Los empresarios investigados por el Caso Cochinilla, Carlos Cerdas y Mélida Solís, salieron de prisión preventiva la mañana de este sábado, luego de acordar el pago de las fianzas de $10 millones y $5 millones, respectivamente, impuestas por el Juzgado Penal de Hacienda.
Erick Gatgens, abogado de Solís, afirmó a este medio que su clienta salió cerca de las 10:20 a. m. de la Unidad de Monitoreo del Ministerio de Justicia y Paz, en el barrio González Lahmann de San José, mientras que Carlos Cerdas lo hizo horas antes, al ser las 8:30 a. m.
El Juzgado les dio 48 horas hábiles a partir del viernes para depositar las fianzas, las cuales, según Gatgens, serán pagadas el lunes por medio de bienes inmuebles en garantía. El abogado defensor agregó que tienen hasta las 4:30 p. m. del martes para cumplir con el compromiso.
Cerdas es fundador de la compañía MECO, la cual el pasado 7 de marzo anunció que lo desvinculaba de las operaciones de la empresa. Solís, por su parte, es dueña de la constructora H. Solís. Ambos son parte de los 30 detenidos el 14 de junio del 2021 por presuntos casos de corrupción.
Cerdas y Solís recobraron la libertad pero portan tobillera de monitoreo electrónico y no podrán salir de sus casas, según las medidas impuestas por el juez. Asimismo, deberán firmar una vez por semana y no podrán acercarse a testigos, además de mantener la entrega del pasaporte.
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Ambos empresarios ya había salido en libertad en junio de 2021; sin embargo, en la audiencia del mes siguiente se rechazó la fianza permitida originalmente, alegando el alto monto de lo defraudado, y se ordenó enviar a los empresarios a prisión.
Durante esta semana, la Fiscalía solicitó extender la prisión preventiva por seis meses más, sin embargo, el Juzgado Penal denegó la petición.
El Poder Judicial anunció este sábado que: “se va a enviar oficio a Migración para que no expidan pasaporte por extravío, pérdida, robo o deterioro y a Aviación Civil para que inhabiliten los hangares de ambas personas, quienes permanecían en prisión preventiva”.
La institución detalló que a los otros investigados “se les prorrogó las medidas tal cual estaban dictadas”. Aunque se presentaron recursos de apelación, estos no suspenden las medidas cautelares, y le corresponderá resolver las apelaciones al Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José.
El caso Cochinilla salió a la luz pública el 14 de junio del 2021, cuando autoridades judiciales realizaron más de 50 allanamientos y detuvieron a 30 personas, mientras que otras 40 fueron incluidas en la investigación pero sin haber sido arrestadas. El 12 de junio del 2021, se extendió la prisión preventiva a 28 de los 30 arrestados inicialmente.
El foco del caso se dio en las constructoras MECO y H. Solís, donde ejecutivos y empleados se encuentran entre los imputados, así como funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otras entidades estatales.
Al parecer, los funcionarios públicos habrían recibido dádivas como licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales” para favorecer a ciertas constructoras en el contrato de obra pública.