Aarón Sequeira. 29 septiembre
La iniciativa de Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa, para acelerar la entrega del ROP fue aprobada por el plenario. Lo acompañan Ana Lucía Delgado, primera secretaria del Directorio, y María Vita Monge, segunda secretaria. Foto: Asamblea Legislativa para LN.
La iniciativa de Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea Legislativa, para acelerar la entrega del ROP fue aprobada por el plenario. Lo acompañan Ana Lucía Delgado, primera secretaria del Directorio, y María Vita Monge, segunda secretaria. Foto: Asamblea Legislativa para LN.

Diputadas y diputados aprobaron este martes, en primer debate, el proyecto de ley para agilizar la entrega de la pensión del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) a quienes se pensionen durante los próximos diez años.

Un total de 48 legisladores votaron, de forma unánime, a favor del plan impulsado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, luego de año y medio de trámite en el Congreso. El segundo debate quedó fijado para el jueves 1.º de octubre.

El plan permite que las personas que se jubilen antes del 31 de diciembre del 2020 y los actuales jubilados puedan retirar el 100% de su fondo de pensión complementaria en un máximo de dos años y medio.

Eso se podrá realizar bajo dos modalidades: en cuotas mensuales durante 30 meses hasta agotar el saldo, o el retiro acelerado, que aporta una cuarta parte del saldo cada nueve meses, recibiendo el primer pago 60 días después de que rija la ley.

El proyecto 21.309 también permitirá que, quienes se pensionen entre el 1.º de enero del 2021 y el 18 de febrero del 2030, retiren el fondo en una cantidad de meses similar a la cantidad de cuotas aportadas al régimen complementario.

O sea, si un afiliado cotizó 240 cuotas, podrá retirar sus recursos en 240 meses.

En tanto, para los afiliados que tengan una pensión menor a un 20% del monto mínimo que paga el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la pensión complementaria será esa suma, la cual se seguirá abonando hasta que se agote el saldo, sin importar las cuotas aportadas.

La pensión mínima de la CCSS es de aproximadamente ¢136.000; entonces, una jubilación mensual del ROP no podrá ser inferior a ¢27.200.

La iniciativa restauracionista también mejora el financiamiento de las futuras pensiones complementarias, sin aumentar las cargas a patronos ni asalariados.

Ello sucede porque el plan tomaría parte de los recursos que hoy van primero al Fondo de Capitalización Laboral (FCL), donde permanecen temporalmente, y los redirigen al ROP.

Según Cruickshank, también se generan soluciones para que se les entregue más rápido y de forma gratuita el dinero a los 33.600 beneficiarios de afiliados fallecidos, luego de presentar una solicitud ante el Juzgado de Trabajo.

En caso de fallecimiento, el dinero se les entregará a los beneficiarios establecidos en el régimen de IVM, que son cónyuge, hijos menores de edad, hijos menores de 25 años solteros y estudiantes.

Además, se establece que las personas con una enfermedad terminal podrán retirar la totalidad de su pensión complementaria, al presentar una constancia médica de la CCSS ante la operadora.

El plan habilitaría cuatro formas para retirar el ROP:

1. Retiro programado: esta es la modalidad más tradicional de pensión. Consiste en dividir el fondo disponible de cada trabajador en pagos mensuales desde la fecha de retiro hasta la máxima expectativa de vida, que hoy es de 115 años. Tiene la ventaja de que la persona se asegura un ingreso durante toda la vejez. Si la persona fallece antes de la máxima expectativa de vida, el dinero restante le queda a los beneficiarios establecidos en el IVM.

2. Renta temporal calculada hasta la expectativa de vida condicionada: En este caso, el aporte mensual de la pensión surge de dividir el fondo de pensión de la persona entre su fecha de jubilación y la fecha en que cumpliría su expectativa de vida condicionada, según la tabla de mortalidad vigente al momento de pensionarse.

La expectativa de vida condicionada es más corta que la máxima expectativa de vida. Se trata del promedio de años que una persona podría vivir de acuerdo con el año en que nació. Por ejemplo, para un hombre que este año cumple 65 años, la expectativa promedio es de unos 20 años. En el caso de la mujer, la cifra es de 23 años. Conforme pasan los años, esas cifras cambian.

Esta modalidad tiene la ventaja de que permite aumentar el monto mensual de la pensión, en comparación con la primera opción.

No obstante, este sistema tiene la desventaja de que, si el beneficiario vive más años después de cumplir la expectativa de vida condicionada, pasará los últimos años de su vida sin pensión del ROP. En el caso de las mujeres, el 55% de ellas supera ese umbral en Costa Rica, y en los hombres lo hace el 53%.

3. Renta permanente: se entrega al pensionado el producto de los rendimientos de la inversión del monto acumulado en su cuenta individual y, al morir, el fondo y el saldo de los rendimientos se entregarán a los beneficiarios.

