El régimen especial de pensiones de los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), financiado por aportes obrero-patronales, tiene un “enorme hueco” actuarial y será incapaz de cumplir con el pago de beneficios dentro de una década.

Así se detalla en la más reciente Valuación Actuarial del Fondo de Retiro de los Empleados de la CCSS (FRE), de junio anterior, del cual La Nación tiene copia.

El estudio determinó que el déficit del sistema, sin ningún tipo de reforma, se ubica en un rango de entre ¢760.000 millones y ¢1,2 billones.

“Hay un enorme hueco que no permitirá al Fondo financiar al 85% de las promesas hasta ahora devengadas”, determinó el estudio realizado por la Dirección Actuarial y Económica de la institución autónoma.

Este fondo complementario entró en problemas desde el 2018, cuando comenzó a utilizar los intereses de las inversiones para pagar jubilaciones.

Las proyecciones del informe de sostenibilidad muestran que, para el 2021, el sistema comenzará a comerse su reserva, la cual se agotará en el 2030, según las previsiones.

El informe recomendó elevar el aporte patronal al régimen, desde el actual 2% del costo de la planilla de la Caja, a 3%.

Sin embargo, el equilibrio real se lograría con una contribución de 7,18% sobre el salario de cada trabajador, y sería necesaria comenzar a partir de este mismo año, advierte el estudio.

Ni los trabajadores ni los jubilados contribuyen al régimen y, hasta el momento, no hay ninguna propuesta formal para que empiecen a hacerlo.

El informe también propuso modificar el cálculo del monto de pensión para que en vez de ser el equivalente a un porcentaje entre el 5% y el 15% del promedio de los últimos 24 salarios, se haga con los últimos 240 sueldos, tal como en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Tales medidas ampliarían la vida de la reserva hasta el 2057, pero se mantendría un déficit actuarial de ¢640.000 millones.

Carlos Alfaro, gerente Financiero de la Caja y presidente de la Junta Administradora del FRE, reconoció que en el corto plazo no es posible revertir el escenario descrito en el estudio actuarial.

Alfaro confirmó que se creó un grupo de trabajo, entre la institución y los empleados, para estudiar nuevas posibles fuentes de financiamiento y corregir los problemas en el mediano y largo plazo.

Álvaro Ramos, superintendente de Pensiones, criticó que la CCSS conocía de la situación del fondo desde hace varios años, y el desbalance actuarial es consecuencia de no actuar a tiempo.

“Dado que el patrono ya aporta lo lógico es, si no quieren hacer una reducción de beneficios muy radical, que entonces los empleados deberían empezar a cotizar”, señaló Ramos.

El régimen complementario cerró el 2018 con una reserva de ¢202.790 millones, un total de 16.851 pensionados y 55.337 trabajadores afiliados.

LEA MÁS: Caja toma dinero del IVM para pagar pensión especial a sus empleados

Alarma excepcional

La situación del régimen es tan grave, que los encargados del estudio establecieron una nota denominada Opinión de los actuarios responsables, en la cual hacen una alerta especial a los administradores del Fondo.

“A la luz de los resultados obtenidos en los escenarios planteados se tiene que, bajo los beneficios y aportes establecidos en la reglamentación actual, el FRE NO TIENE SOLVENCIA ACTUARIAL (el destacado viene del original)”, se detalla en el informe.

La llamada de atención señala que las modificaciones al régimen deben ser de fondo, tanto por la vía de ingresos frescos como en el perfil de los beneficios.

LEA MÁS: Auditoría interna urge a la Caja salvar pensiones de sus empleados

Además recomendó un control en los gastos para que el otorgamiento de beneficios sean acordes con los aportes hechos al FRE.

“Bajo la reforma propuesta si bien hay una mejora significativa en el nivel de solvencia, el Fondo seguirá en un estado de insolvencia actuarial, a menos de que se le introduzcan mayores cambios”, se describe en el estudio hecho por los actuarios Ronald Cartín e Ignacio Bustamante.

