Esteban Oviedo. 2 octubre
El presidente Carlos Alvarado junto a los diputados Eduardo Cruickshank, Luis Fernando Chacón y Enrique Sánchez. Foto: Roberto Carlos Sánchez / Presidencia para LN
El presidente Carlos Alvarado junto a los diputados Eduardo Cruickshank, Luis Fernando Chacón y Enrique Sánchez. Foto: Roberto Carlos Sánchez / Presidencia para LN

No existe una voluntad por solucionar en definitiva los problemas que nos condujeron a esta dolorosa crisis económica, ni en el Gobierno ni en la Asamblea Legislativa.

A veces, más bien, afloran intentos por empeorar las cosas. No es broma, son intentos en serio. Repasemos la semana.

Uno de los principales disparadores del gasto público es el sistema de pluses salariales del Estado, el cual provoca que los sueldos crezcan muy por encima de la inflación cada año.

Aun con los efectos de la reforma fiscal del 2018, el gasto en salarios del Gobierno Central aumentó en más de ¢23.000 millones solo en el primer semestre del 2020, según la Contraloría General, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El gasto semestral pasó de ¢1.033.621 millones a ¢1.056.888 millones. Se trata de un crecimiento casi tres veces mayor a la inflación. Si solo hubiese crecido por costo de vida, el aumento en remuneraciones habría sido de ¢6.300 millones.

Este problema ha sido advertido por numerosas instituciones y se vio reflejado en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual concluyó: los salarios públicos consumen el 50% de los ingresos totales del Gobierno en Costa Rica, la mayor proporción entre los países de la OCDE, en donde el promedio ronda el 25%.

Incluir a los 325.000 funcionarios actuales en la reforma al empleo público detendría de inmediato los crecimientos por encima de la inflación, pues el proyecto establecería salarios globales sin necesidad de pluses.

El efecto se lograría sin necesidad recortar un solo cinco a ningún funcionario, porque los sueldos actuales tienen que ser respetados.

No obstante, el Gobierno insiste en que la reforma se aplique solo a los futuros funcionarios. En consecuencia, el efecto sobre el gasto público es menor.

Dentro de la propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI), la reforma al empleo público ahorraría ¢182.500 millones en los próximos cuatro años. Del lado de nuevos impuestos, en cambio, el Gobierno pretende obtener ¢5.430.000 millones de los contribuyentes en el mismo plazo.

Cuando la posibilidad de incluir a los funcionarios actuales en la reforma fue planteada sobre la mesa, a la luz de una explicación del abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, la rechazaron el presidente Carlos Alvarado y diputados del PLN, el PAC, Restauración y el bloque fabricista Nueva República.

Aunque la explicación del abogado nunca sugirió reducir salario alguno, el jefe del PLN, Luis Fernando Chacón, argumentó: “Estar de acuerdo sí, sería lo ideal en esta coyuntura. Lo que no sería jurídicamente viable es modificar las condiciones que ya tienen los empleados públicos ni reducirles su salario”.

Por su parte, el presidente de Restauración, Carlos Avendaño, dijo: “Eso es lo que en derecho se llama ius variandi abusivo y generaría eventual responsabilidad del Estado por lo que enfrentaríamos demandas que al final tendríamos que pagar todos y nos saldría más caro”.

En sintonía con Avendaño se pronunció el presidente Alvarado el martes: “Como exministro de Trabajo, creo que eso abriría un frente legal sobre los temas de derechos adquiridos, que yo sé que eso está en el ámbito de la discusión, pero no terminaría de resolverse con el proyecto de ley”.

“Eso probablemente se terminaría resolviendo en un litigio. Yo creo que con que un litigio en esa materia fuera favorable, podría convertirse en 350.000 litigios favorables”, dijo.

El presidente también pidió recordar lo que hizo su administración con el empleo público en la reforma fiscal: “Yo lo pondría en dimensión, y creo que es justo. Nosotros hemos nominalizado todos los pluses y no hemos creado uno solo, nosotros no negociamos convenciones colectivas al alza, no creamos ese aparataje, pero hoy tenemos que resolverlo”.

En eso tiene razón Alvarado, es cierto, y le costó un fuerte enfrentamiento con los sindicatos durante la huelga del 2018.

Sin embargo, la magnitud de la crisis actual y los nuevos impuestos que el Gobierno quiere aprobar hacen necesario ofrecer a los contribuyentes una garantía real de que el gasto será controlado.

