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La omisión de varios funcionarios, que dejaron pasar siete años sin tomar acciones concretas para ejecutar garantías, es la razón fundamental que impidió al Poder Judicial cobrar ¢235 millones por fallas constructivas en el edificio de los Tribunales de Limón.
El hecho lo advirtió la Procuraduría General de la República en un oficio conocido por el Consejo Superior en la sesión del pasado 22 de setiembre, en el cual se le sugirió al Poder Judicial desistir de cualquier reclamo civil contra las empresas encargadas de la obra.
“Los departamentos competentes dejaron que transcurriera un lapso de siete años, en los cuales únicamente se enviaron correos y oficios con las empresas contratadas, sin que se materializara nunca el proceso de ejecución de garantía o bien se instaurara un procedimiento interno sancionatorio, o finalmente se llevara a la vía judicial, cuando todavía había tiempo de recabar prueba idónea para demostrar los deterioros e imperfecciones descubiertos”, señaló Maureen Medrano, Procuradora del Área de Derecho Público en el documento.
La procuradora, además, añadió: “Consideramos que acudir a estrados judiciales a presentar una demanda por supuestos daños y perjuicios sufridos a raíz de las contrataciones de ampliación y remodelación (...) no tendría ninguna probabilidad de éxito”.
Los miembros del Consejo Superior acogieron la recomendación e internamente acordaron comunicar lo sucedido al “Departamento de Servicios Generales y al Departamento de Proveeduría, a efecto de que valoren las observaciones plasmadas en el informe y tomen las acciones correctivas pertinentes para la atención de situaciones similares que se puedan presentar a futuro”.
Por este asunto no se menciona que se abriera ninguna investigación por parte del Tribunal de la Inspección Judicial.
Recuento del caso
La ampliación y remodelación del edificio de los Tribunales de Limón se adjudicó el 11 de noviembre del 2008 y la construcción inició el 27 de abril del 2009.
El Poder Judicial recibió la obra “a entera satisfacción el 17 de agosto del 2011”, según un acta firmada por un arquitecto de la Unidad de Arquitectura e Ingeniería del Departamento de Servicios Generales de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial.
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Sin embargo, poco después se comenzaron a detectar fallas constructivas en repello y pintura, grietas, fallas en pisos, filtraciones, imperfecciones en techos e impermeabilización de canoas y defectos en enchapes y repellos de baños.
Personeros judiciales hicieron ver a la empresa constructora los desperfectos en procura de una solución, pero la discusión “manifestada en múltiples correos y oficios por parte de los departamentos ya indicados, y las empresas que participaron en el proceso constructivo y consultivo, duró aproximadamente 6 años, desde el 2011 hasta el 2017, sin que se llegara a ningún acuerdo de reparación”, dijo la Procuraduría.
Debido a la necesidad de solucionar las imperfecciones, el Poder Judicial contrató a una empresa que hiciera una evaluación y convino con otras compañías la solución de los problemas.
Asimismo, en la documentación se señala que Ana Eugenia Romero Jenkins, directora ejecutiva del Poder Judicial, desde el 10 de agosto de 2015, en un oficio dirigido al jefe del Departamento de Proveeduría, lo instruyó para "continuar con el trámite de reclamo respectivo y deberá documentar y respaldar adecuadamente la condición actual del edificio a efecto de contar con la evidencia suficiente y pertinente para respaldar el reclamo”.
Sin embargo, fue hasta el 2018, siete años después de recibida la obra, que se pidió criterio a la Dirección Jurídica sobre una posible demanda y por recomendación de ese órgano fue que en mayo pasado se consultó a la Procuraduría General de la República, que es el ente encargado de llevar los procesos judiciales que el Estado presente contra particulares.
Maureen Medrano, en la respuesta que envió el pasado 11 de setiembre al Poder Judicial, descartó cualquier posibilidad de acudir a estrados judiciales por falta de pruebas y porque el asunto prescribe en el 2021.
"No se cuenta con elementos de prueba que puedan respaldar en forma certera, evidente, constatable, y sin duda alguna que los daños evidenciados en los Tribunales de Limón sean consecuencia directa de la empresa constructora o consultora (...) no es solo enunciar que se han producido daños y perjuicios (...) lo más relevante es poder probarlo, y esa prueba debe ser veraz, útil y pertinente.
“El único elemento de prueba con que cuenta el Poder Judicial es un informe pericial elaborado por una empresa, que se contrató para poder determinar los daños sufridos por el edificio. No obstante, este documento adolece de valor probatorio (...) ya que adolece de firma. No aparece suscrito por ningún profesional responsable, lo cual lo torna en un informe totalmente estéril”.
Ana Eugenia Romero, luego de conocer la posición de la Procuraduría, dijo a los miembros del Consejo Superior: “Es importante girar instrucciones para mejorar estos procedimientos a futuro. El Consejo Superior podría retomar; hacer de conocimiento del Departamento de Proveeduría y del Departamento de Servicios Generales las observaciones que plantea la Procuraduría General de la República en cuanto a debilidades que se observaron en el proceso”.
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Costo de reparaciones
El siguiente es el costo de las reparaciones que se ejecutaron en el edificio de los Tribunales de Limón, según el departamento de Servicios Generales del Poder Judicial
- Problemas de repello y pintura ¢81 millones
- Grietas ¢7,2 millones
- Pisos ¢72,5 millones
- Filtraciones ¢3,5 millones
- Techos e impermeabilización de canoas ¢41,1 millones
- Enchapes de baños y repellos ¢29,7 millones
Fuente: Acta de Consejo Superior Nº 092 - 2020
