Lío para acordar fecha paraliza juicio por trocha fronteriza

Este año, se cumplirán ya seis desde que salieron a la luz las irregularidades en la construcción de la ruta 1856, que además, nunca se concluyó. Los hechos investigados ocurrieron entre 2010 y 2011.

Desde enero del 2017, el Ministerio Público acusó a 26 personas por los delitos de peculado, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la hacienda pública y legitimación de capitales.

No obstante, el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial ha sido incapaz de fijar una fecha para la audiencia preliminar. Esa gestión es clave para definir si el asunto va a juicio o no.

Sandra Castro, vocera del Poder Judicial, explicó que “por la carga de asuntos que tienen” en el Juzgado “es difícil que sea (la audiencia) este año”.

Los imputados son tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), tres particulares que fingieron ser supervisores de las obras, 18 empresarios contratados para efectuar los trabajos y dos mujeres, que son esposas de dos de los implicados.

Sobre la dificultad que alega el Juzgado para realizar la audiencia preliminar, tanto el Ministerio Público, que es el ente acusador, como la Procuraduría General de la República (abogado del Estado) señalan que a ellos no les han propuesto fecha.

“El Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José es el ente encargado de señalar la fecha de la audiencia preliminar; elexpediente se encuentra bajo su dirección en este momento y, a la fecha,no han señalado día ni hora para la realización de dicha audiencia. No existe ninguna causa atribuible al Ministerio Público que impida la celebración de la audiencia”, expresaron representantes de ese órgano mediante su oficina de prensa.

La parte acusadora estará representada Milena Brenes es la fiscala coordinadora del caso y Carlos ManuelJiménez funge como fiscal auxiliar, ambos pertenecen a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción

“Hasta la fecha el Juzgado Penal no ha notificado los días y hora para llevar a cabo la audiencia preliminar en este asunto, sin embargo, ese despacho (Juzgado Penal) sí solicitó nuestra agenda a efecto decoordinar con la multiplicidad de partes”, manifestó la Procuraduría.

El caso está asignado a los procuradores Paola Madriz Pérez y Ronald Víquez Solís, quienes tienen audiencias y compromisos fijados de otros expedientes hasta diciembre.

Según estimaciones de la Fiscalía, los hechos prescribirían en 2022.

Los implicados

Entre los funcionarios estatales están Carlos Acosta Monge, exdirector del Conavi; Miguel Ramírez Marín y Manuel Serrano Alvarado, quienes eran personeros de la entidad encargados del proyecto.

Acosta aún es funcionario activo del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Los particulares que simularon ser supervisores de la obra son tres hombres de apellidos Mesén Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes.

Mientras que los empresarios son de apellidos Castillo Villalobos, Baralis Crosetti, Herra Alfaro, Soto Campos, Montoya Rodríguez, Jiménez Alfaro, Arias Herrera, Soto López, Carranza Amores, Campos Cordero, Herrera Barrantes, Pérez Salas, Arias Quesada, Herrera Chacón, Mena Loaiza, Herrera Chacón, Campos Vinda y Méndez Mendez.

En total, hay involucradas 18 constructoras.

Una de las conductas que se les achaca es haber simulado contratación de maquinaria que nunca fue utilizada en el proyecto.

El Ministerio Público estima que el perjuicio en contra del Estado por simulación en la contratación de maquinaria fue de ¢1.234 millones.

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El 4 de mayo del 2012, con tono enérgico y molesta, la expresidente Laura Chinchilla le anunció al país que existieron supuestos actos de corrupción en la construcción de la trocha fronteriza.

La primera consecuencia de la noticia fue la renuncia de Francisco Jiménez a su puesto como ministro de Obras Públicas y Transportes.

Además, se solicitó la separación de los funcionarios del Conavi involucrados en los hechos y la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

"Quiero decirle a Costa Rica, el Gobierno no va a admitir que una obra tan importante haya sido utilizada para el enriquecimiento ilícito de funcionarios o empresas privadas", señaló Chinchilla.

"Me siento indignada", añadió la mandataria aquel día.

Desde entonces, el caso se mantiene en manos del Poder Judicial sin que se aclare la responsabilidad de los involucrados.

La trocha fronteriza fue planteada como una obra de emergencia por razones de seguridad luego de la invasión por parte de militares nicaragüenses a la isla Calero, en octubre de 2010.

La carretera pretendía dotar a la Policía de una vía de 160 kilómetros para vigilar la frontera y movilizarse de forma paralela al río San Juan.

La construcción se inició en diciembre 2010 sin informar a la opinión pública y, aproximadamente, se invirtieron ¢20.000 millones sin lograr terminar el proyecto.

La mayoría de los fondos salieron de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

En la actualidad, el Conavi tiene pendiente la reconstrucción de la trocha, pues, el paso del tiempo ha deterioró el camino y lo dejó casi intransitable en varios tramos.

En setiembre de 2016, el Gobierno prometió "dejar la trocha transitable" y entre las metas enumeró la rehabilitación de 37 km y la construcción de cuatro puentes, pero esas tareas no se concretaron.