Además, el argumento de eventuales demandas judiciales no fue aplicado ni por el Gobierno ni por los diputados en el proyecto para eliminar las anualidades de los años 2021 y 2022, que fue aprobado este jueves en primer debate.

La lógica sería exactamente la misma.

Ante la crisis fiscal, el Gobierno propuso evitar que se sumen a los sueldos de los funcionarios los incentivos por antigüedad de los próximos dos años, los cuales son una expectativa de pago, no un derecho adquirido.

Incluso, la Corte Plena estuvo de acuerdo con el proyecto y el Gobierno pretende extender esa medida por dos años más, para el 2023 y 2024, mediante otro proyecto de ley. Así consta en la propuesta que se le presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es importante este dato proveniente de la misma Presidencia: en los próximos cuatro años, la eliminación de anualidades generaría más ahorro que la propia reforma al empleo público, tal como está planteada hoy, ¢219.000 millones frente a ¢182.500 millones.

¿Por qué no aplicar un freno permanente de una vez? Solo el diputado del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, se pronunció a favor de hacerlo, mientras que la independiente Zoila Rosa Volio se inclina por hacerlo también.

Sin embargo, en el debate legislativo sobre anualidades, la subjefa de fracción del PUSC, Shirley Díaz, sacó argumentos que llaman al público a la confusión, al decir que “disminuir los ingresos de los funcionarios públicos que, en este momento, son parte del pobre motor económico que mantiene el consumo y nuestra decadente economía atenta contra uno de los principios más sagrados del socialcristianismo”.

Shirley Díaz fue una de las que votó en contra de la medida de ahorro, junto a diputados como José María Villalta, Franggi Nicolás, Wálter Muñoz y Dragos Dolanescu.

Al respecto, dos observaciones. El proyecto no reduce los salarios del sector público, sino que los contiene; y segundo, léase con sarcasmo, la subjefa del PUSC ya nos dio la solución a la crisis económica: aumentemos desproporcionadamente los sueldos públicos para que aumente el consumo.

Y, ¿después?, cuando no haya dinero para pagar, entonces habría que subir impuestos.

Subir impuestos, por cierto, es la medida que el presidente insiste en que es inevitable. El punto es en qué medida y a cambio de qué.

El martes en conferencia de prensa, Alvarado primero calificó de irresponsables a quienes se oponen a más impuestos.

Lo dijo un día después de que la bancada de Restauración le comunicó que no contara con sus votos para aumentar tributos y que la solución debe venir por recorte al gasto, aunque Restauración a la vez se opone a una reforma al empleo público más profunda, ¿entonces?.

Pero volvamos al presidente. Ese martes, cuando se le plantearon otras opciones para atenuar los impuestos, como vender otros activos del Estado, el presidente argumentó que eso tomaría mucho tiempo, a pesar de que no se cerraba a escuchar propuestas.

“Imaginemos que vamos a vender cualquier activo grande del Estado costarricense, ustedes pónganle el nombre. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Incluso, yo me cuestiono si avanzar en uno de esos procesos por la legalidad y los procesos que involucran, siquiera se vería en mi administración por todo lo que conlleva”.

“Entonces, ahí hay una discusión de la viabilidad de hacer las cosas, sin que signifique que yo me cierre absolutamente a esas opciones. Pero necesito una solución que me resuelva y les resuelva a los costarricenses”, dijo ese día.

Ese argumento se asemeja al que usó Luis Guillermo Solís cuando, en su gobierno, rechazó impulsar una reforma al empleo público, alegando que el efecto se vería muchos años después y que él debía gobernar en cuatro años.

El pasado miércoles, en Puntarenas, Carlos Alvarado cambió el discurso sobre la venta de activos, en un acto frente a diputados puntarenenses como Gustavo Viales, Franggi Nicolás, Melvin Núñez y Carmen Chan.

Ahí, sí, cerró la puerta del todo y dejó los impuestos como la opción:

“Yo tampoco quiero vender al patrimonio institucional de Costa Rica, por eso no hemos puesto sobre la mesa ni al ICE, ni a los bancos, yo no voy a vender ese patrimonio, pero si no vamos a vender ese patrimonio y no vamos subir impuestos, ¿qué vamos hacer?, ¿vamos a despedir gente del sector público?, ¿vamos a hacerlo? ¿vamos a tener los votos para despedir esa gente?, ¿de dónde? Ese es nuestro dilema, ustedes lo conocen”, les dijo Alvarado a los diputados presentes.

