Josué Bravo. 30 septiembre
Carlos Alvarado, presidente de la República, este mediodía durante la conferencia de prensa sobre la covid-19, en Casa Presidencial. Foto: Roberto Carlos Sánchez / Presidencia para LN
Carlos Alvarado, presidente de la República, este mediodía durante la conferencia de prensa sobre la covid-19, en Casa Presidencial. Foto: Roberto Carlos Sánchez / Presidencia para LN

El presidente Carlos Alvarado argumentó que vender un activo “grande” del Estado, adicional a lo incluido en la propuesta de ajuste fiscal que su gobierno le presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI), llevaría mucho tiempo, incluso más allá de los 19 meses que le restan a su gobierno.

La demora, alega, evitaría obtener recursos inmediatos para darle un “golpe” (amortización) a corto plazo a la trayectoria creciente de la deuda pública que, este año, alcanzará el 70% del producto interno bruto (PIB) y, en 2021, el 80%.

Esa una de las razones, explicó Alvarado, por las cuales su administración no pone en discusión la venta de otros activos adicionales al Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y las propiedades públicas que están ociosas.

No obstante, el presidente afirmó que no está cerrado a escuchar propuestas.

De hecho, sin dar detalles, aseveró que hay “otras opciones” que el equipo económico está valorando, e invitó a los diputados a presentar su propias sugerencias.

“Imaginemos que vamos a vender cualquier activo grande del Estado costarricense, ustedes pónganle el nombre. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? Incluso, yo me cuestiono si avanzar en uno de esos procesos por la legalidad y los procesos que involucran, siquiera se vería en mi administración por todo lo que conlleva”.

“Entonces, ahí hay una discusión de la viabilidad de hacer las cosas, sin que signifique que yo me cierre absolutamente a esas opciones. Pero necesito una solución que me resuelva y le resuelva a los costarricenses”, dijo Alvarado.

Como muestra de lo que dura vender o cerrar una institución, el mandatario puso el ejemplo de la clausura del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), que se concretó 17 meses después de que Zapote presentó el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.

Las funciones de Fonabe fueron asumidas casi totalmente por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) desde mediados del año pasado. Según el mandatario, ese ajuste le ahorra ¢1.500 millones al año a los contribuyentes.

“Lo hicimos, incluso, por eficiencia, porque hoy se entregan mejor las becas, pero algo que era diminutamente menor tomó mucho tiempo y esfuerzo”, subrayó.

Añadió que si parte de la respuesta a la situación económica depende de la venta de otros activos, cuyas gestiones sobrepasen los 19 meses que le quedan a su mandato, “nos vamos a ver sumidos en una crisis por evadir el problema de frente”.

En cambio, aseveró, con su plan de ajuste económico actual, que se acentúa sobre nuevos impuestos, se cambiaría más rápido la trayectoria ascendente de la deuda.

Afirmó que, con su propuesta, la deuda se situaría en cerca del 76% del PIB al 2024 y no por encima del 80%.

Su plan le generaría al Gobierno ¢6,4 billones en nuevos tributos en cuatro años, al tiempo que el Ejecutivo ahorraría ¢2,3 billones en gastos.

En cuanto a la invitación a los diputados, dijo: “Si alguien de los congresistas considera que hay algún otro activo, que es sujeto a la venta, puede proponerlo; eso está en el derecho de enmienda de los congresistas. Yo también en mi propuesta estoy siendo consecuente, como lo he procurado ser todo este tiempo con lo que yo prometí en campaña”.

“Ahora, hay otras opciones interesantes que también se están valorando y que es parte de lo que el equipo económico, con apoyo de otros consejos, está en proceso de construcción y que nos podría dar otros márgenes. Esas cosas están en construcción”.

Propuesta “tímida”

En el capítulo de activos, el Gobierno propuso al FMI la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), así como de propiedades ociosas del Estado.

Por la transacción de Bicsa, el Gobierno pretende obtener ¢146.000 millones; por Fanal, ¢7.300 millones, y por terrenos o propiedades ociosas, ¢54.756 millones.

