora, la Comisión Nacional de Vacunación hará un estudio a solicitud de la ministra de Salud, el cual emana del decreto presidencial publicado la mañana de este miércoles. En él, se le pide a la CNVE que realice “estudios técnicos que demuestren el efecto de la obligatoriedad de la vacunación sobre el porcentaje de la población que efectivamente vacunada, incluyendo un análisis de la evidencia internacional”.
Chacón hizo la solicitud expresa a la Comisión y ellos respondieron que estudiarán el tema a la luz de la información y evidencia científica más reciente, tanto nacional como internacional, y con base en ello definirán si deben darse cambios en los grupos donde la vacuna es obligatoria.
¿Qué se analizará? Ávila, quien presidió la CNVE cuando fue ministra, tiene claras las diferentes variables en estudio: “número de casos, número de hospitalizados, crecimiento de casos, información internacional, actuar de otros países... La comisión se basa en toda la información disponible para tomar decisiones, es lo que han venido haciendo a lo largo de estos dos años de pandemia.
“Tienen que analizar todo eso, con ayuda del director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, que forma parte de la comisión. Él debe preguntar cómo está la situación. Se debe ver lo que reporta el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) con respecto a los aislamientos de variantes”, explicó Ávila.
También se ven los casos de otros países, por ejemplo, el comportamiento de las olas en Europa. “Es un trabajo como jugar ajedrez, ir moviendo piezas para dar la mejor jugada y mantener a salvo la salud de las personas. Esta es una decisión de salud pública, no una decisión política”, puntualizó.
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¿Qué es la CNVE y por qué su criterio es clave en la obligatoriedad?
La CNVE es un grupo técnico formado por ocho especialistas en Inmunología, Infectología y Pediatría. También hay salubristas, epidemiólogos y economistas de salud. Desde 2001, ellos deciden cuál vacuna se aplica, a quién y cuándo.
La Comisión está encargada de revisar y actualizar el esquema básico oficial y los esquemas especiales de inmunizaciones, tomando como base la realidad epidemiológica y la información científico-técnica. Por ley también está obligada, junto con la Caja y el Ministerio de Salud, a identificar los grupos de población que deban ser vacunados; decidir si la vacunación es obligatoria o facultativa y disponer de las condiciones en que se deben poner las dosis, por lo que es el único órgano encargado de tomar decisiones sobre la obligatoriedad de una u otra vacuna y en qué circunstancias se da.
Este órgano lo encabeza la actual ministra Chacón, en sustitución de Daniel Salas Peraza, anterior jerarca de Salud. Está adscrita al Ministerio de Salud, pero es un órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental, lo cual quiere decir que tiene independencia para la toma de sus decisiones técnicas.
Según Ávila, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) impulsan que todos los países tengan este órgano técnico y que sea creado por ley. “Esto no es un producto de la ocurrencia de nadie, sino que se ha visto que es un órgano que ayuda a los ministros a respaldar sus decisiones en torno a la vacunación”, detalló.
Ninguno de quienes la integran recibe comisión o dieta. Su trabajo, por la Ley de Vacunación de 2001, es ad honórem.
En temas de vacunación contra covid-19 han tenido que definir cuáles productos iban a utilizarse, estratificar los grupos de priorización, definir la distancia con la que se aplicarían las dosis según disponibilidad y momento epidemiológico, incluirla en el esquema básico de vacunación y determinar en qué casos sería obligatoria.
Hasta hace un año, la Comisión estaba integrada por las siguientes personas, además del entonces ministro de Salud:
- Roberto Arroba Tijerino, secretario y coordinador de la comisión, y la cara más visible de este grupo.
- Sandra Delgado Jiménez, jefa a. i. de la Unidad de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud.
- Óscar Porras Madrigal, especialista en Inmunología y representante de la Asociación Costarricense de Pediatría.
- Dora Matus Obregón, pediatra con especialidad en Inmunología Clínica.
- Hugo Marín Piva, médico jefe del Área de Farmacoeconomía, de la Dirección de Farmacoepidemiología, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
- Leandra Abarca Gómez, médica coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones, de la subárea de Vigilancia Epidemiológica, de la Caja.
- Juan Villalobos Vindas, infectólogo del Hospital México.
En estas personas recae la responsabilidad de determinar lo que sucederá con la vacunación contra covid-19, pero no es su único trabajo, llevan años de hacer lo mismo con todas las otras vacunas del esquema nacional.
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