Diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y del bloque fabricista Nueva República descartaron la posibilidad de incluir a los actuales funcionarios públicos en la reforma al empleo público, lo que podría generar un mayor ahorro en el gasto estatal.
Los legisladores prefieren apoyar la propuesta inicial del Gobierno, de aplicar el salario global solo a los futuros servidores estatales.
El proyecto pretende que los nuevos empleados públicos reciban un salario competitivo por sí solo, sin necesidad de los 260 pluses que hoy disparan el gasto público conforme pasan los años y que agravan las disparidades salariales, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con la OCDE, en Costa Rica los salarios públicos consumieron el 50% de los ingresos corrientes del Gobierno en el 2018, mientras que el promedio estuvo cerca del 25% entre los países integrantes de la Organización.
Para el 2021, las remuneraciones demandarán ¢2,8 billones en el Presupuesto Nacional, casi un 55% de los ingresos corrientes (impuestos y otros ingresos como el dinero de las multas).
Al respecto, el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle señaló que los empleados actuales sí pueden ser incluidos en la reforma al empleo público y que el argumento del Gobierno, para no hacerlo, es una “aberración jurídica”.
Hernández explicó que, según el voto 5291-2000 de la Sala Constitucional, el derecho adquirido que tienen los servidores actuales consiste en el respeto al salario que devengan actualmente.
“La forma de cálculo de las futuras remuneraciones puede ser modificada libremente por el legislador mediante la eliminación de los pluses y autorizando los aumentos por costo de vida, como en el sector privado, salvo que el patrono, por una liberalidad, decida otorgar aumentos superiores”, dijo el abogado en un artículo publicado en La Nación.
El constitucionalista propone incluir a los empleados actuales en el salario global, en el artículo 30 del proyecto, e incluir medidas transitorias para establecer lo siguiente:
- Aquellos funcionarios que hoy ganen menos del nuevo salario global continuarán con el régimen actual hasta que lo alcancen.
- Aquellos que ganen más del salario global conservarán sus salarios actuales, pero estos ya no crecerían por pluses, sino solo por costo de vida.
Un cambio como ese detendría el crecimiento del gasto público en incentivos como las anualidades, las cuales suben conforme pasan los años y se convierten en el plus de mayor peso para los contribuyentes.
De hecho, el cálculo de las anualidades fue cambiado en el 2018, al pasar de ser un porcentaje del salario base a un monto nominal, lo cual pasó por el filtro de la Sala IV.
Pese a las reformas de ese año en este y otros incentivos, como la dedicación exclusiva y la carrera profesional, el gasto en salarios sigue creciendo por inercia aunque a un ritmo menor.
Solo en el primer semestre de este año, el gasto en remuneraciones aumentó en ¢23.270 millones al subir un 3%, aunque la inflación fue de apenas un 0,61%.
Incluso, los propios diputados están por aprobar un proyecto de ley que eliminaría las anualidades de los próximos dos años para atenuar la crisis fiscal, lo que ahorraría ¢44.000 millones al Gobierno Central y ¢23.000 millones a las instituciones autónomas.
En la propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ejecutivo también propone tomar esa misma medida por cuatro años, para lo cual estimó un ahorro de ¢219.000 millones.
No obstante, los diputados descartan la posibilidad de incluir a los actuales funcionarios en la reforma y detener, de una vez, el crecimiento de los pluses.
Ven difícil modificar esa parte del proyecto los liberacionistas Luis Fernando Chacón, Jorge Fonseca y David Gourzong; así como Víctor Morales Mora, del PAC.
En la misma línea se manifestaron el restauracionista Carlos Avendaño y el fabricista Jonathan Prendas.
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Los argumentos van desde la supuesta inviabilidad política hasta posibles demandas por indemnización en los tribunales o razones de inconexidad.
En la acera contraria, el socialcristiano Pablo Abarca considera que el actual proyecto debe abarcar a todos los funcionarios, no precisamente por razones de ahorro presupuestario, sino para generar eficiencias y equidad.
Abarca afirma que su partido estaría mocionando para hacer los cambios pertinentes al texto, mientras que la congresista independiente Zolia Rosa Volio, también cree posible que la eventual ley aplique a actuales y futuros servidores públicos.
Los liberacionistas Chacón y Gourzong, junto al restauracionista Avendaño, consideran que si la reforma aplicara para todos los servidores públicos, el Gobierno se expondría a demandas contractuales.
Esos legisladores estiman que los funcionarios que se vean perjudicados acudirían a los juzgados a reclamar la parte de salario que dejarían de percibir en el futuro si se les congelan sus ingresos.
Según dicen, alegarían que se les modificaron condiciones contractuales.
“Estamos claros de que todos los funcionarios a futuro tienen que entrar en un salario global. Todavía no estamos claros si pueden entrar todos los funcionarios que estén ahorita ya nombrados, en ese salario global. Creemos que se tendrían que indemnizar como lo han hecho otras instituciones”, aseveró Chacón.
“Estar de acuerdo (en un salario global para todos los funcionarios) sí, sería lo ideal en esta coyuntura (fiscal). Lo que no sería jurídicamente viable es modificar las condiciones que ya tienen los empleados públicos ni reducirles su salario.
"Eso es lo que en derecho se llama ius variandi abusivo y generaría eventual responsabilidad del Estado por lo que enfrentaríamos demandas que al final tendríamos que pagar todos y nos saldría más caro”, añadió Avendaño.
En el caso de Gourzong, cree que la discusión de implementar un salario global para actuales y futuros empleados públicos se debe realizar en un proyecto de ley diferente.
Por su parte, Jorge Fonseca afirmó que legislar con la actual iniciativa para los actuales servidores, sencillamente, habría que dar por “muerto” el proyecto.
“Esa descártala de una vez. No, no, el principio del proyecto de ley de empleo público es de aquí en adelante. Para atrás nada, para atrás nada”, expuso Fonseca.
Morales Mora, quien preside la comisión de Gobierno y Administración, donde se discute el proyecto del Poder Ejecutivo, subyaró:
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“Yo, personalmente, no estoy convencido de la conveniencia de discutir esto. Si otras fracciones quieren plantearlo, lo vamos a ver. En otras palabras, yo no estoy interesado en abrir esa discusión”.
En tanto, Prendas añadió que como la propuesta del Gobierno establece que la ley aplicaría para futuros asalariados públicos, hacer un cambio para incluir a los actuales harían al texto inconexo.
“Cualquier cosa que se saque del actual texto, por lo tanto, no es aplicable”, aseveró.
El PLN, el PRN y el bloque fabricista figuran entre las agrupaciones de oposición que más han llamado al Gobierno a reducir el gasto público, al tiempo que el Poder Ejecutivo se lamenta por la crisis en las finanzas públicas.
Pablo Abarca sí cree indispensable que la propuesta del Gobierno incluya a los actuales funcionarios públicos y futuros, “no por un principio fiscalistas, sino por generar las eficiencias correctas en las diferentes instituciones”.
“Creo que la lógica es trabajar hacia un salario global, en el entendido de que si se gana ¢100, en lugar de incrementar a ¢120 al año siguiente, se suba solo a ¢105, por ejemplo. Eso debería buscar el texto y meter a todos en un ordenamiento”, añadió.
Zoila Rosa Volio, por su parte, agregó: “Leyendo la opinión del constitucionalista Rubén Hernández Valle significa que se puede incluir a todos. Necesito valorarlo un poco más, pero probablemente creo que voy con la posición de don Rubén de que debe aplicar para todos”.