El caso de presunta corrupción con obras viales que llevó a la detención de 30 personas el pasado 14 de junio entró en un proceso que tomará unos ochos meses, donde la Fiscalía comienza por ordenar y sistematizar toda la prueba recolectada como parte de un escabroso camino de varios años.
Una vez que transcurrieron los allanamientos y la audiencia de medidas cautelares, se está a la espera de que el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública resuelva la apelación planteada contra la libertad de 14 personas, para quienes la Fiscalía pidió un año de prisión preventiva, sin que la jueza a cargo lo acogiera.
La investigación del denominado Caso Cochinilla comenzó luego de detectarse la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que habría generado un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020.
Por tratarse de un caso complejo, debido a la cantidad de personas detenidas, la audiencia de medidas cautelares contra los sospechosos concluyó hasta el 26 de junio, con la resolución de la jueza Carolina Lizano, que los dejó libres, aunque vinculados al proceso.
Para Glenn Calvo, de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la jueza erró al dejarlos libres, luego de que había aceptado que existen los tres peligros que el Código Procesal Penal establece que son el de fuga, el de obstaculización por los testigos y peligro de continuidad delictiva, por lo anterior de inmediato apelaron la resolución del 26 de junio.
El abogado penalista Ewald Acuña, afirma que el señalamiento de fecha para la audiencia de apelación podría demorar unas tres semanas, pero eso depende de la agenda del tribunal a cargo.
Al margen de lo que ahí se resuelva, el ente fiscal ya comenzó a ordenar e indexar la prueba que obtuvo en 57 allanamientos simultáneos del 14 de junio.
“Eso es fundamental para poder estudiarla, además tiene que gestionar la apertura informática de las computadoras, teléfonos celulares, unidades de almacenamiento de datos y otros que son importantes para la teoría del caso”, dijo Acuña.
El litigante, quien además es exjuez de instrucción y exjuez penal, no descarta que en el proceso puedan surgir “testigos de la corona”, es decir, que alguno de los investigados u otra persona brinde detalles que permitan incluir a otros individuos en la cúspide de la presunta organización criminal.
En cuanto a los recursos de habeas corpus que algunos defensores presentaron en la Sala IV contra el aumento en el plazo de privación de libertad ocurrido durante la audiencia preliminar, Acuña dijo que en el peor de los casos, lo que podría pasar es una eventual condena al Estado al pago de daños y perjuicios. Es decir, no afecta la legalidad del proceso.
Dinero en custodia
Sobre las fianzas otorgadas por los empresarios Mélida Solís, dueña de la constructora H Solís por $3 millones , y Carlos Cerdas, gerente de la constructora Meco, por $5 millones, dijo que sólo una fuga de alguno de ellos o su obstaculización al proceso, permitiría al Estado echar mano de los bienes aportados.
Esas fianzas seguirán en depósito judicial, pues aunque el Tribunal de Apelación declarara en unas tres semanas como ineficaz la resolución de la jueza Carolina Lizano y ordene una nueva, esas 14 personas quedan sometidas a las medidas cautelares que ya existen.
Del porqué a algunos se les pidió fianza y a otros no, el penalista considera que la jueza calibró y valoró las circunstancias de cada persona en relación con lo que planteó la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
Por último Acuña aclaró que el avance de este proceso va a depender de la estrategia del Ministerio Público al hilar las pruebas.
“El sistema no tiene mecanismos de obstaculización a través de recursos, lo que existe es la posibilidad de tener plazos extendidos por ser crimen organizado, más allá de un posible filibusterismo procesal, pues no existen recursos para estar atrasando el proceso”, puntualizó.
Por su parte, el fiscal subrogante para este caso, Miguel Ramírez, expresó que confía en la capacidad del Ministerio Público, de sus compañeros fiscales, del OIJ y de los jueces, así como del sistema penal, constitucional “que van a permitir eventualmente poder resolver todo este tipo de casos”.