Cartín es el actual director Actuarial de la CCSS y fue también el encargado del estudio y recomendaciones para dar sostenibilidad al fondo de pensiones del Poder Judicial.

Detonantes de deterioro

Las dificultades en el fondo complementario del Caja se deben al sostenido incremento de nuevos pensionados.

En la década comprendida entre el 2009 y el 2018, la tasa de crecimiento promedio de jubilados fue de 6,6%.

De 9.445 pensionados del régimen se pasó a 16.851, en dicho periodo, casi el doble, según se detalla en el informe.

El efecto de ese crecimiento se reportó de manera más contundente en el pago en los montos de pensiones.

El estudio actuarial muestra que, en la última década, el beneficio promedio otorgado se duplicó, pues pasó de ¢54.299, en el 2009, a ¢122.196 durante el año pasado.

“Es importante destacar, que de las pensiones otorgadas al 31 de diciembre del 2018, un 7,26% (1.223 personas) de ellas, el monto corresponde al fijado como monto máximo de pensión vigente de ¢324.120“, recalca el informe.

Los jubilados con el monto máximo de beneficio laboraron en la institución 35 años o más y el monto otorgado representa el 15% del salario referencia.

Entrevista

Gerente Financiero de la Caja: ‘Cualquier reforma involucra a los trabajadores’

Carlos Alfaro, gerente Financiero de la CCSS y presidente de la Junta Administradora del FRE, reconoció que en el corto plazo no es posible revertir el deterioro del régimen de jubilaciones de los trabajadores de la entidad autónoma.

Por tal razón, entre la Caja y trabajadores negocian la búsqueda de medidas para fortalecer el sistema en el mediano y largo plazo.

– El estudio concluyó que el fondo tiene un “enorme hueco” actuarial, ¿qué hará la Junta Administradora?

– Ha tomado acuerdos para mejorar la sostenibilidad y solvencia del fondo. Estas recomendaciones deben seguir un proceso de discusión y aprobación por parte de la Junta Directiva de la Caja y una consulta a los gremios sindicales, respetando el marco de legalidad vigente.

– El FRE no tiene solvencia actuarial, incluso con la reforma propuesta no se logra el equilibrio. ¿Es posible revertir este escenario tan drástico?

– En el corto plazo no. Las decisiones que se tomen deben entenderse en una perspectiva de mediano y largo plazo que en resumen busque alcanzar el objetivo de sostenibilidad y solvencia para el fondo.

– El estudio recomendó modificar la referencia de cálculo del beneficio de 24 últimos salarios a 240 últimos salarios y subir el aporte patronal, del 2% de la planilla al 3%. ¿Se acogerán dichas recomendaciones?

– Cualquier reforma o recomendación debe ser analizada según el procedimiento establecido a nivel institucional en el cual se involucra la representación de los trabajadores y la representación patronal.

–¿Se estudia la posibilidad de crear un aporte de los trabajadores y pensionados al FRE?

– Una de las recomendaciones del estudio actuarial establece la conformación de un grupo de trabajo para estudiar nuevas posibles fuentes de financiamiento. Dicho grupo ya está integrado por representación patronal y de los trabajadores, y se debe avocar a considerar esta y cualquier otra posibilidad de mejora.

– Si la reserva se agota en 2030, ¿tiene la Caja responsabilidad solidaria de cumplir con el pago de beneficios a las personas jubiladas y a los trabajadores?

– En caso extremo habrá que estudiarlo conforme lo establece el marco legal vigente, entiéndase la Ley Constitutiva de la CCSS, el Reglamento del Fondo de Retiro de Empleados y la Ley de Protección al Trabajador, entre otros.

– El Superintendente de Pensiones criticó que los administradores del FRE han sido omisos en la búsqueda de soluciones a la situación del Fondo. ¿Por qué no se han tomado decisiones a tiempo?

– La reciente presidencia del Fondo ha mantenido una permanente y abierta comunicación con la Superintendencia de Pensiones para atender los retos actuales. En esa línea de comunicación se ha informado de las acciones propuestas que encaminen, en el mediano y largo plazo, la solvencia del fondo.