EscucharLa Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó despedir sin responsabilidad patronal a seis trabajadores por la compra irregular de 12 millones de mascarillas por $4 millones a un contador público y a una empresa de comunicación política de una periodista española.
Los sancionados son empleados de mandos medios, entre ellos dos asesores de la Gerencia de Logística, tres personas con cargos de jefatura y una analista. Les atribuyen desde falta al deber de probidad, controles internos, intervención indebida en el proceso e incluso manipulación de un documento.
La Caja abrió la investigación administrativa luego de que un reportaje de La Nación, de agosto de 2020, diera a conocer que los contratistas fueron inscritos en el registro de proveedores de la CCSS a pocas horas del inicio del concurso, sin tener experiencia y sin cumplir requisitos técnicos.
Además, de acuerdo con el expediente de la contratación, el contador y la periodista incumplieron de forma parcial y total con las entregas, lo cual comprometió el abastecimiento de mascarillas justo cuando el personal de centros médicos enfrentaba momentos críticos de atención de la pandemia de covid-19.
Según los registros del acta 9.360 de la sesión de Junta Directiva, realizada el 31 de agosto, las seis personas despedidas sin responsabilidad patronal son Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera, asesores de la Gerencia de Logística. También Miguel Salas Araya, ahora exdirector de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, y Maynor Barrantes Castro, jefe de Adquisición de Bienes y Servicios.
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En febrero de 2021, Hans Vindas Céspedes, asesor del entonces gerente de Logística, Luis Fernando Porras, tuvo que comparecer ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos para responder sobre la compra de mascarillas. (Jose Cordero)
También dos trabajadoras de apellidos Quirós y Díaz. Una es jefa de la Subárea de Insumos y, otra, analista administrativa.
Los despidos ya fueron notificados a los funcionarios y remitidos a la Comisión de Relaciones Laborales, la cual deberá llamar a las partes (trabajadores y patrono) a una audiencia de conciliación.
En el caso de que no lleguen a un acuerdo, el asunto pasará a la Junta de Relaciones Laborales, que tendrá 45 días para emitir un informe al respecto y remitirlo de nuevo a la Junta Directiva para una decisión final.
No obstante, el informe que emita la Junta de Relaciones Laborales no es vinculante, es decir, que si decidiera no respaldar los despidos, la última palabra la tiene la Junta Directiva, la cual, ya acordó las destituciones.
La oficina de prensa de la CCSS confirmó el 19 de setiembre que trasladó los expedientes disciplinarios a la Comisión de Relaciones Laborales.
En el acta del 31 de agosto también se determina la sanción de despido sin responsabilidad patronal para Luis Fernando Porras, quien fungía como gerente de Logística al momento en que se dieron los hechos investigados. En este caso, se decidió dejar constancia del castigo en el expediente laboral, pues Porras renunció al cargo desde octubre de 2021.
La Nación contactó a Vindas Céspedes para conocer su posición ante la sanción que se le aplicó de despido sin responsabilidad patronal. Sin embargo, colgó la llamada al saber que hablaba con un periodista.
La analista Díaz, por su parte, reconoció que ya fue notificada, pero prefirió no hacer comentarios.
Miguel Salas Araya no contestó las llamadas o mensajes enviados a su teléfono celular y Maynor Barrantes Castro no respondió las consultas enviadas a su correo electrónico antes del cierre de esta información.
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En abril de 2020, Hans Vindas (centro) estuvo en el aeropuerto Juan Santamaría junto a Luis Fernando Porras, gerente de Logística y Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS para recibir un vuelo con donaciones.
¿Por qué los despiden?
A Hans Vindas Céspedes la entidad decide despedirlo porque, según la investigación administrativa, se demostró que “manipuló las proformas previas”. Además, se constató que intervino en etapas del proceso de compra que no le correspondían para actuar en favor de la periodista Miren Martínez Ruiz y del contador David Landergren Castro.
También omitió declarar que Axel Landergren Castro, hermano de David Landergren Castro, fue quien presentó las declaraciones de impuestos de 2018 y 2019 de Inversiones Vinro 2016, una sociedad anónima presidida por Vindas desde 2016. Esa sociedad es dueña de un gimnasio en La Guácima, Alajuela.
Ese ligamen fue confirmado por el Ministerio de Hacienda al diario La Nación en diciembre de 2020.
De los $4 millones para mascarillas, Landergren Castro recibió un contrato por $2,1 millones (¢1.123 millones al tipo de cambio actual).
Según el acuerdo de Junta Directiva, Vindas Céspedes cometió faltas contra el deber de probidad y control interno.
Conductas similares se le atribuyen a la otra asesora de la Gerencia de Logística, María Díaz Rivera, quien era la abogada principal de esa oficina.
La pesquisa concluyó que a pesar de sus conocimientos en Derecho, Díaz revisó y avaló la millonaria compra de mascarillas sin detectar o advertir las irregularidades en el proceso. Ella, según las conclusiones, tenía la obligación de ser un filtro antes de la adjudicación.
Sobre Miguel Salas Araya, exdirector de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, determinaron que no cumplió con el deber de vigilancia e “incurrió en faltas de control interno”.
Por ejemplo, el proceso de contratación de los 12 millones de mascarillas se inició el 12 de mayo de 2020 y fue adjudicado el 27 de mayo de ese mismo año. Sin embargo, una certificación en poder de este medio de comunicación demuestra que MR Comunicaciones Políticas, la firma propiedad de la periodista Martínez Ruiz, mantuvo una deuda de ¢38.038 con la Seguridad Social hasta el 25 de mayo de 2020, lo cual le impedía participar de contrataciones públicas.
En esa oportunidad, Martínez Ruiz reconoció que canceló lo adeudado esa misma fecha gracias a una advertencia hecha por la CCSS.
A Barrantes, Quirós y Díaz los despiden porque, según la Junta Directiva, cometieron faltas al deber de cuidado al permitir la participación de proveedores de forma irregular.
En 2020, tras las publicaciones de La Nación, Román Macaya, entonces presidente ejecutivo de la CCSS, defendió la actuación de Porras y su equipo. No obstante, días después, la Gerencia General tuvo que abrir una investigación contra los funcionarios involucrados y separarlos de sus cargos temporalmente mientras avanzaban las averiguaciones.
Actualmente, la CCSS también tramita otros dos expedientes disciplinarios relacionados con la compra aparentemente irregular de mascarillas. Sobre esas investigaciones no se conocen detalles.
Las millonarias compras de cubrebocas a favor de la periodista, el contador y otras empresas también son investigadas por el Ministerio Público. En febrero pasado realizaron allanamientos en oficinas públicas, casas de funcionarios y contratistas en relación con la causa judicial.
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Diego Bosque
Ejerce periodismo desde 2010. Se especializa en investigar compras públicas y uso de recursos estatales. En 2020 recibió mención de honor del Premio Nacional de Periodismo por revelar compras irregulares de CCSS durante la pandemia, en 2021 recibió el Premio Nacional de Periodismo por destapar el robo de la droga fentanilo de hospitales públicos.
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