Esta semana, también trascendió un informe de la Contraloría General que expone con claridad cuál es otro de los problemas estructurales del país que disparan el gasto público y que nos tienen en esta crisis. Se trata de los destinos específicos.

¿Qué son los destinos específicos? La Constitución Política y las leyes ordenan al Gobierno entregar determinadas cantidades de recursos a numerosas instituciones aunque no exista el dinero y aunque el país esté en crisis.

Para el próximo año, 150 destinos específicos devorarán ¢9 de cada ¢10 que los ciudadanos paguen en impuestos, una situación que la Contraloría urge a los diputados resolver mediante una reforma estructural.

El próximo año, la recaudación de impuestos está proyectada en ¢4,56 billones, mientras que los destinos específicos demandarán ¢4,25 billones. ¿Garantiza esta obligación eficiencia, riqueza, empleo, reducción de pobreza? No lo sabemos y no pareciera ser el caso, por el camino que llevamos.

El Gobierno debe cumplir con estos destinos, pero a la vez tiene que pagar el resto de gastos del Estado, como la operación de los ministerios, los aportes a la CCSS y el pago de la deuda pública. Como resultado, el déficit fiscal crece, el país tiene que endeudarse y la deuda de Costa Rica aumenta.

La Contraloría urgió a los diputados revisar hasta los destinos fijados por Constitución, “de manera tal que respondan a principios fundamentales de gasto público”.

Dentro de los destinos constitucionales, están el 8% del PIB para la educación, el 6% de los ingresos ordinarios para el Poder Judicial y el 0,19% del PIB para la deuda política.

Girar los destinos específicos a instituciones autónomas, con alto grado de discreción, a su vez ha dado espacio para fuertes e incontrolables gastos salariales en estas entidades.

Sin embargo, este tema ni siquiera es mencionado en la propuesta al FMI y, en la Asamblea, nadie se inmuta, ni se alarma, ni se pronuncia, ni propone una salida. Puede que no sea un tema atractivo, pero sí es atractivo proponer reducir el marchamo, aunque eso desate una crisis peor.

La Comisión de Asuntos Económicos está discutiendo en serio un proyecto del diputado Dolanescu para reducir en un 50% el impuesto sobre la propiedad de vehículos, que constituye el principal componente del marchamo. Recibe el apoyo de diputados como Roberto Thompson, Pablo Heriberto Abarca y Franggi Nicolás.

¿Quién se opondría a que le rebajen el marchamo? Todos estaríamos felices con ello. El problema es que el proyecto no propone una salida al hueco que se le abriría a las finanzas públicas, en momentos de crisis fiscal.

La medida les ahorraría a los propietarios unos ¢85.000 millones entre todos, pero se los quitaría al Gobierno y, a la larga, esto nos provocará problemas a todos.

¿Por qué? La respuesta es que, para tapar el hueco en el financiamiento de carreteras y otros rubros, el Gobierno tendrá que emitir más deuda, explicaron economistas. Y, además de pagar la deuda, tendremos que pagar los intereses.

Junto a la reducción del marchamo, se podría recortar el gasto público en la misma cantidad, en alguno de los rígidos componentes del Presupuesto Nacional. Otra opción es encontrar una fuente alterna de recursos, una labor nada fácil.

Pero los diputados no proponen ni una ni otra medida. En lugar de ello, la misma Comisión de Asuntos Económicos se aseguró de que los partidos políticos cuenten con ¢35.000 millones para financiar las campañas electorales de los años 2022 y 2024, en vez de meterle tijera en serio a la deuda política.

Pudieron ahorrarle ¢14.000 millones a los contribuyentes, o más, recortando con fuerza el rubro electoral. Ahí ya habrían tenido un primer paso para bajar el marchamo.

No parece haber un deseo real, ni en Zapote ni en Cuesta de Moras, por contener y ordenar el gasto público.

El propio presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, en un artículo publicado esta semana, expone la relación que ha existido entre el desequilibrio en las finanzas públicas y el crecimiento económico, el cual es el que lleva el empleo a la mayoría de costarricenses.

“La incertidumbre y desconfianza que el problema fiscal suscitó afectaron el crecimiento económico, que se desaceleró marcadamente desde el 2015”, escribió.

Muchas veces escuchamos hablar de reformas estructurales para contener el gasto, pero nadie las impulsa. La Contraloría ha señalado dos temas con claridad: empleo público y destinos específicos.