El 29 marzo de 2019, cuando Marta Esquivel Rodríguez fungía como magistrada suplente de la Sala Constitucional, redactó una sentencia en la que se ordenó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) elaborar un sistema de gestión integral para “solventar” las listas de espera para cirugías y citas médicas con especialistas, entre otros.
Los plazos de espera bajaron levemente, pues entre abril y agosto pasaron de 533 días en promedio a 489 días.
Según el expediente 18-014499-0007-CO, instruido por la entonces jueza constitucional, la Caja debía contar con esa herramienta en seis meses.
A la fecha, la entidad de la que ahora Marta Esquivel Rodríguez es presidenta ejecutiva no ha cumplido con el mandato del alto tribunal.
En el fallo, se dispuso que el sistema debía incluir plazos de espera razonables por patología, por niveles de urgencia o la condición del paciente.
También pidió precisar los “criterios objetivos” para incluir a personas en las listas de espera, fijar un cronograma de trabajo, los nombres de los funcionarios responsables de cada tarea dentro del plan de trabajo, indicadores de gestión y mecanismos de verificación.
Nada de eso ha sido presentado, como confirmó Fernando Castillo, magistrado presidente de la Sala.
“En el expediente judicial aún no se ha presentado ese plan de gestión integral de listas de espera”, declaró Castillo en una entrevista con La Nación.
En otras palabras, han transcurrido 54 meses desde que la Sala Constitucional ordenó crear un programa para reducir los tiempos que esperan los pacientes por cirugías, exámenes médicos y diagnósticos, pero la Caja aún no cumple la disposición.
En todo ese tiempo, pasaron por la Presidencia Ejecutiva, Román Macaya Hayes (2018-2022), Álvaro Ramos Chaves (2022) y Marta Esquivel Rodríguez. También ocuparon la Gerencia Médica en ese periodo, Mario Ruiz Cubillo, Rándal Álvarez Juárez, Marino Ramírez Carranza y Wilburg Díaz Cruz, quien la ocupa actualmente.
El 4 agosto de 2022, Ramos y Álvarez se presentaron ante los magistrados constitucionales en una audiencia para dar cuenta del cumplimiento.
En esa vista, hubo pocas respuestas concretas sobre el sistema de gestión integrado de listas de espera, pero sí promesas de fortalecer la atención en el primer nivel, es decir en los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).
Anuncio postergado
Desde que Esquivel asumió la Presidencia Ejecutiva de la Caja, en setiembre de 2022, no ha presentado un plan de acción para disminuir los plazos que aguardan los asegurados. Incluso, en julio anterior, la jerarca pidió al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en una conferencia de prensa, posponer por tres meses la entrega de una “solución” para las listas de espera.
El mandatario había dicho el 11 de enero de 2023 que al mes siguiente tendría “anuncios importantes” sobre la atención de listas de espera.
Luego, el 25 de enero, en otra conferencia de prensa, Chaves aseguró que entre febrero y marzo haría un “megaanuncio” sobre cómo acabar con las filas en especialidades médicas. Nada de eso ocurrió.
Desde el martes 10 de octubre, este diario envió varias preguntas a la presidenta ejecutiva de la CCSS, pero no respondió antes del cierre de esta información. También se le llamó a su teléfono celular, pero no contestó.
Entre las interrogantes están por qué la entidad no ha cumplido el mandato de la Sala IV, por qué ha aplazado en varias ocasiones la presentación de un plan para reducir las listas de espera y cuál es el estado actual del sistema de gestión integrada.
Este diario también intentó hablar con los tres exgerentes médicos de la CCSS, pero no contestaron las llamadas.
¿Qué dice la Sala IV?
Fernando Castillo, presidente de la Sala IV, explicó que las listas de espera en servicios de salud son un “problema estructural” que provoca una escalada de recursos de amparo.
Por esa razón, la sentencia redactada por Esquivel Rodríguez, en marzo de 2019, es denominada como una sentencia estructural, el cual pretende que, a través de un plan integral, se le dé una solución al fenómeno.
“En este caso, lo que la Sala esperaría de la Administración Pública es que, por medio de ese plan integral, empiecen a disminuir las listas de espera. De forma tal que la consecuencia sea la no vulneración de los derechos fundamentales”, comentó el magistrado.
Otro objetivo que pretende una sentencia estructural es que, con la aplicación de medidas generales, se reduzca el número de recursos de amparo de personas que reclaman atención pronta en clínicas y hospitales públicos.
No obstante, nada de eso ha sucedido. En el último año las listas de espera aumentaron y los recursos de amparo por reclamos de este tipo superarán las cifras de 2022, según proyecciones del Poder Judicial.
El número de pacientes que aguardan citas con especialistas, procedimientos diagnósticos y cirugías alcanzó este año niveles sin precedentes.
Por ejemplo, la cola en cirugías pasó de 175.630 personas el 1.° de abril a 176.919 al 16 de agosto del mismo año. Con esa cantidad de gente se podría llenar cinco veces el Estadio Nacional.
La lista que más creció fue la de procedimientos diagnósticos (tomografías, mamografías, placas y resonancias, entre otros). Subió de 552.802 asegurados en marzo a 622.018 al 16 de agosto, fecha del último corte. Los plazos promedio de espera subieron significativamente de 146 días en marzo a 355 días en agosto.
Pese al incumplimiento y el aumento en las listas de espera, el magistrado Castillo aseveró que no pueden declarar a la CCSS en desobediencia, pues para hacerlo requerirían que la persona que presentó el recurso de amparo que dio origen a la sentencia estructural en cuestión lo solicite.
“En estos temas la Sala IV no puede actuar de oficio y nosotros no podríamos pronunciarnos en el sentido de que estamos ante un desacato. Generalmente, lo que ocurre es que el recurrente presenta una gestión de incumplimiento (...) En este caso, ni el recurrente ni las autoridades recurridas nos han pedido que se extienda el plazo”, señaló el magistrado.
Agregó que, por falta de personal y recursos, la Sala IV no puede darle un seguimiento proactivo a este tipo de asuntos.
Este año, hasta el 30 de setiembre, habían ingresado 9.349 recursos de amparo relacionados con el derecho a la salud, 529 menos que los recibidos en los 12 meses de 2022.