Edgar Robles. 22 enero

El mayor grado de insolvencia del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el creciente uso de los intereses de la reserva para el pago de las pensiones no debería ser sorpresa para nadie.

El empeoramiento de las finanzas del IVM está diagnosticado desde el 2008, cuando la Superintendencia de Pensiones (Supén) contrató el primer estudio actuarial externo y concluyó que, bajo las condiciones de ese momento, este fondo de pensiones agotaría su reserva en la década del 2020.

Lo que sí resulta sorprendente es lo muy poco que se ha hecho desde entonces para darle sostenibilidad al régimen, incluida una mesa de negociación que concluyó con propuestas mayoritariamente cosméticas y de impacto imperceptible para las finanzas del IVM. También resulta incomprensible la inmunidad de funcionarios de la CCSS que maquillaron estudios actuariales internos durante muchos años, mediante el uso de supuestos irreales, todo ello con la indulgencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), quien “garantizó” la veracidad de los resultados y que la reserva alcanzaría para bien avanzados los años 2040. Sería bueno conocer dónde Costa Rica podría reclamar esta garantía..

La escasa generación de empleo es el mayor problema económico del país

Futuro nebuloso. Desde hace más de 50 años es claro que el envejecimiento es el mayor desafío del IVM. Sin embargo, su mayor problema es la ausencia de decisiones oportunas y el futuro no es prometedor. Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) muestra que Costa Rica es, luego de Nicaragua, el país de América Latina en donde el envejecimiento es más acelerado. A Costa Rica le tomará 22 años duplicar la cantidad de personas mayores a 65 años del 10 % al 20 % de la población. A los países europeos, durante el siglo pasado, les tomó entre 45 y 75 años hacer esta transición.

Además, nuestro país será el segundo país de América Latina, después de Chile, en donde el 20 % de la población llegará más rápido a los 65 años, alrededor del año 2040. La mayoría de los países de la región alcanzarán este porcentaje después del año 2055. Estas cifras señalan la necesidad de emprender reformas pensionales con urgencia.

Camino equivocado. En los últimos años, la principal medida adoptada por la Junta Directiva de la CCSS para allegarle más recursos al IVM ha sido incrementar la tasa de cotización a los trabajadores, a los patrones, pero especialmente al Estado. Esto ha venido elevando el costo de la formalidad en Costa Rica y ha incidido en la capacidad de la economía para generar empleos, pues como el monto de la pensión es incierto, por la insostenibilidad del régimen, las personas interpretan estas cotizaciones como un impuesto al trabajo. Y más informales conllevan mayores problemas para el IVM, al menos en el corto plazo, pues disminuye la base de cotizantes.

La escasa generación de empleo es el mayor problema económico del país. Por encima de las cuotas a los regímenes de pensiones y de salud, los trabajadores formales tienen que soportar otras cargas no relacionadas con el trabajo. Esto hace que la diferencia entre lo que recibe un trabajador como salario neto y lo que le cuesta a un patrón y al Estado esa contratación sea cercana a un 40 %, sin considerar aun el pago de impuesto sobre la renta.

Así, será muy difícil que un plan de empleo como el anunciado por el gobierno, que consiste principalmente en mejorar las capacidades y habilidades de los trabajadores, tenga resultados contundentes si no se le presta atención al alto impuesto a la formalidad. Una reforma al empleo requiere que se traslade una parte importante de las cargas laborales a impuestos generales. Esto reduciría el costo de contratar personal para las empresas, generaría mayores puestos de trabajo y emprendería el círculo virtuoso de más formalidad y mayor contribución para el IVM.

Rediseño del IVM. No obstante, aun disminuyendo el costo de la formalidad, el diseño del IVM no permite lograr su sostenibilidad en un ambiente de envejecimiento demográfico, pues los sistemas de reparto requieren de una base creciente de cotizantes para financiar a una mayor cantidad de pensionados.

En promedio, la CCSS le paga a cada retirado una pensión 75 % superior a la que pudo haber aspirado si la pensión fuera autofinanciada. La diferencia entre lo que se recibe como pensión y lo contribuido lo pagan los cotizadores actuales, quienes en el futuro no van a tener quien les financie su pensión por la caída en la tasa de fecundidad. Así, cada nuevo afiliado al IVM le representa al fondo de pensiones un gasto contingente mayor que el ingreso que aportará a lo largo de la vida laboral. Esto lleva a que un incremento en la cobertura del IVM aumente su insolvencia actuarial.

Cuentas nocionales. Por tanto, al tiempo que se baja el costo de la formalidad, se debe rediseñar el IVM para que la pensión que pague se acerque más a lo cotizado por el trabajador mientras estuvo activo. Esto se logra mediante la creación de un sistema de cuentas nocionales, el cual consiste en llevar una contabilidad de las cotizaciones de cada individuo dentro del sistema de reparto administrado por la CCSS, para que la pensión que reciba esté en función de las aportaciones. Afortunadamente, el IVM está en capacidad de pagar el costo de la transición a este esquema pues aún mantiene una reserva de capitalización, la cual se agotaría pronto de continuar en la dirección actual.

Eliminar la pobreza en la vejez. Como existirá un grupo de cotizantes que, por su baja tasa de participación o bajo nivel salarial, no podrán alcanzar una pensión que le permita financiar los gastos mínimos durante la vejez, se debe diseñar una pensión mínima solidaria. En la mayoría de los países el financiamiento de esta pensión mínima proviene de una contribución especial sobre los salarios, que en América Latina oscila entre 0,5% y 1,5%, o con Presupuesto Nacional. En el primer caso se estarían excluyendo a los trabajadores informales. En el segundo, el país puede aspirar a erradicar la pobreza durante la vejez.

El BID ha calculado que asegurar el pago de un salario mínimo a todos los adultos mayores de 65 años tiene un costo anual de 1,4 % del producto interno bruto, casi el doble de lo que hoy el Estado distribuye en el Régimen No Contributivo de Pensiones. Esta es una reforma social ineludible, pues Costa Rica es el único país en América Latina en donde la población mayor de 65 años es el grupo con mayor nivel de pobreza, lo cual implica altos costos para toda la sociedad en sus diferentes dimensiones.

El autor es economista, exsuperintendente de pensiones y consultor internacional.