Eillyn Jiménez B.. 26 septiembre

Una panga que el capitán Hermes Quijada siempre andaba junto a su velero permitió que 15 personas y la tripulación de la embarcación se salvaran, luego de que el agua se comenzó a meter por la proa.

Los hechos se registraron el pasado miércoles cerca de Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste, y en esta edición de Conversando sobre Sucesos analizamos lo ocurrido.

En entrevista con La Nación, Quijada contó que hasta ahora no sabe bien qué fue lo que pasó, pero que por fortuna todos sobrevivieron.

“No sé bien qué fue lo que pasó. Este velero es de madera y cuando me percaté, es que el agua comenzó a meterse por la proa. Por más que intentamos no salía, no había forma de salvar la situación. Teníamos que abandonar el barco porque más temprano que tarde, se iba a hundir”, afirmó.

Conversando sobre Sucesos: ¿Qué pasará con las familias que perdieron su casa en Desamparados?

También, les explicamos por qué las familias que tienen su casa en la urbanización Valladolid, en San Miguel de Desamparados, San José, han perdido la paz con las lluvias de las últimas semanas.

En el 2017, un deslizamiento destruyó una rotonda, varios postes y la calle ubicada al final de esta zona y ahora, tres años después, 40 núcleos familiares están en vilo, pues han visto como las viviendas por las que aún están pagando se agrietan y destruyen.

Calles, cocheras, cuartos, pasadizos, salas y comedores del lugar muestran efectos similares a los de un terremoto, según los expertos.

Hasta ahora, no se ha tomado una decisión sobre el futuro para estas personas, pero las autoridades analizan la situación.

Finalmente, precisamos la forma en la que operaba una organización que traía desde Panamá diversos licores de contrabando, los cuales colocaba en comercios de Limón y Alajuela.

El líder de la banda y seis de sus cómplices pasarán seis meses en prisión preventiva, mientras que otras 24 personas, entre estas 20 oficiales de la Fuerza Pública, siguen apegadas a la investigación sin medidas cautelares.

De acuerdo con la Policía Judicial, los uniformados recibían entre ¢20.000 y ¢100.000 por informar cuándo y dónde había operativos en carretera, así como para que el carro en que llevaban el licor de contrabando no fuera detenido, ni revisado y así poder pasar los cargamentos sin problema.

Trascendió que los miembros de la organización tenían roles definidos y eso les permitía formar una cadena para contrabandear los productos.

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