Un año del Caso Cochinilla: Apelaciones impiden revisar celulares y computadoras de implicados

Hace un año se destapó el escándalo del Caso Cochinilla que ese 14 de junio del 2021 llevó a la detención de 30 personas, entre ellas, los propietarios de las dos constructoras más grandes del país, H Solís y MECO. A 12 meses de iniciado el proceso judicial, las decenas de computadoras y celulares decomisados a los investigados en los 57 allanamientos no han sido revisados por fiscales del Ministerio Público por impugnaciones de sus defensores.

En estos 365 días sí hay avances. La cantidad de investigados aumentó a 99 y ya a todos se les indagó: se trata de 82 personas físicas y de 17 personas jurídicas. El caso es tan complejo que, solo en este año, ha implicado 600 audiencias judiciales, una cifra inusual.

Igualmente, la Fiscalía logró –pese a objeciones de los defensores– que los jueces declararan el caso como de crimen organizado, lo cual valida las decenas de horas de intervenciones telefónicas que hicieron los fiscales y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para poner al descubierto quién era quién en este escándalo sobre presunta corrupción en contratos de obras viales con dinero del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Glenn Calvo, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, declaró que “desde mi práctica profesional de 15 años, dedicado a la sección de crimen organizado, nunca he tenido un caso con 600 audiencias en un año por solicitudes de toda índole generadas por la defensa. Hemos contestado en promedio tres por día”. Y agregó que algunas audiencias de medidas cautelares han durado toda una semana.

“Mi punto de vista personal es que nuestro sistema no está preparado para este tipo de causas. No tiene una contención, no solo de recurso físico como tal, sino en activos humanos”, dijo Calvo.

A esto se deben sumar los atrasos en las diferentes diligencias pendientes. Por ejemplo, por diversas apelaciones de los interesados, las autoridades judiciales no han podido revisar decenas o cientos de pruebas almacenadas en computadoras y celulares decomisados para este caso y que ayudarían a precisar los delitos que se investigan.

Los empresarios Mélida Solís, dueña de H Solís, y Carlos Cerdas, gerente de MECO, fueron los únicos que descontaron poco más de ocho meses tras barrotes, aunque al inicio la Fiscalía pidió un año de cárcel contra al menos 11 de las 30 personas inicialmente detenidas.

Hay otro hecho inédito en este caso con respecto a las 17 personas jurídicas y es que por primera vez se aplica la Ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas que, entre otras cosas, impone sanciones de tipo penal para las compañías, extranjeras y nacionales, que incurran en sobornos, lo cual es una novedad en la legislación costarricense.

Entre los delitos que motivaron la acción policial de este caso están dádivas constantes a empleados públicos que, según afirmó el director del OIJ, Wálter Espinoza, el día del operativo, eran pagadas con dinero, vehículos, terrenos, viajes y hasta favores sexuales por parte de los empresarios presuntamente favorecidos con las contrataciones.

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Celulares y computadoras sellados

En octubre del año pasado, cuando la Fiscalía se disponía a abrir las computadoras y celulares decomisados, varios defensores objetaron que se hiciera sin la presencia de un juez. Al prosperar ese recurso, la Fiscalía tramitó la gestión y la diligencia se agendó para semanas siguientes, pero desde entonces han surgido objeciones de la defensa y otra vez se va a retrasar ese análisis que es fundamental para el proceso.

“El Ministerio Público es respetuoso de las resoluciones judiciales y de los derechos fundamentales de las personas investigadas, pero dejamos claro que muchas veces el avance se escapa del órgano fiscal y de la Policía, porque tenemos que ir en etapas que son limitadas por un juez de garantías”, acotó Calvo.

También hay señalamientos solicitados por abogados defensores hace un año, como el cuestionamiento de quién firma las intervenciones telefónicas, pues para ellos solo quien ejerce la Fiscalía General podía hacerlo y alegan que no siempre se hizo así en este proceso. En una audiencia programada ante el Tribunal Penal, se iría a discutir esa versión, pero fue suspendida la semana antepasada.

