Esa contribución pasó de un 11% a un 13% y es una de las reformas al sistema de retiro de la Corte que aprobaron los diputados en abril pasado, en busca de recursos frescos para cerrar el hueco de ¢5,3 billones proyectado para este año.

Ese el número de jubilados que reciben más de ¢4,1 millones mensuales y que desde junio, están obligados a pagar una contribución solidaria sobre el monto que excede ese tope.

El Poder Ejecutivo aún no cuenta con el dinero necesario que garantice, en el 2019, mantener el monto de la pensión a personas pobres en ¢78.000 al mes y otorgar 3.750 nuevos beneficios anuales a esta población.