Desde entonces, han pasado nueve años y el país sigue sin tener claridad sobre lo sucedido. Tampoco se han establecido ni sancionado a los culpables.

El Ministerio Público acusó a 13 personas que están a la espera de juicio por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, cohecho propio, penalidad del corruptor y legitimación de capitales.

De acuerdo con la oficina de Prensa del Poder Judicial, aún no hay una fecha estimada para el debate de la causa tramitada bajo el expediente 12-000053-0621-PE.

“El señalamiento para juicio de dicha causa se encuentra en trámite y se agendará según lo permita la agenda del despacho y la agenda de todas las partes que integran el proceso”, comentó el Poder Judicial ante una consulta de La Nación.

Mientras eso ocurre en los tribunales de justicia, en la zona norte del país, la carretera de 160 kilómetros, se quedó sin terminar. Los pueblos que pretendía unir siguen sin conexión, por lo que los pobladores de estos pueblos limítrofes continúan dependiendo del río San Juan para trasladarse.

Ahí quedaron ¢20.000 millones de inversión sin frutos en medio de un conflicto con Nicaragua por la isla Calero.

Los gobiernos siguientes consideraron la trocha una carretera “necesaria”, pero tampoco concretaron esfuerzos para darle mantenimiento, y menos para concluirla. Ahí quedó la obra de emergencia.

Los imputados

Entre los encausados por estos hechos está Carlos Acosta, quien era el director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), cuando estalló el escándalo. También figuran dos hombres de apellidos Ramírez Marín y Serrano Alvarado, funcionarios de la entidad y encargados del proyecto, así como varios empresarios a quienes se les contrataron trabajos.

Asimismo, figura la esposa de Ramírez, una mujer de apellidos Alvarado Víquez.

Otros 13 involucrados llegaron a acuerdos con la justicia y se sometieron a medidas alternas. No obstante, las autoridades alegan impedimentos legales para revelar los términos de los acuerdos alcanzados.

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“No es posible brindar información, puesto que son de carácter confidencial, debido a que se establecieron en una audiencia privada”, declaró la Fiscalía General a través de su departamento de comunicación.

Por este asunto fueron investigados el exministro Jiménez, la expresidenta Chinchilla y otras 45 personas, pero luego de las pesquisas, el Ministerio Público solicitó su sobreseimiento, al no hallar pruebas en su contra.

Largo proceso

En enero de 2017, frente a varios medios de comunicación, el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, expuso los resultados generales de la investigación y describió los pasos a seguir para llevar el caso a juicio.

Las indagaciones incluyeron 86 informes de cuatro secciones del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 58 allanamientos, 13 levantamientos de secreto bancario, siete levantamientos de secreto tributario y entrevistas a 250 testigos.

Con estas diligencias se intentó comprobar si funcionarios y empresarios se habrían puesto de acuerdo para sustraer fondos públicos, mediante la simulación de uso de maquinaria, por ejemplo.

Un año después, en marzo de 2018, la oficina de prensa del Poder Judicial informó de que existían problemas para conciliar las agendas de los 53 abogados implicados.

A pesar de que las pesquisas concluyeron desde inicios de 2017, el Juzgado Penal de Hacienda realizó la audiencia preliminar hasta el 30 de setiembre de 2019. Esa fase, en la que se determina si el caso debe ir o no a juicio, concluyó el 30 de enero de 2020.

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Milena Brenes y Melissa García fueron las representantes del Ministerio Público, que es el órgano acusador.

¿Por qué tarda tanto el Poder Judicial en procesar este tipo de casos?

“Los delitos económicos vinculados a la función pública, u otros delitos económicos como estafas y fraudes complejos o blanqueo de capitales, son difíciles de investigar.

“Un homicidio o un robo, por ejemplo, tienen una escena del crimen en la que se encuentran los primeros indicios y a partir de allí se formulan las hipótesis de investigación y, eventualmente, podrían avanzar rápido. En cambio, en los delitos económicos no hay escena del crimen sino un complejo de documentos como contratos, facturas, recibos, transferencias bancarias, cheques, correos electrónicos y otros; todos estos, con apariencia de legitimidad pues se hacen para encubrir la ilicitud” declaró Francisco Dall’Anese, exfiscal general, de 2003 a 2010.

Estos procedimientos, añadió, requieren de análisis muy detallados.

“Todo esto lleva tiempo porque no es suficiente con ver una contabilidad. Es indispensable confrontar toda la documentación y ver cuál responde a hechos reales y cuál es fabricada o utilizada para justificar un gasto falso o una desviación de fondos”, dijo.

El exjefe del Ministerio Público, recordó que antes de que los trabajadores forenses hagan su trabajo, hay que practicar decomisos, a veces mediante allanamientos, lo que requiere una labor del Organismo de Investigación Judicial para determinar dónde pueden hallar evidencia. Para cada allanamientos, hay que planear y contar con el aval del juez penal.

“Un vez con los documentos, que bien podrían ser físicos o digitales, deben clasificarse y ordenarse. Es una labor muy detallada que, como adelanté, consume mucho tiempo”.

Dall’Anese reconoció que la tardanza del Ministerio Público no es algo nuevo; es un problema de vieja data y que tiene consecuencias para el Estado, las víctimas y los imputados.

“Lamentablemente la lentitud en estos casos, que no es de ahora, es de siempre en virtud de la complejidad de los hechos y del problema de recursos apuntado, se traduce en desconfianza ciudadana”, aseveró.