La reforma al régimen de pensiones de los empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aprobada en febrero anterior, resulta insuficiente para brindarle sostenibilidad.
El más reciente estudio actuarial al Fondo de Retiro de Empleados de la CCSS (FRE) estimó que el sistema mantiene un hueco de ¢390.591 millones y es incapaz de financiar el pago de las jubilaciones futuras al 30% de los trabajadores actuales.
La Valuación Actuarial al FRE, del pasado 21 de marzo, muestra que el déficit se redujo, pues al 2019 era de ¢1 billón. Sin embargo, el régimen aún carece de solvencia a largo plazo.
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“La implementación de la reforma propicia una mejoría en los indicadores de solvencia del Fondo, pero es susceptible a cambios en las variables que lo afectan directamente”, se reseña en el estudio.
El análisis, hecho por la Dirección Actuarial de la CCSS, subrayó que es vital una fiscalización rigurosa de los gastos administrativos y de la gestión de las inversiones del régimen.
Además de las políticas salariales y de contratación de nuevo personal en la institución autónoma, pues tendrán un impacto en los ingresos y los gastos futuros del sistema.
Este régimen es financiado de manera exclusiva por la Caja, ni los pensionados ni los trabajadores actuales aportan dinero para la pensión adicional que recibirán al momento de su retiro.
La institución autónoma financia la contribución al régimen con los pagos mensuales que hacen los patronos, trabajadores y el Estado al seguro de salud.
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Gustavo Picado, presidente de la Junta Administradora del FRE, descartó que en el mediado plazo se propongan nuevos cambios al fondo de pensiones.
“La reforma tiene una transición de 18 meses, mientras tanto, en términos de beneficios la gente saldrá con las mismas condiciones (previo a la reforma). Entonces hoy, ni en los siguientes meses se verá un efecto importante”, destacó Picado.
El funcionario añadió que los efectos financieros y actuariales se verán hasta cuando las medidas adoptadas se apliquen.
La Junta Directiva de la CCSS aprobó, el 23 de febrero pasado, la reforma y las nuevas reglas comenzarán a regir hasta enero del 2023.
Entre los cambios destacan el incrementar la contribución al fondo al 3% de la planilla, en vez del 2%.
Tal modificación implicará que el aporte anual al sistema sea de ¢28.000 millones, en este año, en lugar de los ¢18.200 millones del 2019, según la estimación de la entidad pública.
Adicionalmente cambió la fórmula de cálculo y el monto máximo a recibir por los futuros jubilados.
El tope de pensión será ahora equivalente al 7% del salario promedio de los últimos 240 meses, es decir, las personas recibirán como máximo ¢113.000 por mes.
Antes, el monto máximo de jubilación representaba el 15% del salario de referencia, de los últimos 12 meses, que está establecido en ¢325.000 mensuales.
Este régimen especial cuenta con 18.000 pensionados y 56.000 trabajadores con derecho de retiro.
Por otra parte, la Junta Directiva de la Caja descartó efectuar una revalorización y ajustes retroactivos en el monto de la pensión de los actuales jubilados del régimen, pues las “condiciones financieras del Fondo no lo permiten”.
La última alza en el monto de las pensiones se realizó en el primer semestre del 2018. En ese momento se incrementaron las jubilaciones en 0,29%, lo que llevó en monto máximo a ¢325.043 al mes.
Diversos escenarios
El estudio actuarial realizó una revisión del FRE en diferentes escenarios para conocer su sostenibilidad. En cada caso se hizo una estimación a un plazo de 100 años.
En la revisión con población cerrada, es decir con los trabajadores y pensionados al 31 de diciembre del 2020, se estima un déficit actuarial de ¢340.591 millones.
Para nivelar dicho desequilibrio se requeriría que el aporte mensual al FRE sea equilevante al 4,62% del pago de la planilla mensual de la Caja.
El estudio determinó que el fondo solo es capaz de financiar el 70% de las pensiones prometidas a las beneficiarios.
El escenario con grupo cerrado es el que la Superintendencia de Pensiones (Supén) obliga a todos los administradores de regímenes efectuar cada año, pues permite tomar medidas para corregir el faltante de recursos.
En el escenario de beneficios devengados el régimen reporta un déficit actuarial de ¢647.572 millones y es incapaz de financiar el 75% de las promesas de jubilación.
El balance con beneficios devengados hace una estimación de la cuantía de los beneficios de los pensionados y los afiliados actuales.
En el análisis de escenario abierto, tomando en cuenta el ingreso constante de nuevos empleados, el sistema tendría un superávit actuarial de ¢236.534 millones.
Dicha estabilidad se logra únicamente si cada año las pensiones solo tienen una revalorización del 50% de la inflación, lo cual genera un freno en el gasto futuro del sistema, se explica en el estudio.
La valuación lanzó varias advertencias en temas como la necesitad de monitorear los rendimientos de las reservas del FRE.
“La revaluación de las pensiones en curso de pago y las futuras pensiones que otorgue el fondo en el 100% de la inflación, generaría un deterioro en los indicadores de solvencia, al punto que las promesas actuales y futuras no podrían ser respaldadas”, se detalla en el documento.
A marzo pasado, el Fondo de Retiro de la Caja reportó una reserva de ¢220.000 millones, según sus estados financieros.