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Muchas personas siguen utilizando su mascarilla incluso al aire libre, la medida nunca ha sido obligatoria en espacios abiertos, pero algunas personas los prefieren en sitios con alta circulación de gente. (Rafael Pacheco Granados)
“Los decretos ejecutivos firmados por el presidente Rodrigo Chaves evidencian desconocimiento sobre los informes epidemiológicos que emanan del Ministerio de Salud y de profesionales de Epidemiología que le llevan el pulso a la pandemia”.
Así de contundente fue el pronunciamiento del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos sobre los decretos que eliminarían la obligatoriedad de la mascarilla en sitios cerrados y de la vacunación contra la covid-19.
A través de un comunicado de prensa, Pilar Salas, presidenta de la Junta Directiva de esa organización, dijo que no estamos en una situación de endemia y más bien estamos ingresando en una quinta ola. Las consecuencias de esta ola podrían mitigarse con estas medidas.
“Nuestro conocimiento científico no nos permite aceptar que se prefiera la curación antes que la prevención. El conocimiento de la historia natural de las enfermedades infecciosas nos hace saber que hay medidas fáciles de adoptar por la población, como las vacunas y las mascarillas”, señaló Salas.
El gremio hace un llamado a la población para seguir utilizando cubrebocas en sitios cerrados y para completar el esquema de vacunación para así proteger a los más vulnerables.
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Salas recordó que el uso correcto de mascarillas proporciona una barrera de protección para interactuar con otras personas en actividades laborales y comerciales con un menor riesgo de infectarse.
La vacunación, por su parte, ha evitado hospitalizaciones y muertes entre los que se enfermaron.
“No es el momento de tomar estas decisiones, debemos esperar a que se dé una transición (a endemia) y haya menos circulación viral”, concluyó la jerarca.
Este rechazo se une al dado por el Colegio de Médicos y Cirujanos, el de Farmacéuticos y los sindicatos Unión Médica Nacional y Undeca.
La mañana de este martes no se habían publicado los decretos ejecutivos y la población costarricense desconoce el texto de estos y la evidencia científica en la que se basaron para tomar la decisión.
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