Una lluvia de mociones del diputado José María Villalta, del Frente Amplio, mantiene frenado el avance del proyecto de ley 21.917, que pretende congelar el pago de las anualidades a los empleados públicos correspondientes a los periodos 2021 y 2022.
“Esto es básicamente un monólogo”, dijo este lunes el frenteamplista, después de haber defendido 24 reiteraciones, que son mociones que permiten retomar propuestas de modificación de un proyecto, por el fondo, que anteriormente se hayan desechado en la comisión dictaminadora.
Además de esas 24 mociones de reiteración, que le permitieron al diputado hablar por cinco minutos en cada una de 14 propuestas, presentó siete mociones para revisar varias de las votaciones en que los demás congresistas rechazaron sus postulados.
El proyecto introduce un transitorio en la Ley de Salarios de la Administración Pública, ley 2166, que establece que no se les girará el pago por concepto del monto incremental de las anualidades durante los periodos 2020-2021 y 2021-2022 a las personas servidoras públicas.
La propuesta, generada desde el Poder Ejecutivo, tiene la intención de producir un ahorro en las finanzas del Gobierno Central por ¢44.000 millones y de ¢23.000 millones en las instituciones autónomas.
La iniciativa permite que, si bien el pago no se realizará, sí se haga la evaluación del desempeño para todos los efectos, excepto el pecuniario.
“Se contabilizará para los efectos de referencia del rendimiento de las personas servidoras públicas, determinación de los años de servicio, el cálculo del pago de cesantía y todos los demás extremos laborales que correspondan al momento de la finalización del servicio”, dice el expediente 21.917.
El plenario intenta acelerar la aprobación de la iniciativa, para que eso les permita eliminar la presupuestación de dichos montos en el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Periodo 2021, que actualmente se tramita en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso.
¿Qué pretendían las mociones de Villalta?
Entre las propuestas de José María Villalta para modificar el proyecto hay algunas para reintegrar a los trabajadores, posteriormente, el pago de ese plus por desempeño, o bien para excluir de la medida a los funcionarios públicos de las clases no profesionales.
También intentó, con sus mociones, que se excluyera de la medida a los servidores públicos con salarios menores al monto máximo exento del pago de la renta, o esa, los salarios por debajo de los ¢840.000, a la vez que intentó otras fórmulas con el mismo objetivo.
Asimismo, el legislador trató de que se le aprobaran mociones para excluir a los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por estar en la primera línea de combate a la pandemia de la covid-19. También proponía mantener el pago a empleados del Ministerio de Salud y cuerpos policiales.
No obstante, ya un criterio de la Contraloría General de la República había advertido que tomar esa medida, excluyendo a algunas categorías de funcionarios públicos, podría resultar discriminatoria.
En un intento en el que solo lo acompañó un grupo de cinco legisladores, sin que ninguno usara la palabra para referirse a las mociones, el frenteamplista atacó la propuesta que tildó de chambona y apresurada, sin fundamento técnico, así como a la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Entre sus intervenciones del jueves anterior, el frenteamplista dijo que le daba asco que los diputados “decidan afectar los salarios del personal que está arriesgando su vida para atender la crisis sanitaria, pero que no se toquen las remuneraciones de las y los diputados”.
Atacó también al PAC al decir que es un partido que no reconoce el derecho al salario como un derecho humano y que es una agrupación política “sin ideología”.
Al final, el bloqueo generado por Villalta a ese plan generó que los jefes de las fracciones tomaran la decisión de postergar el trámite del plan y, de esa forma, pudieron avanzar en la tramitación de otras iniciativas de ley.
