EscucharEl Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) se encuentra nuevamente en la mira de grupos pequeños con poder suficiente para hallar un diputado dispuesto a entregar los fondos para múltiples fines, sin tener en cuenta que la expectativa de vida aumenta y las personas tendrán la posibilidad de vivir 80 años o más.
Un estudio presentado en el 2019 por el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), calculó que habrá poco más de 1,2 millones de costarricenses mayores de 65 años en el 2050. Esta circunstancia implicará cambios sociales y una presión adicional para el Estado. Subraya, asimismo, la necesidad de considerar la longevidad en la planificación de la jubilación.
Un número significativo de cotizantes nunca comprendieron esta realidad ni el propósito del ahorro. En los 23 años desde la creación del fondo, ha habido diputados que también parecen confundidos.
En otro sentido, la Sala Constitucional ha debido rechazar las pretensiones de ciudadanos solicitantes de la entrega total de “su dinero” para disponer de él “antes de morir” o gastarlo en viajes o en el pago de deudas.
La última propuesta proviene de un proyecto de ley cuyo objetivo es permitir utilizar el ROP para pagar las cuotas necesarias y así adelantar la pensión antes de la entrada en vigor de las nuevas condiciones aprobadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ubaldo Carrillo y Jaime Barrantes, director y gerente de pensiones de la CCSS, respectivamente, coinciden en que el proyecto no tendría un impacto actuarial en las finanzas de la institución ni en la sostenibilidad del IVM, pero están equivocados. Para financiar las pensiones actuales, la institución ya hace uso de los intereses de la reserva.
Como explicó el economista Edgar Robles en un artículo publicado en este diario, en promedio, la CCSS paga a cada retirado una pensión un 75 % superior a la que pudo haber aspirado. La diferencia entre lo recibido y lo contribuido corre por cuenta de nosotros, quienes seguimos cotizando.
Aunque solo los mejor asalariados pueden jubilarse abonando una parte o el monto total acumulado en el ROP, por estos pocos vale la pena abstenerse de aprobar la ley.
Carrillo, como otros expertos en la materia, advierte además que adelantarse podría condenar al adulto mayor a pasar hasta 20 años solamente con la pensión del IVM, sin recibir ingresos adicionales.
El objetivo, por tanto, debiera ser fortalecer el ROP, no debilitarlo. A este ritmo, seguirán surgiendo diputados con nuevas ideas, como ocurrió en el cuatrienio anterior, por iniciativa del entonces presidente legislativo Eduardo Cruickshank, hasta desaparecer el único mecanismo capaz de obligar a los costarricenses a ahorrar para la vejez.
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La autora es editora de Opinión de La Nación.
