El 60% de las compras urgentes de mascarillas quirúrgicas descartables realizados por la CCSS durante la pandemia terminaron en manos de un “consorcio” integrado por un contador público, una psiquiatra y la madre de esta, quien es abogada.
Se trata de David Landergren Castro (32 años), contador público; Rebeca Fernández Cordero (37), psiquiatra que laboró en la CCSS entre 2009 y 2017; y su madre, Hazel Cordero Bogantes (65), profesional en Derecho con experiencia en contratación administrativa y representante en el país de varias firmas chinas, entre ellas Sinohydro.
Estas personas, quienes admiten conocerse y haber firmado un acuerdo de “consorcio privado”, recibieron tres contratos por $2,5 millones para el suministro de 8.130.000 cubrebocas sin tener experiencia en la venta o distribución de ese producto. Dichos contratos se otorgaron entre mayo y julio.
A pesar de la urgencia con la que fueron encargadas esas mascarillas, a la fecha la Caja solo ha recibido el 62% de la mercancía, clave para proteger al personal de clínicas y hospitales del contagio de la covid-19.
La información se desprende de una revisión realizada por La Nación de los expedientes de contratación pública 2020CD-000093, 2020CD-000174 y 2020CD-000181, los archivos de ejecución de órdenes de compra, consultas a la oficina de prensa de la CCSS y a los contratistas involucrados.
La primera compra de emergencia fue adjudicada a ese “consorcio” el 27 de mayo. Ese día la Gerencia de Logística de la Caja le encargó 7 millones de mascarillas a Landergren por $2,1 millones.
La segunda se adjudicó el 9 de julio por $85.000 correspondientes a 200.000 tapabocas a favor de Fernández Cordero bajo el expediente 2020CD-000174.
La tercera, el 22 de julio, por $395.000, para 930.000 unidades también a nombre de la psiquiatra relacionadas al expediente 2020CD-000181.
En total, la CCSS ha abierto cinco procesos de compras urgentes, donde resultaron adjudicados MR Comunicaciones Políticas, de la periodista española Miren Martinez Ruiz ($3,45 millones) y la firma Interconsultoría de Negocios IBT.
24 horas
En la transacción por $85.000 con la psiquiatra Rebeca Fernández Cordero, la CCSS adjudicó en un proceso que tardó menos de 24 horas, sin hacer estudio de razonabilidad de precios, sin invitar otros oferentes y en el mismo día que la médica se inscribió como proveedora.
Además, consta en la documentación pública, que la Comisión Técnica ad hoc avaló los tapabocas sin tener las muestras a la vista, pues la aprobación fue firmada el 12 de junio y las muestras ingresaron casi un mes después, el 9 de julio a las 10:19 a. m.
La entidad pasó por alto esos requisitos, según Miguel Salas, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios, porque enfrentaban “un momento excepcionalísimo” debido a la emergencia provocada por la pandemia y la escasez de mascarillas.
La razonabilidad de precios es una de las condiciones de la Contraloría General de la República (CGR) al autorizar compras de urgencia.
“Deberá existir un análisis de razonabilidad de precios que deberá ser suscrito por un funcionario competente”, expresó la CGR en el oficio 10227 del 4 de julio.
Precisamente, ese es el oficio que utilizó Salas para justificar las operaciones otorgadas a Fernández Cordero.
¿Por qué se saltó la CCSS ese requisito solicitado por el ente contralor? “Estamos ante una situación donde el interés público sobrepasa el interés de la Administración como claramente lo establece la Ley de Contratación Administrativa. Como lo digo en mi resolución, el interés por la vida sobrepasa las situaciones y en una compra de excepción la administración puede omitir alguno de los pasos”, respondió Salas.
Agregó que, durante la pandemia, este es el único caso en el que omitieron hacer estudio de razonabilidad de precios.
Otro motivo para adjudicarle de emergencia a Fernández Cordero fueron los incumplimientos en la entrega de mascarillas por parte de varios proveedores, entre ellos Landergren.
“Resulta claro que estábamos ante un momento excepcionalísimo y no podemos comparar todas las compras en forma igual. Como ya lo indiqué, este servidor realiza una resolución para comprar directamente a un proveedor (a la psiquiatra) que tenía en el país un producto para entrega inmediata y no requería tiempo de importación”, aseveró Salas.
Una investigación de este diario, publicada el 4 de agosto, reveló supuestas irregularidades en la adjudicación de $2,1 millones.
El caso desembocó en la apertura de una pesquisa por parte del Ministerio Público y en la decisión de la Gerencia General de la Caja de suspender con goce de salario a Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística y a dos de sus asesores, Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera, mientras se desarrollan las indagaciones.
LEA MÁS: Caja contrata compra urgente de $4 millones en mascarillas a dos proveedores inexpertos
También una comisión de la Asamblea Legislativa indaga esa compra.
