En el estudio de las medidas en pro del ajuste fiscal, que requiere urgentemente el país, el Poder Ejecutivo y los diputados que analizan las propuestas deben tener, en todo momento, muy claro el norte u objetivo buscado. Lo necesario es que las medidas que se adopten contribuyan a reducir el déficit en alrededor de 4 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB). Eso obliga a tener siempre presente el efecto cuantitativo esperado de cada una de las medidas de incremento de impuestos y de recorte y control de gasto público que se estudien. También, es necesario que las medidas que finalmente se adopten satisfagan el criterio de equidad o justicia redistributiva, pues los costos serán soportados conforme a las posibilidades de los diferentes grupos. Sobra decir que las medidas deben tener efectos no de solo a corto plazo, sino que han de ser sostenibles en el tiempo y no han de interferir con el crecimiento económico. En suma: suficiencia cuantitativa, equidad, sostenibilidad y eficiencia son las cuatro condiciones que debe satisfacer la reforma fiscal.
El Poder Ejecutivo, particularmente por medio de su ministra de Hacienda, ha defendido la integridad de la capacidad recaudatoria de su propuesta y hasta ha abogado por que se adopten tasas relativamente altas para el impuesto al valor agregado (IVA) que aplica a la canasta básica. Algunos diputados se han resistido porque consideran que eso atentaría contra el principio de equidad.
Pero una arista que de momento no ha recibido la atención debida es la relativa al control del gasto público, cuya expansión es lo que explica, en mayor grado, la dinámica del déficit fiscal. La última muestra de esa despreocupación es la decisión del Partido Acción Ciudadana (PAC) de mantener el sistema de “enganche salarial” que, desde 1982, opera para un subconjunto de empleados públicos. Al diputado Welmer Ramos, del PAC, se le unieron dos de Restauración Nacional, uno del Frente Amplio y otro de Integración Nacional. Voceros autorizados manifestaron que el Poder Ejecutivo “respeta” lo decidido. El problema es que si ante iniquidades e ineficiencias de este tipo el gobierno se acobarda o se mantiene indiferente, arriesga a perder autoridad moral para liderar la totalidad de la reforma fiscal.
En efecto, el artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos de 1982 contiene una norma totalmente improcedente, pues indica que “cada vez que se efectúe un aumento general de salarios para los empleados o funcionarios públicos del Gobierno Central, incluso por incentivos generales o aumentos de carácter general, que no se integren a la base salarial, las personas profesionales en ciencias médicas, con grado académico de licenciatura o uno superior, tendrán como mínimo un aumento porcentual, igual al porcentaje en que aumentó el salario promedio de los empleados y funcionarios públicos”. Este grupo privilegiado de profesionales incluye a médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, psicólogos y microbiólogos. Y ello aplica no solo a quienes laboran para la Caja Costarricense del Seguro Social, sino para quienes lo hacen en el Ministerio de Salud y para todos los que trabajen para cualquier otra entidad pública.
Normas como la citada –que con una laxa definición de derechos adquiridos se defienden– constituyen camisas de fuerza que hacen que el gasto público no solo crezca desbocadamente año con año, sino que restringen severamente la adopción de medidas acordes con la justicia distributiva consistentes en, por ejemplo, otorgar incrementos porcentualmente menores conforme el salario de los funcionarios sean más elevados.
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Ante este tipo de acciones, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si sus intereses están bien representados en la Asamblea Legislativa y en el Gobierno Central; también, si quienes toman las decisiones tienen plena conciencia de lo que hacen o si, por el contrario, son fácil presa de los grupos de presión organizados. Si la ministra de Hacienda se plantó para defender que no le minen la capacidad recaudatoria de su propuesta tributaria, con más razón debe oponerse a que iniquidades como la comentada permanezcan, como cizaña, enraizadas en los presupuestos públicos.
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