La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó incrementar el aporte de la institución al fondo de pensiones de los empleados para alargar la vida de este régimen especial.
Los directos acordaron que la contribución de la entidad será equivalente al 3% de la planilla, en vez del 2% que regía previo al 23 de febrero pasado, cuando se avaló la reforma al Fondo de Retiro de los Empleados (FRE), según consta en el acta 9.158.
La entidad trasladó, el año pasado, ¢18.282 millones al régimen a este sistema. Para este año, con la reforma avalada, el monto se incrementará a los ¢28.001 millones, según las previsiones de la Dirección Actuarial de la Caja.
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El cambio aprobado también incluyó recursos para que el sistema de jubilación pague los gastos administrativos del régimen, pues siempre eran asumidos por el seguro de salud.
El aporte hecho por la CCSS al FRE se financia con las contribuciones obrero-patronales hechas al seguros de salud. Ni los empleados, ni los pensionados por el régimen cotizan al fondo especial.
Para elevar el aporte, la CCSS hizo una redistribución de recursos aportados a otros dos programas, el del Fondo de Capital de Retiro y al Fondo Reserva Institucional de Prestamos. Ambos recibían un 2% de la planilla, ahora solo será el 1%.
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Este régimen especial cuenta con 18.000 pensionados y 56.000 trabajadores con derecho de retiro. Ninguno contribuye al sistema, solo lo hace la CCSS.
Menos pensión
La Junta Directiva también rebajó los beneficios de jubilación para los futuros pensionados.
El tope de pensión será ahora equivalente al 7% del salario promedio de los últimos 240 meses, es decir, las personas recibirán como máximo ¢113.000 por mes.
Antes, el monto máximo de jubilación representaba el 15% del salario de referencia, de los últimos 12 meses, que está establecido en ¢325.000 mensuales.
Los cambios avalados comenzarán a regir una vez que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta.
A partir de ese momento, las condiciones previo a la reforma de jubilación se mantendrán por un plazo de 18 meses, y después aplican los nuevos parámetros.
Las modificaciones al fondo de pensiones se acogieron con siete votos a favor y dos en contra.
La directoras Martha Rodríguez, representante de los trabajadores, y Fabiola Abarca, representante del Gobierno, se opusieron a las medidas.
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“Yo voy a votar en contra de estas reformas. Me parece que son desproporcionadas, disminuir en un 65% el monto de la pensión complementaria, afectando seriamente los intereses de los trabajadores institucionales sin ninguna gradualidad, sin ninguna consideración”, argumentó Rodríguez, según consta en el acta de la sesión de febrero anterior.
María de los Ángeles Solís, representante estatal en la Directiva de la Caja, afirmó que apoyaba los cambios, porque “el camino del FRE era a la quiebra”.
“La reforma le está dando un poco más de vida. Debería hacérsele cambios más drásticos (al fondo), donde el propio trabajador aporte algo a este sistema de pensión”, dijo Solís, según se reseña en el acta de la sesión de Junta.
En tanto, Christian Steinvorth, director del sector privado, comentó que su posición era de eliminar del todo la jubilación adicional dada por la Caja.
“Claramente ha habido mala administración y abusos en este sistema (de pensiones). No sé cuántos años financió el seguro de salud los gastos administrativos del FRE, pues esos gastos son aproximadamente $2 millones al año”, dijo Steinvorth.
La reforma aprobada reducirá el déficit actuarial desde ¢1 billón a ¢532.448 millones, según previó el último estudio hecho al fondo, en marzo del 2020.
Los cambios sí generarán que el momento cuando se agote la reserva sea en el 2050, en vez del 2031.
Rechazo a revaluación
Por otra parte, la Junta Directiva de la Caja descartó efectuar una revalorización y ajustes retroactivos en el monto de la pensión de los actuales jubilados del régimen, pues las “condiciones financieras del Fondo no lo permiten”.
La directora Martha Rodríguez fue la única que votó a favor de elevar la cuantía mensual de los jubilados, pese a que los estudios técnicos de la Gerencia Financiera de la CCSS y la Auditoría Interna recomendó no aplicar ningún aumento.
La última alza en en el monto de las pensiones se realizó en el primer semestre del 2018. En ese momento se incrementaron las jubilaciones en 0,29%, lo que llevó en monto máximo a ¢325.043 al mes.
Desde entonces no se ha efectuado ninguna ajuste, con fundamento en los problemas de sostenibilidad del fondo de retiro.
“Se hicieron estudios actuariales y la recomendación fue no aplicar la revaluación de las pensiones ni su retroactividad de los periodo 2018, 2019 y 2020, considerando que las condiciones financieras actuales del fondo no permiten ajustar las pensiones”, resaltó Luis Diego Calderón, gerente Financiero de la Caja y presidente de la Junta Administrativa del Fondo.
Calderón añadió, según se detalla en el acta 9.158, que debe darse un tiempo para analizar los efectos de la reforma al régimen, antes de analizar si es posible incrementar los montos de las pensiones.
Luis Guillermo López, director de la Dirección Actuarial de la entidad, dijo que el incremento en la cuantía de los jubilados deben hacerse solo si la realidad financiera lo permite.
López consideró que no es consistente promover una revalorización en un régimen que no está bien en su sostenibilidad.