“Desde la óptica del Ministerio Público, al ser un caso de crimen organizado, dichas intervenciones han sido apegadas a lo dispuesto por los jueces”, refirió Calvo.

La declaratoria de crimen organizado también da al traste con la intención de la defensa para declarar defectuosa la actividad procesal. Según Glenn Calvo, los jueces han ratificado todas las acciones de la Fiscalía.

“Las partes pueden presentar las peticiones las veces que ellos consideren y ejercer todos los recursos necesarios, pero de momento, con base en el estudio de dos jueces, se confirma que la Fiscalía ha actuado a derecho”, dijo.

El fiscal aseguró en entrevista con La Nación que, pese a ser una investigación mucho más compleja que la de la trocha fronteriza, la cual lleva 10 años sin llegar a juicio (programado para el 2023), con el Caso Cochinilla no va a suceder lo mismo y confía en que será resuelto en menos tiempo gracias a la capacidad y mística del equipo a cargo.

Por eso defiende que hasta la fecha hay avances “importantes”, tomando en cuenta que ya un juez declaró en firme que se trata de crimen organizado, punto objetado por varios defensores de las personas relacionadas con la causa, con el cual pretendían traerse abajo la investigación realizada.

Las intervenciones telefónicas, que sustentan el caso, así como los plazos más amplios para investigar y para extender las medidas cautelares, solo son permitidas en causas de crimen organizado.

La cantidad de investigados pasó de 70 a 82 durante este año, y ya a todos se les indagó, lo mismo que a los representantes de las empresas jurídicas, que pasaron de 12 a 17.

Las personas que se han sumado a la lista que se tenía luego de los allanamientos, ya estaban en la mira de la Fiscalía desde que comenzó el caso. Se trata de empleados de las empresas intervenidas, así como funcionarios que de una u otra manera habrían tomado parte dentro de la estructura, pero su participación en uno o dos hechos permitía citarlos para que se presentaran de manera libre y espontánea.

Tomando en cuenta que cada persona imputada tiene derecho a dos defensores, aunque algunos tengan solo uno o bien, algunos defensores representen a varios de los sospechosos en este caso, un eventual juicio involucraría a cientos de personas entre abogados, imputados, fiscales, técnicos, seguridad, etc.

Desde el 26 de marzo de este año, Mélida Solís y Carlos Cerdas, quedaron libres pero con tobillera electrónica, luego de pagar fianzas por $10 millones, en el caso de él, y de $5 millones en el caso de ella. Además tienen impedimento de salida del país y no pueden acercarse a testigos. La verificación corresponde al Ministerio de Justicia, que hasta el momento no ha alertado a la Fiscalía de incumplimiento alguno.

Otras 23 personas también cumplen medidas cautelares como prohibición de salir del país, suspensiones del cargo e impedimento de acercarse a los edificios de las entidades investigadas. En una reciente audiencia se prorrogaron por seis meses más las medidas para las 25 personas que hasta ahora deben acatarlas.

Bodegas repletas

Sobre la prueba documental hay avances en el análisis, pero tratándose de material que está en dos bodegas repletas y casi intransitables, todavía queda mucho por hacer, máxime que no se puede tocar la prueba electrónica (computadoras y celulares) por las objeciones ya mencionadas.

Para el análisis hay seis fiscales asignados a ese caso, de los cuales solo uno está dedicado tiempo completo al análisis de la prueba.

Una de las limitantes que ha tenido el Ministerio Público es el poco personal para tanto trabajo, pues las investigaciones de presunta corrupción exigen gente con conocimientos en ámbitos como administración, economía, informática y otros.

Afirmó que, por ejemplo, la vista de medidas cautelares obligó a cerrar todo un piso de los Tribunales de Goicoechea durante una semana y media con una cantidad ilimitada de personal del Juzgado Penal, de cárceles y de guardas internos.

