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Este lunes en los Tribunales de Goicoechea se suspendió el análisis de las evidencias decomisadas en los 57 allanamientos del 14 de junio, por hechos de presunta corrupción con obras viales, más conocidos como el Caso Cochinilla. La diligencia se postergó porque el Juzgado Penal de Hacienda aceptó una apelación planteada por la defensa de algunos implicados.
El abogado Erick Gatgens, codefensor de Mélida Solís, de la empresa H Solís, informó de que lo que se cuestiona es que se haya delegado esa apertura de evidencia en oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y fiscales sin la presencia de un juez como garante de lo que ahí acontezca.
“Nosotros hicimos ver a los fiscales a cargo sobre la apelación realizada, pero ellos hicieron caso omiso. Me parece una barbaridad que procedieran a ejecutar un acto que se encontraba impugnado. Por dicha el juez aceptó la impugnación. Se trata de revisar teléfonos celulares, computadoras y otros aparatos que, en criterio nuestro, debe suponer la presencia del juez y no delegarse a los personeros del OIJ y el Ministerio Público”, dijo.
La apelación fue planteada por Jenny Quirós, exjueza y abogada asesora del apoderado generalísimo de MECO e imputado en la causa, José Alfredo Sánchez Zumbado. A esa apelación se adhirió Juan Marcos Rivero, codefensor de personeros de la empresa H Solís. Otros defensores lo harán en los próximos días durante el periodo de emplazamiento, donde otros abogados pueden pronunciarse sobre el mismo reclamo.
De esta manera, y mientras no se resuelva la apelación, rige la suspensión de la acción que la Fiscalía Adjunta de Probidad y Anticorrupción pretendía ejecutar.
“Ya llevaban como un hora abriendo paquetes y, en virtud de la resolución del juez, tuvieron que sellar todo otra vez con cadena de custodia. Yo estuve ahí presente, en el quinto piso del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea”, añadió Gatgens poco antes del mediodía.
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El lunes de la semana próxima vence el emplazamiento, luego el recurso pasa al Tribunal de Apelación que señalará una audiencia y, dependiendo de lo que ahí se resuelva, se determinará cuándo comienza la diligencia de apertura de pruebas.
Gatgens también cuestionó que a pesar de que se trataba de una apertura de evidencia, que normalmente son presenciales, esta se realizó de manera virtual, para casi todos los defensores, con excepción de dos. Según dijo, lo correcto es verificar que la cadena de custodia se haya realizado debidamente, que contenga todas las firmas y otros detalles, “de forma virtual uno no puede constatar in situ que se cumplan las formalidades previstas por la ley”, puntualizó.
La Fiscalía terminó el mes pasado la indagatoria a 75 personas relacionadas con este caso, así como a representantes de 12 empresas jurídicas. Ante el traspié en el cronograma previsto para este lunes, La Nación les pidió criterio, que harán llegar en las próximas horas.
En este caso se investigan posibles delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica que habrían generado entre el 2018 y el primer trimestre del 2021 un déficit por más de ¢78.000 millones en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