Sin embargo, en el caso de Fanal, aún se debe valorar si es más rentable venderla o darla en concesión. “Depende de lo que genere más ingresos”, señaló Alvarado.

Para Jorge Walter Bolaños, exministro de Hacienda, la propuesta del ejecutivo en la parte de activos es muy “tímida”. Él cree que para obtener más ingresos la venta debería incluir al Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

También, considera que se deben cerrar la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), para evitar monopolios, y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), que tiene problemas de sostenibilidad financiera.

“Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien y hacerlo bien para el futuro. De lo contrario, en dos años estaríamos con el mismo problema”, sugirió Bolaños.

Por su parte, el también exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, opina que se debería vender el BCR, el INS y los activos Kölbi, mientras que al ICE se le deben dejar los negocios de telefonía fija y de generación, distribución y transmisión de electricidad.

No obstante, Chaves dice que esa venta debe ser parte de un plan integral de reforma del Estado. “No vale la pena vender activos del Estado ni subir impuestos para seguir gastando en salarios y transferencias, como lo estamos haciendo en transferencias como la del FEES, etcétera”.

“Valdría la pena vender activos del Estado, siempre y cuando sea para cambiar las estructuras del Gobierno y del sector productivo. De otra manera, es seguir endeudándose, ‘tarjetiando’ champagne y caviar para seguir con la fiesta”, expuso.

Recortar implicaría despidos

Al ser consultado sobre el desequilibrio del plan que se le presentaría al FMI, Alvarado indicó que, si se debe recortar más el gasto, hay que ser muy precisos por dónde se haría el ajuste.

“Se habla de la parte de las instituciones o los empleados públicos. Para bajar 1% del PIB del gasto, hipotéticamente, y voy a poner este ejemplo, no lo estamos proponiendo, se requeriría prescindir de 20.000 empleados públicos. Eso es una tercera parte de los educadores del MEP o eso es más que toda la Policía junta”, aseveró.

Luego, afirmó que sí está dispuesto a profundizar el recorte al gasto, siempre que no implique sacrificar sus principios ni el Estado Social de Derecho. Por ejemplo, aseveró que no despediría a 50.000 empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mencionó que su propuesta ya tiene un plan de fusión y eliminación de órganos desconcentrados, así como la eliminación de 200 plazas, según la ministra de Planificación, Pilar Garrido.

Todo ese paquete, incluido la reestructuración del apoyo a los órganos desconcentrados, dejaría un ahorro a los contribuyentes de ¢105.860 millones del 2021 al 2024.

“Un componente tendrá que venir de la parte de impuestos y lo que hemos dicho no afecta a la gente pobre del país”, agregó el mandatario.

Empero, el incremento del 0,25% al 0,75% al impuesto de bienes inmuebles sería regresivo, según aseguró Chaves, quien es un exministro del actual Gobierno.

“Ese es un impuesto que creo es fácil de recoger y por eso se están yendo ahí. Las propiedades no echan patas, se sabe quién es el dueño y ahí está la garantía que es la propiedad en sí misma. Pero ese es un impuesto regresivo. Es delicado porque hay gente que tiene casas, pero no tiene el flujo de efectivo. Imagínese una señora pensionada”, criticó.

El presidente Alvarado también descartó la posibilidad de incluir a los actuales funcionarios públicos en el proyecto de ley de reforma al empleo público. Con esa decisión, la iniciativa solo regularía a los futuros empleados estatales.

Como argumento principal, Alvarado dijo temer que arrecien las demandas laborales de los empleados en contra del Gobierno, si los servidores actuales pasan al esquema de salario global, en el que no existen pluses, aunque respetando sus salarios actuales.

“Eso probablemente se terminaría resolviendo en un litigio. Yo creo que con que un litigio en esa materia fuera favorable, podría convertirse en 350.000 litigios favorables”, alegó.

El proyecto pretende que los nuevos empleados públicos reciban un salario competitivo por sí solo, sin necesidad de los 260 pluses que hoy disparan el gasto público conforme pasan los años y que agravan las disparidades salariales, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).