La abogada Yorleny León Marchena, diputada del Partido Liberación Nacional, lidera un proyecto de ley que plantea liquidar el Fondo de Retiro de Empleados (FRE) de la Caja Costarricense de Seguro Social. El FRE es un sistema de pensión complementario exclusivo de los trabajadores de la Caja, financiado únicamente con el dinero que aportan los asegurados, con problemas de sostenibilidad financiera y con gastos administrativos por más de ¢750 millones anuales.
La propuesta de la legisladora es liquidar el Fondo. Eso significa mantener el pago a los 19.000 pensionados bajo esa modalidad y trasladar a los trabajadores activos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC), como la gran mayoría de empleados del país.
¿En qué estado está la iniciativa de ley? ¿Cuáles son los detalles? León dio una entrevista a La Nación sobre este tema:
– Un informe de Auditoría Interna revela altos costos del Fondo de Retiro de Empleados (FRE) y la ineficiencia en la administración de esos recursos. Solo entre 2009 y 2020 la entidad y los contribuyentes pagaron ¢12.519 millones adicionales con respecto a las aportaciones que hace cualquier patrono en el sector privado. ¿Qué opina usted sobre esta situación?
– Recordemos que con la creación en el año 2000 del ROPC, a partir de la Ley de Protección al Trabajador, se garantiza el derecho a una pensión que refuerce la de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Pero la Caja, en lugar de decidir, desde ese momento, liquidar el Fondo de pensiones de sus empleados, decidió continuar con el mismo, lo que con el tiempo ha demostrado ser una decisión más costosa, de ahí que se hayan registrado gastos adicionales entre 2009 y 2020, por ¢12.519 millones.
“Pero, resulta aún más indignante que a partir del 2021 la Junta Directiva ordenara que la CCSS realice un aporte mayor al FRE y que además, acordara comenzar a contribuir también al ROPC, lo que en seis meses ha representado un gasto adicional de ¢5.000 millones para poderle mantener a los trabajadores de la CCSS dos pensiones complementarias, para que sumen un total de tres pensiones, ya que también tienen derecho a la del IVM, con el agravante que no existe un aporte de parte de los funcionarios para una de ellas”.
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– Usted lidera un proyecto de ley para reformar el FRE. ¿En qué consiste su propuesta?
El proyecto de ley consiste en liquidar el FRE, lo cual significa mantener los pagos a los actuales pensionados y trasladar a los trabajadores activos al ROPC junto con todos los recursos que ya le pertenecen, de aportes pasados. Además, consiste en finalizar este mismo privilegio que tienen los empleados de la CCSS, en otras cuatro instituciones públicas más: ICT, ICE, Banco Nacional y Banco de Costa Rica.
“Para tal efecto, la propuesta prevé un proceso de liquidación ordenado para poder responder a todos los derechos de los trabajadores, así como reducir cualquier impacto que puedan tener las instituciones involucradas, pero que aclaro, sería mayor por cada día que se siga postergando la decisión”.
– ¿Cuál es el estado actual de ese proyecto de ley?
– La iniciativa se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales, sin embargo, no está convocada por el Poder Ejecutivo, así que sería de gran importancia que el presidente de la República lo convoque antes de que finalicen las sesiones extraordinarias para que siga su trámite y que la Comisión proceda con su aprobación. Desde octubre se presentó una moción de texto sustitutivo que atiende las recomendaciones de las instituciones involucradas, para garantizar que el proceso de liquidación sea ordenado.
– ¿Por qué es importante su avance?
Existen dos motivos fundamentales que justifican la importancia de avanzar en la aprobación de la propuesta de ley. El primero de ellos es que, cada día que pasa, implica destinar más recursos públicos para mantener privilegios injustificados para un grupo reducido de funcionarios. El segundo motivo es que estos privilegios ni siquiera cuentan con una sostenibilidad, ya que los diversos estudios actuariales demuestran su inminente quiebra y que su déficit se acrecienta conforme dejamos pasar el tiempo.
“Me parecen que son razones más que prioritarias, considerando el frágil estado de los servicios de salud que brinda la CCSS e incluso la necesidad de recursos que tiene el IVM. En el caso de los bancos comerciales podrían aprovechar estos recursos para ofrecer más productos financieros, que atiendan las necesidades de la economía nacional. Mientras que el ICT podría destinar estos recursos a sus campañas para atracción de turistas”.
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– ¿Usted cree que el proyecto tenga viabilidad política y pueda aprobarse antes del final de esta legislatura?
– El proyecto no solo cuenta con viabilidad técnica, como lo demuestra este informe de auditoría, sino también de viabilidad política si así la Comisión lo decide (...) El trabajo hecho en los últimos meses ha sido minucioso y tomando en consideración los criterios que al respecto han llegado a la Asamblea Legislativa. Lo que falta es simplemente dar el voto afirmativo y que la propuesta también reciba el respaldo en Plenario; los tiempos legislativos perfectamente permitirían que se convierta en Ley de la República antes de que esta Asamblea Legislativa concluya su periodo constitucional.
