Una decisión de la Junta Directiva de la CCSS permitió que los 60.000 funcionarios consiguieran desde marzo del 2021 dos sistemas de pensiones complementarias y no uno, como casi todos los trabajadores en el país. Los fondos de pensiones complementarias son reservas individuales o colectivas que le permiten a las personas mejorar su pensión a la hora de retirarse.
El financiamiento de esas dos pensiones complementarias en la CCSS sale de un porcentaje de las cuotas obrero-patronales pues, en marzo, la Directiva decidió aumentar de un 2% a un 3% la contribución para el Fondo de Retiro de Empleados (FRE), creado por ley en 1983. Pero, adicional, los directores acordaron dar aportes de 1,5% de los salarios totales para el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC).
Los cambios aprobados por la Junta le costaron a los contribuyentes, según el informe ASF-163-2021, emitido por la Auditoría Interna en diciembre, ¢4.500 millones solo entre marzo y agosto del año pasado. En promedio, se trasladan ¢750 millones por mes para las pensiones complementarias de los empleados de la Caja; esa cifra puede subir o bajar de acuerdo con el comportamiento de la planilla.
Los aportes de 1,5% de la Caja al ROPC no existían antes de marzo de 2021. Esto debido a que los empleados de la misma institución habían decidido, en referendo interno, mantenerse solo en el FRE. La Ley de Protección al Trabajador, que creó el ROPC en el 2000, dispuso en su artículo 75 que aquellas entidades públicas o privadas que tuvieran un sistema de pensión complementaria podían conservarlo y, el patrono, en este caso CCSS, podría continuar aportando a ese sistema. Normalmente, un patrono común contribuye al ROPC con el 1,5% del total de salarios de cada trabajador.
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Actualmente, otras cuatro instituciones tienen su propio sistema de pensión complementario, también financiado con fondos públicos. Se trata del Banco Nacional (BN), el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
En cuanto a la CCSS, el año pasado, tras una reforma al Reglamento del FRE y un ajuste a la Ley de Protección de los Trabajadores, las autoridades institucionales ampliaron los beneficios.
De acuerdo con la Auditoría Interna, si la Caja solo aportara al ROPC, como lo hace el resto de patronos del país, ahorraría miles de millones al año. Por ejemplo, el análisis de los auditores indicó que, entre marzo y agosto de 2021, las transferencias al FRE y al ROPC representaron ¢20.679 millones. Si solo pagara al ROPC, como el resto de empleadores, esa cifra hubiese sido ¢8.092 millones.
A los ¢20.679 millones se deben sumar los traslados que hace la entidad para el Fondo de Capitalización Laboral de cada trabajador; ese rubro también fue de ¢8.092 millones entre marzo y agosto de 2021.
Defensa
Los dineros que salen de la CCSS hacia el Fondo de Retiro de Empleados (FRE) y hacia el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC) no son deducciones hechas a los trabajadores, provienen de los recursos que paga cada asegurado. Eso quiere decir que si la institución ofreciera solo uno de los dos beneficios, tendría más dinero para invertir en instalaciones de atención a pacientes, agilizar los servicios, contratar personal, invertir en capacitación o equipos.
A pesar de esas circunstancias, Gustavo Picado, gerente financiero de la CCSS y presidente de la Junta Administrativa del FRE, defendió el Fondo. El primer argumento es que está fundamentado en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de la institución y existe desde 1983. El segundo es que, en 1999, antes de la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador, hubo un referendo entre los funcionarios para decidir si continuaban con ese sistema o se acogían a las disposiciones de la nueva normativa y la decisión fue conservar el FRE.
“Se mantuvo tal cual a pesar de la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador por un referendo que hubo a lo interno de la institución y así fue cómo los trabajadores lo acogieron y, en su momento, la Junta Directiva respaldó esa decisión y ha venido operando en esos términos desde el año 2001 hasta la fecha”, afirmó Picado.
Además, según Picado, los ajustes hechos por la Junta Directiva el año pasado son positivos, pues el FRE tendrá “sostenibilidad a largo plazo”.
“La Junta Directiva aprobó una serie de reformas, que fueron publicadas en marzo de 2021, en las que se modificaron los parámetros que se utilizan para calcular el monto de pensión que le corresponde a cada trabajador por el Fondo de Retiro de Empleados. Hasta ese momento la pensión se calculaba sobre los últimos doce salarios, ahora será a partir de los últimos 240 salarios indexados y, además, la tasa de beneficio era del 15% y con la reforma pasó a ser únicamente de 7%. Esas medidas se adoptan porque, efectivamente, el fondo se ha ido madurando, tiene cada vez más pensionados y la relación con los trabajadores activos va disminuyendo. Entonces, se tuvieron que tomar medidas para darle sostenibilidad a largo plazo al FRE”, subrayó el gerente.
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La reducción porcentual mencionada por Picado es clave para entender que el FRE no solo afecta a las arcas de la CCSS, también golpea el bolsillo de los empleados, ya que para darle sostenibilidad se redujo el porcentaje que recibiría el pensionado a la hora de retirarse. No es la primera vez que eso pasa; en 2011 se hizo lo mismo con tal de mantener con vida ese privilegio.
Un ejemplo para explicarlo mejor: el análisis de la Auditoría Interna señaló que un empleado de la CCSS que se retiraba en 1986 con un salario de ¢900.000 al mes recibía del FRE ¢270.000 mensuales. En aquel entonces obtenía un 30% como tasa de beneficio. En 2011 bajó al 15%, por lo tanto, una persona que ganara ¢900.000 se iba con ¢135.000 mensuales y con la disminución al 7% percibe solo ¢63.000 por mes. Esas cifras se suman a la pensión del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte.
Según los registros oficiales, en la actualidad, aproximadamente 19.000 personas reciben pensión del FRE.
Picado reconoció que, bajo estas condiciones, podría resultar más beneficioso para los trabajadores activos que los aportes no sean trasladados al FRE, sino a una operadora de pensiones convencional.
“Con las reglas anteriores (a marzo de 2021) la inyección al FRE podía continuar siendo más rentable que trasladar los recursos al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, pero a partir de las nuevas reglas podría ser que las decisiones de los trabajadores cambien, porque efectivamente los parámetros ahora son más rígidos y rigurosos. Los montos que se van a recibir (a la hora del retiro) son muchos menores a los que se percibían anteriormente”, comentó Picado.
Miles de millones
La Auditoría Interna de la CCSS también cuantificó cuánto le costó a la Seguridad Social la reserva especial de retiro de sus empleados entre 2009 y 2020; los fiscalizadores utilizaron ese plazo porque es el que ofrecía datos más confiables para los cálculos.
El estudio definió que, en esos 11 años, la Caja pagó ¢168.500 millones, pues daba el 2% de las planillas ordinarias para el FRE y añade que si hubiesen pagado el 1,5% al ROPC –como el resto de empleadores del país– las transferencias hubiesen sido de ¢155.900 millones. En otras palabras, el ahorro hubiese sido de ¢12.600 millones.
“El estudio permitió identificar diferencias significativas entre los recursos que la Institución aportó y aportará al Fondo Retiro de Empleados en comparación con las erogaciones que hubiese debido efectuar si los aportes se dirigieran a Operadoras de Pensiones Complementarias”, dijo la Auditoría Interna en su informe.
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