Judiciales

Dueños de H Solís y MECO deberán pagar millonaria fianza para salir en libertad

Jueza pidió un monto de $3 millones y de $5 millones a Mélida Solís y Carlos Cerdas, respectivamente

Los dueños de las empresas H Solís y MECO deberán pagar una millonaria fianza para poder salir en libertad.

La jueza Carolina Lizano impuso los montos en $3 millones y de $5 millones para Mélida Solís Vargas y Carlos Cerdas Araya, respectivamente.

La decisión la dio a conocer la juzgadora durante la audiencia de medidas cautelares que se realiza este sábado, desde la 1:30 p. m. en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Allí se conoce la situación jurídica de 28 personas que fueron detenidas el 14 de junio como sospechosas de presuntos sobornos a cambio de beneficios en contratos de obras viales a cargo del Estado.

Érick Gatgens, abogado de Mélida Solís, indicó que, una vez que se pague ese monto, su representada podrá salir de prisión, cumpliendo entonces con las siguientes medidas cautelares durante cuatro meses: impedimento de salida del país, entrega del pasaporte, así como firmar en el despacho judicial.

Gatgens indicó que, bajo ese contexto, lo que resta por hacer es otorgar una hipoteca a favor del Poder Judicial por uno o más bienes que estén valorados en el monto que solicitan.

“Se está trabajando desde ya en eso para presentarlo el lunes a primera hora, momento desde el cual ella (Mélida) quedará en libertad”, apuntó Gatgens, quien se mostró sumamente satisfecho con la resolución judicial.

“Que quedara en libertad representa un tema de garantías. La libertad no tiene precio. Ha estado afectada de salud y la preocupación que teníamos era que se quedara detenida y que eso representara otro episodio de salud”, señaló el abogado.

Por su parte, el abogado Erick Ramos, defensor de Carlos Cerdas Araya, confirmó la fianza de $5 millones para su representado.

“También impedimento de salida del país, la entrega de los pasaportes, no acercarse a los testigos, no acercarse al Conavi y no acercarse a aeropuertos”, agregó, sin brindar mayores detalles.

Al caer la noche, la empresa MECO emitió un pronunciamiento en el que indicó que “reitera su confianza en el sistema jurídico del país, según el cual las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

“Constructora MECO cuenta con un equipo gerencial sólido y comprometido que se mantiene al frente de los proyectos, y desde que inició este proceso, ha venido tomando las decisiones necesarias en pro de la continuidad de la empresa y sus operaciones”, añadió.

¿Los otros implicados?

En cuanto a los otros 26 señalados, Gatgens detalló que quedaron libres con diferentes medidas cautelares, con lo cual la juzgadora rechazó la solicitud fiscal de imponer prisión preventiva en contra de once de ellos.

“Todas las demás personas quedaron en libertad. Algunos, eso sí, con medidas más graves, como los funcionarios del Conavi (Consejo Nacional de Vialidad), a quienes se les impusieron arresto domiciliario y la separación temporal del cargo”, apuntó el defensor.

De hecho, entre esos 26 está también la hermana de Mélida, Sonia Solís y a quien también defiende Érick Gatgens. Según detalló, Sonia quedó con impedimento de salida del país, entrega del pasaporte y con la obligación de firmar en el despacho judicial.

Además, precisó que en el caso de Ángel Tobías Arce Alpízar, quien según el OIJ fungía como mensajero de presuntas dádivas de 11 proveedoras del Conavi, se ordenó el uso de tobillera electrónica.

El abogado indicó que el Ministerio Público apeló la decisión judicial con relación a algunos imputados, entre ellos Mélida Solís y Carlos Cerdas.

“No apelaron el tema del indicio de probabilidad que la jueza confirmó, pero sí apelaron las medidas cautelares constitutivas, como la fianza, porque señalan que no son suficientes para apalear los peligros de fuga y obstaculización que se pueden presentar.

“Otros abogados defensores presentaron también apelaciones, más que todo relacionadas con la medida que impuso la jueza de la separación del cargo temporal, y ahora se le traslada el expediente al Tribunal de Juicio para que se haga una audiencia oral y las partes expongan, que puede tardar tres semanas”, dijo.

Gatgens también señaló que todas las personas detenidas quedaron en libertad la noche de este sábado, a excepción de Solís y Cerdas, que saldrían el lunes. Además, Arce fue llevado al Ministerio de Justicia, añadió.

Cerca de las 7 p. m., la oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que “para las demás personas imputadas se ordenaron las medidas de impedimento de salida y firmar periódicamente” y que “para las personas investigadas que laboran en sector público, se ordenó suspensión del cargo, no acercarse a Conavi en un radio de 1 kilómetro y no acercarse a testigos”.

“Esta es una audiencia privada y este caso se encuentra en fase preparatoria. Por ello no tenemos acceso a la resolución integral. Únicamente nos confirman las medidas cautelares”, agregó el departamento de comunicación.

La audiencia finalizó cerca de las 9 p. m. Tras quedar en libertad, el exgerente de Conavi, Carlos Solís, dijo a la prensa: “Uno es inocente hasta que no se pruebe lo contrario”.

Dos imputados ya estaban libres

Dos de los 30 imputados en este caso ya quedaron exonerados de la prisión preventiva, luego de que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazara las medidas cautelares solicitadas contra ellos por la Fiscalía.

Se trata de Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa constructora Also Frutales, y de Luis Alberto Ureña Villalobos, funcionario de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

A ellos se les hizo la audiencia por aparte y allí se definió lo siguiente: Contra Abarca, la Fiscalía había pedido un año de prisión preventiva; sin embargo, según la resolución firmada por el juez penal Félix Calderón Ruiz, el empresario en lugar de cárcel deberá mantener el domicilio fijo señalado en la indagatoria y firmar una vez por semana en la Fiscalía de Turno Extraordinario del Segundo Circuito Judicial de San José.

Además, debió entregar su pasaporte y se debe abstener de realizar cualquier tipo de trámite personal o por cualquier medio ante el Conavi y no podrá comunicarse con los coimputados de este proceso que sean funcionarios de dicho órgano.

Mientras que, contra Ureña, el juez Félix Calderón dispuso rechazar la solicitud de medidas cautelares y ordenó su inmediata libertad.

Puntualmente, la Fiscalía había pedido un año de suspensión del puesto sin goce de salario, no acercarse a los testigos a menos de 500 metros, firmar una vez al mes y prohibición de salir del país sin autorización, pero fueron rechazadas.

Eso quiere decir que la investigación en su contra seguirá adelante, pero por ahora él permanecerá libre, al igual que otros 19 investigados que no fueron detenidos pero que están asociados con esta misma causa de supuesta corrupción.

Antecedentes

La Nación tuvo acceso al expediente de la causa 19-000025-1218-PE, conocida como Caso Cochinilla, sobre presunta corrupción en obras viales.

En el documento se detallan los supuestos sobornos con licor, dinero en efectivo, vehículos y “favores sexuales”, para premiar a ciertas constructoras que competían por proyectos financiados con fondos públicos.

Este caso hace referencia a la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad, la cual generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.

Por este asunto fueron detenidas 30 personas, entre empresarios de constructoras, así como empleados y exempleados del Conavi.

Katherine Chaves R.

Katherine Chaves R.

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

José Andrés  Céspedes

José Andrés Céspedes

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Escribe sobre vivienda y trabajo.