El gobierno presentará, en las próximas horas, un proyecto de ley que permitiría a las empresas reducir las jornadas laborales de sus trabajadores durante la emergencia por el covid-19, con el fin de evitar despidos masivos.
La propuesta permitiría que, con motivo de la emergencia, los patronos y sus empleados se pongan de acuerdo para reducir el tiempo de trabajo y el salario correspondiente, según la afectación que experimente el negocio.
Por ejemplo, alguien que trabaja tiempo completo podría reducir su jornada a la mitad, con tal de percibir un ingreso mientras persiste el contratiempo. El ajuste no implicaría un rompimiento de la relación laboral ni demandaría al patrono el pago de la indemnización por cesantía.
La medida se levantaría en cuanto acabe la emergencia. A partir de ese momento, se restituirían las condiciones laborales previas, incluyendo la jornada y el salario, sin que el patrono tenga que indemnizar a los empleados afectados.
El periodo de emergencia podría durar tres o cuatro meses.
Sin embargo, si al cabo de la emergencia la empresa no tiene recursos para mantener su planilla, deberá hacer los despidos con todas las garantías que establece la legislación laboral.
De acuerdo con Pilar Garrido, ministra de Planificación, la posibilidad se habilitaría a través de una reforma al Código de Trabajo, la cual se presentaría a la Asamblea Legislativa este miércoles.
"Se podría flexibilizar la jornada de tal manera que los patronos, en acuerdo con sus trabajadores, puedan decidir cómo se van a organizar en el tiempo.
“Quizás eso vaya a implicar una disminución de los ingresos percibidos individualmente, pero por lo menos garantiza la continuidad de las operaciones y que no sean despedidos”, dijo Garrido.
De acuerdo con la jerarca, la medida se activaría en situaciones excepcionales, como el estado de emergencia en el que se encuentra el país por la pandemia del nuevo coronavirus, el cual, hasta este martes, se ha diagnosticado en 50 personas.
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La crisis de escala global, además, ha significado pérdidas significativas para distintos sectores productivos, en particular el turístico, el cual experimenta una reducción masiva en su actividad.
El objetivo del gobierno es que la pandemia no aumente drásticamente la tasa de desempleo en el país, la cual, antes del inicio de la emergencia, superaba el 12%.
Este martes, en una sesión de trabajo con los diputados, Geannina Dinarte, ministra de Trabajo, explicó que el planteamiento para reducir las jornadas laborales.
“Ante la reducción del 20% de los ingresos de empresas, la reducción sería hasta de un 50% de la jornada laboral. Sabemos que en otros sectores, la disminución puede ser mucho mayor”, afirmó Dinarte.
De acuerdo con Garrido, el ajuste en las jornadas laborales se haría por un periodo delimitado.
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“Estamos previendo, según la información científica que nos dan las autoridades sanitarias, que sería por un plazo de tres meses, prorrogable por uno más dependiendo de la curva que vayamos teniendo, que esperamos no sea explosiva porque se supone que las personas nos vamos a cuidar entre todos”, afirmó la ministra.
“De lo que se trata ahora es de garantizar que efectivamente tomamos todas las acciones drásticas para prevenir la destrucción masiva del empleo y que esta crisis vinculada con la pandemia no se convierta en una crisis estructural, que nos vaya a afectar un poco más el crecimiento, la productividad y el desempleo”, afirmó la jerarca.
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La reforma al Código de Trabajo permitiría que la disposición excepcional se pueda volver a utilizar en el futuro, en caso de que el país se enfrente a una nueva emergencia que la amerite.
El proyecto de ley formaría parte de la lista de iniciativas que tramitan esta semana los diputados, de forma exclusiva, para atender las consecuencias económicas derivadas de la pandemia del nuevo coronavirus.
Según Garrido, de forma paralela, el Ejecutivo trabaja en simplificar el proceso administrativo para la suspensión de los contratos de trabajo, el cual utilizan los empleadores cuando por alguna coyuntura especial, se quedan imposibilitados para pagar salarios.
La jerarca explicó que un proceso sumario simplificaría el trámite para las empresas y permitiría que, pasada la crisis, los trabajadores vuelvan a sus labores.