4. Renta vitalicia: en este caso, la persona lo que hace es tomar el dinero para pagar un contrato con una compañía de seguros, la cual le hace un cálculo de su expectativa de vida y asume el riesgo. La aseguradora se puede comprometer, por ejemplo, a dar ¢100.000 mensuales hasta la muerte de la persona y, si esta ocurre, después de la fecha que calculó, debe correr con el gasto extra. Si muere antes, se deja la diferencia.

Los afiliados podrán cambiar de modalidad si lo desean, excepto los que opten por la renta vitalicia. En este último caso, la decisión es irrevocable.

Amplio debate

El debate en plenario sobre la iniciativa inició este lunes, cuando Cruickshank aseguró que la reforma acaba con la “odiosa discriminación” que ha permitido que los pensionados de lujo se lleven el 100% de su pensión complementaria en un solo tracto, mientras los demás la recibían en “pagos de polaco”.

“Se mejoran las condiciones de retiro, la totalidad se empezaría a entregar dos meses después de vigente esta ley y los jubilados atrapados por la fórmula del 10% del ROP podrán retirar sus fondos en un menor tiempo”, dijo el jerarca parlamentario.

El jefe del PLN, Luis Fernando Chacón, aseguró que la iniciativa genera justicia, porque la ley 7983, Ley de Protección al Trabajador, empezó a tener distorsiones que afectaban a los trabajadores.

El liberacionista alegó que la fórmula salida de la reglamentación que hizo la Superintendencia de Pensiones (Supén) era perversa porque beneficiaba a unos costarricenses, sobre todo los de otros regímenes diferentes al IVM.

“Esa reglamentación de la Supén no solo cometió esa injusticia, de tratar a trabajadores de manera distinta, diferenciada, y generó que las familias de más de 33.000 afiliados fallecidos quedaran en indefensión”, apuntó Chacón.

La última gran discusión antes de que se aprobara el proyecto se centró en una propuesta de la liberacionista Yorleny León, para que el Banco Popular tenga que pagar más intereses a los beneficiarios, por retener sus pensiones durante 18 meses.

Actualmente, ese “paseo del ROP en el BP” dura 24 meses y solo asegura rendimientos cercanos al 3,88%, cuando en el mercado son mayores al 8%.

En la Comisión de Hacendarios, primero se eliminó ese paseo y, luego, se restauró, pero por un año y medio, y no dos años; además, se fijó que el Popular pague más rendimientos, al pagar una tasa básica pasiva (3,5% a hoy) más un 1,6%, en total 5%.

León impulsó una moción para que el Popular pagara a beneficiarios la TBP más 2,5%; si bien recibió, originalmente, el apoyo de su fracción, Liberación Nacional, varios de sus compañeros de bancada luego le dieron la espalda, por presiones del cabildeo de la entidad bancaria.

Cuestionamientos del PUSC

Entre los cuestionamientos a la iniciativa, de parte de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Inés Solís y la subjefa, Shirley Díaz, destacaron la falta de respuestas que consideran conlleva el proyecto y la necesidad que hubo de que este proteja el régimen y no lo debilite.

Solís destacó que el ROP es fruto de la Ley de Protección al Trabajador, plan impulsado durante el gobierno del expresidente Miguel Ángel Rodríguez.

Eso sí, enfatizó que se trata de un régimen complementario de pensiones, no un ahorro que la gente podría obtener en cualquier momento: “Mucha gente ha querido manipular esa información”.

Apuntó que, para quienes les falta mucho para pensionarse o no han empezado a cotizar, el ROP será su única pensión o la porción más grande.

“Por eso es nuestra obligación protegerlo, fortalecerlo y hacerlo crecer, porque será la garantía de una vejez digna de las futuras generaciones. Por eso se trabajó para que este régimen esté fortalecido. No es un regalo, es un derecho, por esto tenemos obligación de hacerlo duradero y que se fortalezca", indicó.

Díaz, por su parte, explicó que la iniciativa no da las respuestas que muchos costarricenses esperaban. “Este proyecto generó una expectativa muy grande, llenó de ilusión a muchas personas, pero no cumple con esas expectativas”, dijo.

La legisladora dijo que la llenó de insatisfacción votar el proyecto como quedó. “Es un proyecto muy manoseado y no es justo que se haya manoseado de esta manera, los costarricenses tenían derecho a recibir una solución distinta”, acotó.

Yorleny León, del PLN, manifestó que el proyecto tiene mejoras tímidas y criticó, nuevamente, que se haya mantenido el paseo del ROP en el proyecto.

Aunque el frenteamplista José María Villalta, también firmante de la iniciativa, dijo que está entre la posición de que se logra mucho con el proyecto y la de que no se logra nada, sí cree que no se pudieron cambiar problemas estructurales del ROP.