Entre 2013 y setiembre de 2023, creció un 862% la cantidad de recursos de amparo por reclamos contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para conseguir una cirugía, exámenes médicos, citas con especialistas, medicamentos, insumos médicos y otros.
Según datos de la Sala Constitucional, en 2013 recibieron 972 amparos relacionados con temas de salud, en 2022 la cifra aumentó a 9.878 y entre enero y setiembre de 2023 se contabilizaron 9.349.
Entre 2013 y 2019, los reclamos tramitados ante ese alto tribunal tuvieron un comportamiento oscilante. Sin embargo, a partir de 2020 las estadísticas se dispararon de forma considerable. Por ejemplo, de 2019 a 2020 pasaron de 3.385 a 7.000, es decir un106% más entre un año y otro.
En 2021 y 2022, las gestiones continuaron en crecimiento con 8.696 y 9.878 casos, respectivamente.
De acuerdo con Fernando Castillo, presidente de la Sala Constitucional, esperan cerrar el 2023 con 10.000 recursos de amparo relacionados con servicios públicos de salud.
Castillo agregó que, si se analizan los registros estadísticos, este tipo de reclamos representan aproximadamente un 33% de la totalidad de recursos de amparo que recibe la Sala Constitucional por año.
Además, equivalen al 76% de los expedientes a los cuales los magistrados les dan curso para estudio y resolución. Es la principal temática que atienden los magistrados.
Es tal el problema que, en marzo de 2019, en un caso instruido y redactado por Marta Esquivel Rodríguez, exmagistrada suplente y actual presidenta ejecutiva de la CCSS, la Sala IV ordenó que, en un plazo de seis meses, la entidad debía contar con un sistema de gestión integrado de listas de espera.
Desde entonces, pasaron 54 meses y la Caja no ha cumplido con ese mandato. El pasado 10 de octubre, La Nación envió varias consultas a Esquivel sobre el tema, pero a la fecha no ha contestado. Las preguntas también se le enviaron a su asesor de imagen y comunicación, Óscar Saborío.
El 12 de julio del presente año, ante cuestionamientos de la prensa, la jerarca solicitó tres meses de tiempo para presentar una estrategia para reducir las colas en los servicios médicos. Ese plazo venció el jueves 12 de octubre.
En el 2023, las listas de espera crecieron a niveles sin precedentes. Por ejemplo, la cola en cirugías pasó de 175.630 personas el 1.° de abril a 176.919 al 16 de agosto del mismo año, pero al mismo tiempo, en ese tiempo, los plazos bajaron de 533 días (1,4 años) en promedio a 489 días (1,3 años).
Con esa cantidad de gente se podría llenar cinco veces el Estadio Nacional.
La lista que más creció fue la de procedimientos diagnósticos (tomografías, mamografías, placas y resonancias, entre otros). Subió de 552.802 asegurados en marzo a 622.018 al 16 de agosto, fecha del último corte. Los plazos promedio de espera subieron significativamente de 146 días en marzo a 355 días en agosto.
“Los asuntos de salud son prioritarios para la Sala”, manifestó Castillo. Darle prioridad a los reclamos relacionados con salud implica, según el magistrado, descuidar otros asuntos.
“Hay que recordar que nosotros tenemos un compromiso internacional, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y consiste en que todo lo relacionado con derechos fundamentales tiene que tramitarse a través de un recurso célere y sencillo”, enfatizó.
Desde 2017, la Sala Constitucional tiene poco más de 140 funcionarios para gestionar y analizar 30.000 expedientes al año, aproximadamente.
“Hay un aumento constante y sostenido en el tiempo. Cada día ingresan más asuntos de salud, es como un síntoma de que algo no está funcionando bien”, subrayó Castillo.