‘Grupo empresarial’
De acuerdo con el expediente de contratación 2020CD-000093, el 13 de mayo a las 8:39 a. m., Fernández Cordero envió a Laura Díaz Agüero, funcionaria del Área de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS, un correo con cuatro opciones de mascarillas provenientes de China para un procedimiento de compra urgente.
En esa comunicación inicial, la psiquiatra copió a Landergren y a su madre, Hazel Cordero Bogantes, abogada de 65 años.
FUENTE: Expediente administrativo 2020CD-000093 || DISEÑO / LA NACIÓN.
Días después, el 19 de mayo, a las 8:04 a. m., la abogada Cordero Bogantes intervino y escribió a la Caja para ofrecer una mejora en el precio de cada mascarilla y en los tiempos de entrega.
“Hemos presentado, a través de don David Landergren, varias ofertas de mascarillas y en la última solicitud de confirmación de oferta, logramos con muchísimo esfuerzo 0,31 centavos de dólar por mascarilla y un plazo de entrega de una semana y luego quince días”, manifestó.
Frente a la diversidad de interlocutores, la CCSS pidió una aclaración sobre la relación entre Landergren, Fernández y Cordero.
El 19 de mayo, a las 5:57 p. m., Landergren remitió a la entidad pública una declaración jurada en la que afirma que conforma un “consorcio” y “grupo empresarial” junto a Investment and Business Global Group IBG, sociedad anónima en la que Cordero Bogantes figura como miembro de la Junta Directiva, en el cargo de secretaria.
Según el Registro Nacional, esa sociedad es presidida por Karl Single, empresario alemán, cuestionado por el Partido Acción Ciudadana por hacerse pasar como funcionario costarricense durante el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Gobierno de China en 2008.
Incluso, la Cancillería de la República desautorizó en aquella oportunidad cualquier gestión del alemán.
“Es por lo anterior que ninguna gestión realizada por el señor Karl Single reviste carácter oficial, ya que el señor Single no es funcionario del Gobierno de Costa Rica”, dijo en una carta el entonces canciller de la República, Bruno Stagno, en una nota del 4 de agosto de 2008 enviada al embajador chino de aquel momento, Wang Xiaoyuan.
Single también fue cuestionado por acompañar al expresidente Luis Guillermo Solís en un viaje oficial a China en enero de 2015.
A título personal
Pese a la existencia de la declaración jurada y lo que indica la Ley de Contratación Administrativa sobre la presentación de ofertas y la participación de consorcios, la CCSS le adjudicó, el 27 de mayo, la contratación de 7 millones de mascarillas por $2,1 millones a David Landergren a título personal.
La Ley de Contratación Administrativa avala la recepción de ofertas bajo la modalidad de consorcio, pero establece que “para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes y los términos de su relación con la Administración que licita”.
Ese requisito, según el expediente de contratación, no se cumplió en este caso.
Otra exigencia es que el reglamento de esa legislación enfatiza que la condición de consorcio “deberá advertirse en la propuesta de manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la documentación de respaldo pertinente”.
Esos elementos deben estar claros, pues, la normativa indica que “los integrantes del consorcio responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte”.
FUENTE: Expediente administrativo 2020CD-000093 || DISEÑO / LA NACIÓN.
Cordero Bogantes reconoció que forma un consorcio junto a Landergren, pero aseguró que en el proceso de contratación mencionado solo operó como “asesora legal”.
No obstante, en el correo enviado el 19 de mayo dijo que plantea ofertas a través del contador, ofrece descuentos, negocia plazos de entrega y persuade a la Caja para convencerlos de que son la mejor opción.
“Don David y la empresa IBG a la cual represento, hemos firmado un acuerdo consorcial interno privado, suscrito a la luz del derecho privado para unir esfuerzos profesionales con el fin de suministrar servicios legales y financieros a los posibles proyectos privados o públicos. Es un apoyo mutuo.
“Como podrá verificarse con vistas al expediente, la oferta de don David fue presentada directamente y a título personal por don David y de hecho así se adjudicó por parte de la CCSS. En ningún momento al haber presentado don David su oferta como persona física se está en presencia de un consorcio”, declaró la abogada ante consultas de este diario.
La Nación le solicitó copias de las facturas por servicios profesionales dados a Landergren, pero expresó, por escrito, que esa petición es “a todas luces inaceptable”.
Por su parte, Fernández Cordero alegó que ella fue contratada por el contador público para revisar la calidad de las mascarillas propuestas y para cumplir labores administrativas relacionadas con el expediente mencionado.
“En primer término deseo indicar, en lo que respecta a la contratación de 7 millones de mascarillas, que conozco profesionalmente al señor David Landergren, quien se destaca como joven empresario y que a raíz de los concursos de equipos médicos promovidos por la CCSS y en razón de mi profesión de doctora en medicina, me solicita asesoría para valorar los equipos de protección personal denominados mascarillas médicas descartables y que él presenta a esa institución, así también me solicita prestarle servicios administrativos, a esos roles se limita mi participación”, respondió la psiquiatra.
