Eillyn Jiménez B.. 24 octubre

Una llamada realizada al 9-1-1, alertando sobre el ingreso de varios sujetos armados a un condominio ubicado de Trejos Montealegre, en San Rafael de Escazú, hizo que la Policía descubriera dentro de una vivienda un millonario botín de drogas y dinero.

El caso se registró el pasado 16 de octubre; sin embargo, fue un día después que se contabilizaron en total 1,9 toneladas de cocaína y 470 gramos de marihuana, así como ¢235 millones y $1,5 millones (¢907,8 millones) en efectivo, tras realizar una exhaustiva revisión al inmueble.

Producto de los hechos, dos hombres de nacionalidad colombiana, de apellidos Luna Cadena y Campo Oyaga, así como una costarricense apellidada Vanegas Sandoval, descuentan prisión preventiva.

Por otra parte, en esta edición número 11 de Conversando sobre Sucesos analizamos lo ocurrido luego de que los abogados de un ingeniero en sistemas, de apellidos Miranda Izquierdo, solicitaron una revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que actualmente cumple su cliente, quien figura como uno de los sospechosos del asesinato de María Luisa Cedeño Quesada.

Conversando sobre Sucesos: ¿Por qué un ingeniero seguirá en prisión por caso de María L. Cedeño?

Esta petición fue planteada después de que se obtuvo el resultado de una pericia de saliva y ADN, que excluyó a Miranda y al empresario Harry Bodaan, otro de los imputados del caso, de ser autores de las mordeduras que presentaba el cuerpo de la anestesióloga, el cual fue localizado el 20 de julio anterior en una habitación del Hotel La Mansion Inn, en Manuel Antonio de Quepos, Puntarenas.

Sin embargo, tras conocer los alegatos de la defensa de Miranda, el Juzgado Penal de Quepos, “desconoció la nueva prueba".

Finalmente, explicamos cómo de la omisión en la que incurrieron varios funcionarios, quienes dejaron pasar siete años y no tomaron acciones concretas para ejecutar garantías, impidieron al Poder Judicial cobrar ¢235 millones por diversas fallas constructivas en el edificio de los Tribunales de Limón.

En un oficio conocido por el Consejo Superior en la sesión del pasado 22 de setiembre, se detalla que la Procuraduría General de la República detalló al Poder Judicial que lo mejor era desistir de cualquier reclamo civil contra las empresas encargadas de la obra, debido a que presentar una demanda “no tendría ninguna probabilidad de éxito”.

Por este asunto no se menciona que se abriera ninguna investigación por parte del Tribunal de la Inspección Judicial.

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