Al comparar este caso de presunta corrupción con otros como el de Caja-Fischel e ICE-Alcatel, donde estuvieron investigados empleados públicos, empresarios y hasta dos expresidentes de la República, Glenn Calvo dice que aquellos casos eran muy puntuales y sin tantos imputados como el de ahora.

Recordó que le ha tocado llevar indagaciones sobre hechos delictivos hasta con 30 o 40 imputados y que los juicios duran un año, pero suelen ser de materias como narcotráfico, lavado de dólares o secuestros, en las que el país está un poco más preparado que en casos de corrupción, donde las pruebas, pericias y personal humano que se requiere son más sofisticados.

Autoridades escogieron los objetivos de hace un año, para evitar un colapso institucional

Copiado!

Antes de proceder con los 57 allanamientos del 14 de junio del 2021, que involucraron a 100 funcionarios judiciales y dejaron 30 detenidos, la Fiscalía tomó en cuenta que debía definir muy bien cuáles eran objetivos por detener y las medidas cautelares que iban a pedir.

“Tuvimos que hacer un recorte en nuestra teoría del caso, porque sabíamos que si tomábamos las 82 personas que pretendíamos traer, así como todos los demás elementos, el sistema iba literalmente a colapsar”, dijo Calvo.

Lo anterior porque se iba a requerir todo el personal de la Policía Judicial en el país y sabían que no podían detener el aparato judicial ni siquiera durante el día de los allanamientos y que las cárceles existentes para sospechosos no iban a dar abasto, por eso el fiscal insiste que nuestro sistema no está preparado para casos tan fuertes, ni tampoco el Poder Judicial.

“Si ustedes revisan nuestras normas jurídicas, ellas ni siquiera se plantean la posibilidad de un caso de esta magnitud”, afirmó el funcionario. Por ejemplo, citó que el Código Procesal Penal, vigente desde 1998, establece que para dictar medidas cautelares esa normativa se basa en aspectos como falta de trabajo, falta de vivienda y falta de familia, arraigos que no aplican para este tipo de delincuencia, pues son para otro género de delitos. Eso constituye un límite legal para la Fiscalía.

Añadió que la tarea de proponer cambios para que el sistema pueda atacar con más fuerza futuros casos como este, de aparente corrupción, deberán tramitarse ante la Asamblea Legislativa por parte del Poder Judicial o la Fiscalía General.

Por ahora estima, urgente agregar más personas a la investigación del Caso Cochinilla, para que el análisis de las pruebas permita determinar cuáles de ellas usarán y cuáles serán los hechos y las personas que llevarán a un eventual juicio. Admitió que por razones presupuestarias, por ahora, no les han otorgado más funcionarios.

¿Cuánto durará?

Con base en su experiencia y con ayuda del equipo de trabajo, Calvo afirmó que tratarán de volcar el paradigma que hay en los casos de corrupción, los cuales generalmente duran muchos años. “Me encantaría decirles un tiempo. Yo sería el funcionario más feliz si les digo en qué momento va a salir, pero eso no depende solo del Ministerio Público, sino de aspectos como el insumo humano que nos den para trabajar, así como de que las diligencias pendientes sean llevadas a cabo en el tiempo adecuado”.

La Fiscalía también va a solicitar próximamente prueba internacional para sustentar este caso. Mientras tanto, un equipo del OIJ hace estudios de las pericias económicas cuyos resultados esperan tener en tiempo récord, comparado con otras investigaciones.

Aunque al inicio de la investigación se hablaba de un perjuicio económico cercano a los ¢78.000 millones, monto que luego ha dejado de mencionarse, el fiscal adjunto dijo que más allá del monto que al final se logre establecer, el perjuicio principal cometido es contra el bien jurídico de probidad, el cual no tiene cuantía.