LEA MÁS: Proveedora construyó su nexo con CCSS mediante oferta de donación china
Fernández rechazó que ella o su esposo, Luis Diego Vílchez Madrigal, especialista en Otorrinolaringología del Hospital Nacional de Niños, conozcan o hayan sido compañeros de Hans Vindas Céspedes, asesor de la Gerencia de Logística y pieza clave dentro de los procesos de compra de emergencia.
Vílchez Madrigal labora en la Caja, según datos oficiales, desde 2006.
A pesar de la presentación de la declaración jurada, la CCSS sostiene que la oferta de Landergren fue planteada a título personal y por eso adjudicó a favor de una persona física y no de un consorcio.
Este diario llamó y envió mensajes en varias oportunidades a Landergren para obtener su posición sobre este tema, pero no respondió.
Adjudicación relámpago
El 9 de julio, cuando Landergren arrastraba 29 días de atrasos en la entrega de las mascarillas encargadas desde finales de mayo, la psiquiatra Fernández Cordero decide inscribirse como proveedora ante la CCSS y ese mismo día le adjudican el proceso de compra directa 2020CD-000174 por $85.000 para 200.000 tapabocas.
La adjudicación fue firmada por Miguel Salas Araya, director de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la CCSS.
Como puede verificarse en el expediente, en ese procedimiento solo hubo un oferente, no existe evidencia de una invitación a otros proveedores, ni hay constancia de un estudio de razonabilidad de precios para determinar si el importe indicado se ajustaba a las condiciones de mercado.
“Me inscribí como tal, ya que soy costarricense y tanto la Constitución Política y la Ley de Contratación Administrativa me dan el derecho de participar en concursos públicos y con igualdad de trato ante la ley. Cuento también con el apoyo de mi señora madre como asesora legal, ya que su especialidad es la contratación administrativa y tiene una experiencia de treinta y cinco años en ese tema”, expresó Fernández.
Un aspecto relevante es la aprobación técnica de las mascarillas.
Cuando la Caja compra un producto como las mascarillas solicita al proveedor una muestra para evaluarla y determinar si cumple con todas las especificaciones técnicas. Si el diagnóstico es positivo se emite una recomendación favorable y se continúa con el proceso de adjudicación.
Para la adjudicación 2020CD-000174, la muestra fue presentada por la psiquiatra el 9 de julio a las 10:19 a. m., pero el informe de la comisión técnica que da luz verde al producto está firmado el 12 de junio por medio del oficio AGM-CTNC-COVID-125-2020, es decir, casi un mes antes de la presentación de la muestra.
La firma digital presente en el expediente muestra que Soraya Solano Acuña y Nidia Medrano Durán, integrantes de la comisión técnica, suscribieron el aval el 12 de junio a las 3:50 p. m. y a las 2:05 p. m., respectivamente.
FUENTE: Expediente administrativo 2020CD-0000174 || DISEÑO / LA NACIÓN.
¿Cómo lograron los miembros de la comisión técnica, el 12 de junio, revisar una mascarilla cuya muestra fue entregada casi un mes después? ¿Por qué la comisión técnica valoró una oferta de una persona que para el 12 de junio ni siquiera estaba inscrita como proveedora ante la CCSS?
La explicación de la institución es que recibieron la documentación antes que las muestras debido a las complicaciones de transporte internacional para traer los ejemplares.
“En esta pandemia y sobre todo antes del mes de junio, los posibles oferentes, lo que nos podían suministrar era la documentación técnica de respaldo del producto, ya que existía dificultad para traer al país las muestras, considerando la dificultad de transporte que fueron documentadas por los mismos medios de comunicación.
“Pero como en este caso estábamos ante un oferente que su documentación ya se había evaluado, pero además ya tenía en el país el producto, se solicitó se evaluara la muestra para tener mayor certeza”, explicó Salas.
¿En qué folio del expediente consta la revisión hecha con la muestra ya en mano? “Bueno... no está en el expediente ese folio porque son actos preparatorios antes de la toma de decisiones”, añadió el director.
La Nación solicitó, desde el 26 de julio, una entrevista con los integrantes de la Comisión Técnica ad hoc, pero a la fecha no se ha recibido respuesta.
Con respecto a la entrega de las 930.000 mascarillas, el plazo de entrega era de un día hábil, pero la psiquiatra no logró ese compromiso.
Según el reporte oficial, la orden de compra fue emitida el 22 de julio, pero los artículos fueron despachados por completo hasta el 8 de agosto.
En los dos contratos asignados a Fernández Cordero se establecieron periodos de pago que no superan los cinco días.