Sus áreas de trabajo eran muy distintas, pero todas se encontraban en edad productiva y, por ello, desde distintos ámbitos aportaban con su salario al Producto Interno Bruto (PIB) del país y al desarrollo de la sociedad y sus familias.

Además, se encontraban en la que podían seguir potenciar sus características y seguir cumpliendo metas personales.

Estas seis mujeres forman parte de la deplorable lista de víctimas de feminicidios en este 2020, que al 31 de octubre eran 11.

A ellas se suman otras tres mujeres dedicadas a labores domésticas, pero con edad productiva: Flor María Soto Pérez, Adriana Obando Hernández e Iris Aracelly García Hernández, incluso, la última estudiaba.

La lista la completan una menor de 4 años y Vilma Ledezma Garita, una adulta mayor de 85 años. Con su energía, ambas aportaban a quienes les rodeaban.

Marcela Arroyave Sandino, abogada del Departamento de Violencia de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), destacó que nueve fallecidas tenían entre 26 y 51 años.

Precisamente, el promedio de edad de las víctimas es de 42 años, según un cálculo realizado por La Nación a partir de los datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.

"Durante este 2020 registramos 61 muertes violentas de mujeres, de las cuales 11 ya fueron feminicidios. Además, hay 41 pendientes de calificación.

“De esas 11 fallecidas, nueve se encontraban en edades productivas, por lo que de trabajar recibirían un salario con el que aportarían al PIB del país”, manifestó Arroyave.

Por su parte, Xinia Fernández Vargas, enlace de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial con el Observatorio y especialista en derechos humanos de las mujeres, violencia de pareja, doméstica y sexual, afirmó que si bien las víctimas estaban en una edad productiva en el ámbito laboral, se debe ir más allá y reconocer que desde el área humana también podían aportar mucho a la sociedad.

Añadió que la violencia contra las mujeres va más suele ir más allá de una condición social y que por ello, aunque existen características comunes ante un feminicidio o tentativa de este delito, cada situación siempre va a tener particularidades.

La funcionaria destacó que un estudio le permitió determinar que las víctimas de tentativas de feminicidio son siete veces más que las mujeres fallecidas por esta causa, por lo cual es importante el trabajo integral y la conciencia social.

Los hijos que se quedaron solos

Siete de las mujeres que perecieron en un feminicidio eran madres, por lo que 13 personas quedaron huérfanas, entre ellas cinco menores de edad de los 4 a los 16 años.

Tras la pérdida de la madre, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) busca que queden con personas cercanas, que sean responsables y les brinden la atención y apoyo que requieren.

Para definir cuál es la mejor opción familiar que tiene un menor en estas circunstancias, el PANI hace una evaluación de las personas que están dispuestas a asumir la custodia.

Como parte del protocolo, se investiga si los candidatos están en una situación de riesgo o vulnerabilidad, se verifica que sean responsables en temas de salud y educación, así como que no exista consumo de alcohol o drogas. También se analiza la estabilidad emocional y habitacional que pueden ofrecer al niño o adolescente.

Después de que se otorga a un familiar la custodia del menor, de manera temporal, se da un seguimiento a las familias para determinar cómo lo hacen y, en caso de que el proceso sea aceptable, se prorroga la medida.

No obstante, aunque se otorgue una ampliación de plazo o un depósito judicial (tutela del menor de manera legal), el seguimiento por parte de las autoridades de infancia es casi permanente, tomando en cuenta que el familiar encargado no es su padre o madre biológicos.

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Situación en Alajuela

La provincia de Alajuela concentra un 45,45% de los feminicidios registrados durante este 2020. Eso quiere decir que en cantones alajuelenses se han atendido cinco de los 11 casos de feminicidio.

Así lo reflejan las cifras del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, que detallan que la clasificación pendiente de otros casos podría engrosar la lista de mujeres que murieron a manos de su pareja, actual o pasada, u otro hombre con quien se tuvo o no una relación de pareja.

La primera víctima contabilizada en Alajuela fue Karla Alexandra Quirós Araya, quien tenía 38 años y vivía en La Guácima.

Ella fue asesinada el 1.° de enero por su compañero sentimental, un hombre de apellidos Castro González, quien fue su alumno en lecciones de Español.

A finales de setiembre, la Fiscalía Adjunta de Alajuela presentó una acusación con solicitud de apertura a juicio en contra de Castro, a quien también se le señala por robo simple, estafa y simulación de delito.

Por otra parte, el 9 de enero, en Buenos Aires de Palmares, pereció Flor Soto Pérez, de 48 años.

Ella fue encontrada con un disparo en su cabeza y, después de la investigación, se determinó que el crimen lo cometió su expareja, un exoficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificado como Henry Gerardo Méndez Vegas, quien se suicidó luego de dispararle a Soto.

Seis días después, el 15 de enero, ocurrió otro hecho de sangre. Ese día, una menor de 4 años fue asesinada en su casa, en Tuetal Sur, y el caso se consideró feminicidio, ya que el presunto homicida es su padrastro.

Posterior al deceso de la niña, la Policía Judicial determinó que ella presentaba “fuertes lesiones y laceraciones en hígado y corazón que provocaron una hemorragia interna y el fallecimiento”.

Un día después, el 16 de enero, el Juzgado Penal de Alajuela impuso prisión preventiva al padrastro de la pequeña, apellidado Herrera Ayala (18).

Por este caso, el Ministerio Público informó de que la madre de la pequeña, de apellidos Mejías Vargas también permanece tras las rejas mientras la investigación en su contra avanza.

El cuarto feminicidio en Alajuela se atendió en barrio Latino de Aguas Zarcas, San Carlos, el 9 de febrero. Ese día, Adriana Obando Hernández, de 38 años, fue atacada a puñaladas por su compañero sentimental, por lo que ingresó grave al Hospital San Carlos.

Ahí estuvo 17 días internada, hasta que el 26 de febrero falleció.

La Fiscalía Adjunta de San Carlos indicó que “de momento, no hay personas imputadas individualizadas, por lo que el caso sigue en trámite”.

Finalmente, el 25 de octubre anterior, Melba Reyes Croveto fue asesinada a puñaladas por su compañero sentimental, Vilmer Antonio Romero.

El hombre fue perseguido por los vecinos entre laderas, por donde intentaba escapar y, un día después del crimen, el Juzgado Penal de Alajuela le dictó tres meses de prisión preventiva.

Los otros feminicidios registrados hasta octubre se distribuyen con dos en Puntarenas, dos en Heredia, uno en San José y uno en Limón.

Cartago y Guanacaste, hasta ahora, no registran crímenes de este tipo.

Enero fue el mes más violento, con cuatro asesinatos de este tipo, seguido de febrero con dos y uno en mayo, julio, agosto, setiembre y octubre. Marzo, abril y junio no registraron hechos de este tipo.

Desde hace varios años, las autoridades trabajan en estrategias para disminuir las cifras de mujeres asesinadas, especialmente, desde el área preventiva.

En el 2019 hubo 16 feminicidios, lo cual significó una reducción de 10 con respecto al 2018, cuando se contabilizaron 26, misma cifra registrada en el 2017, según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.

La Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres entró en vigencia desde el 2007 y, desde entonces, el 2019 ha registrado la cifra más baja de mujeres asesinadas en feminicidios.

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