A los exministros de Hacienda Thelmo Vargas y Jorge Wálter Bolaños no les resulta atractiva la versión inicial de la propuesta que el Gobierno le presentaría al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un financiamiento de $1.750 millones a cambio de implementar un plan de ajuste económico.

Para los exjerarcas, el plan de ajuste se enfoca más en lo fiscal, al contener más cargas tributarias que recorte al gasto público, y obvia lo que consideran prioritario, que es la reactivación económica.

Precisamente, creen que para retomar el dinamismo de la economía, agravado por las cuarentenas decretadas en la pandemia, es necesario promover incentivos fiscales para el sector productivo.

Así lo dijeron, por separado, ante consultas de La Nación.

Vargas, quien se desempeñó como titular de Hacienda entre 1990 y 1991, al inicio del gobierno socialcristiano de Rafael Ángel Calderón Fournier, dijo que “la solución obvia es volver a crecer a alta velocidad y cuanto antes”.

“Pero la propuesta del Gobierno es fiscalista en el mal sentido y no tiene en consideración que la prioridad es la reactivación. Más impuestos a todo, un mínimo recorte de gasto, pues la propuesta hace alarde de la regla fiscal que ya estaba vigente, y un simbólico eventual ingreso por venta de activos no estratégicos”, señaló Vargas.

El extitular de Hacienda considera que el hecho de que el plan contenga medidas temporales como aumento por dos años en las tasas de renta, entre 2,5% y 10% por encima de los porcentajes existentes, se induce a las empresas a posponer algunas inversiones.

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“Por el contrario, debió pensarse en adoptar durante el periodo 2021-2022 medidas como un esquema de depreciación acelerada que incentive la inversión. También, otras como la atracción activa de inversión extranjera directa y la concesión de obra pública nueva y existente”, añadió.

Según Vargas, la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda no recurrir a incrementos de impuestos por ahora.

Mediante depreciación acelerada, continuó el exministro, una empresa puede pagar la depreciación de un bien en uno o dos años, por ejemplo, en vez de los diez años que sería el tiempo vida útil definido por la Dirección General de Tributación.

De ese modo, añadió, al contabilizar ingresos y gastos en poco tiempo, habría un aumento en los gastos de las empresas que les permitiría tributar menos. “Eso es un endulzante para que la gente invierta”, aseveró Vargas.

El único incentivo para reactivar economía, incluido en el paquete del poder Ejecutivo, es la reducción del porte patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que hoy es de un 5%.

Este pasaría a ser financiado con parte de los ¢3,6 billones que se recauden por el impuesto a las transacciones bancarias, también, incluido en el plan. Solo el primer año, según Hacienda, el aporte estatal sería de ¢327.000 millones.

Por otra parte, Vargas cree que los planes de reducción de planilla que propone el Gobierno pueda que tampoco funcionen.

“El presidente prometió no hacer despidos. Entonces, no habrá ahorros en remuneraciones con esas refundiciones, que es lo que ha de buscarse”, consideró.

El Gobierno proyecta que mediante la fusión o cierre de órganos desconcentrados y la reestructuración de servicios de apoyo a esas instituciones, se pretende ahorrar el equivalente al 0,29% del producto interno bruto (PIB), entre el 2021 y el 2024.

En monto nominal, el ahorro equivaldría a ¢105.860 millones. La jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrido, informó de que la propuesta eliminaría 200 puestos de trabajo en esos órganos.

El Gobierno también plantea un programa de retiro voluntario del sector público para 7.000 servidores. Con ello, se pretende ahorrar unos ¢390.000 millones en cuatro años.

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Vargas dice que también le preocupa que el Gobierno no haya presentado una proyección de la dinámica del producto interno bruto (PIB) entre el 2021 y el 2030, del balance fiscal y del endeudamiento para verificar si, en efecto, la propuesta lleva a una rebaja paulatina del endeudamiento. “Lo cual dudo”, añadió.

"En suma: se trata de una mal diseñada propuesta fiscalista. La mejor medida fiscal es que la economía recupere cuanto antes la senda del crecimiento”, finalizó Vargas.

Recomienda vender más activos y cerrar Recope

Por su parte, Bolaños considera que el Gobierno sí debe hacer un ajuste “drástico” en sus finanzas públicas, similar al tamaño del problema.

Pero cree que este debe contener otros elementos: una mayor venta de activos del Estado, el cierre de Japdeva y Recope, impulsar un recorte al gasto en las instituciones del Gobierno Central y hacer cambios en el equipo económico que negociará con el FMI.

Sobre el tema de activos, Bolaños, quien fungió como ministro de Hacienda entre los años 2002 y 2003, al inicio del gobierno del socialcristiano Abel Pacheco, cree que la idea de vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) es tímida.

Para Bolaños, la venta debe incluir la totalidad del Banco de Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

“Si vamos a hacer algo, hay que hacerlo bien y hacerlo bien para el futuro. De lo contrario, en dos años estaríamos con el mismo problema”, agregó.

En cuanto a su idea de aplicar un recorte del 10% en las instituciones, dice que debe ser analizado con seriedad por el Gobierno para encontrar la forma de ejecutarlo, dada la rigidez del Presupuesto Nacional.

En todo caso, añadió, se les debe dar poder de decisión a los jerarcas para que lo ejecuten de acuerdo con la realidad interna de la institución que dirigen.

Sobre el equipo económico, integrado por Garrido; el jerarca de Hacienda, Elian Villegas, y el titular del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Rodrigo Cubero; Bolaños dijo: “Ha perdido credibilidad. Nosotros no vamos a ninguna parte con ese equipo de negociación. Tiene que ser más neutral, políticamente hablando. Sugiero que se mantenga Rodrigo Cubero y sea él con Eduardo Lizano (expresidente del BCCR) quienes conduzcan un equipo de alta credibilidad que pueda negociar con el Fondo para llegar a buen puerto”.

Finalmente, para reactivar la economía, Bolaños propuso permitir a las empresas fiscales recibir beneficios fiscales por los empleos que generen.

“Si usted contrata o invierte ¢2 millones para atraer empleados a su empresa, lo que se permitiría es que si la empresa va a pagar ¢100 millones de renta, se les permita que esos ¢2 millones sean parte del componente de renta”, propuso Bolaños.