Tiene 36 años de edad y más 16 años de trabajar en la CCSS, casi todos ellos en la gestión de compras de medicamentos e insumos médicos.
Sobre su espalda carga con tres investigaciones por presuntas irregularidades con proveedores. Una fue desestimada en 2013 y las otras, se encuentran en curso.
Se trata de Hans Vindas Céspedes, el cuestionado asesor de la Gerencia de Logística de la Caja, quien está suspendido de esa cargo, con goce de salario, mientras avanzan las pesquisas en su contra.
A él se le atribuyen aparentes anomalías en millonarias compras de mascarillas y otros aditamentos para proteger al personal de salud, durante la pandemia de la covid-19.
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En específico, se le señala por supuestas gestiones en favor de dos proveedores: MR Comunicaciones Políticas, de la periodista española Miren Martínez Ruiz, y el contador público costarricense, David Landergren Castro. Ambos sin experiencia en el suministro de insumos médicos.
Además, recientemente, la Gerencia General de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le abrió una segunda investigación por “pérdida objetiva de confianza”.
Tanto a Vindas como a su jefe, el gerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez, la Gerencia General les imputa haber actuado al margen de la ley en las compras de emergencia durante la pandemia.
Para esta publicación, La Nación llamó a Vindas el 27 de enero a las 7:08 p. m.; el 2 de febrero a las 4:43 p. m. y, el miércoles 3 de febrero, a las 2:38 p. m. También se le dejaron tres mensajes.
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Trayectoria en la CCSS
Hans Vindas Céspedes trabaja en la Caja desde el 7 de octubre del 2004. Ingresó al Área de Recursos Materiales y en agosto del 2009 fue nombrado en el Área de Gestión de Medicamentos, en la Gerencia de Logística.
En setiembre del 2011, cuando fue suspendido por primera vez, fungía como gestor de medicamentos y era uno de los encargados de realizar las compras urgentes.
Aquel año fue separado de su cargo por cuatro meses, también con goce de la salario, por aparentes irregularidades en la compra de fármacos a un proveedor indio que, mediante una firma subsidiaria, estaba vinculado con su madre, Sandra Céspedes Porras. El caso fue desestimado por el Ministerio Público en 2013.
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Vindas ocupa una plaza de Profesional 4, considerado un alto cargo al estar solo por debajo de las jefaturas, las direcciones y las gerencias.
En su momento, su proceso de reclutamiento para ese puesto fue sujeto de investigaciones por parte de la Auditoría Interna de la institución, la cual había detectado supuestas inconsistencias en el trámite, de acuerdo con un artículo publicado por La Nación, el 10 de octubre del 2011.
En ese puesto, él devenga un salario mensual bruto de casi ¢1,6 millones, informó la oficina de prensa de la institución ante una consulta de La Nación.
Vindas es vecino del cantón de Santa Ana, San José, y en su perfil de Linkedin dice que se licenció en Administración de Empresas con énfasis en Banca y Finanzas, en la Universidad Fidélitas.
Ante el Registro Nacional
Aparte de ser funcionario público, Vindas es empresario. En el Registro Nacional aparece como presidente de dos sociedades anónimas.
La primera es Inversiones Vinro 2016 S. A., propietaria del gimnasio VINRO Fitness Center, especializado en crossfit y que se ubica en la Guácima, en Alajuela.
Entretanto, Centro de Acondicionamiento Lift S. A. aparece como propietaria del gimnasio —también de crossfit— Redemption Fitness, en Pozos de Santa Ana.
La primera de esas dos sociedades, Inversiones Vinro 2016 S. A., posee una deuda con la seguridad social por casi ¢2,2 millones, la cual se encuentra en cobro judicial.
Al mismo tiempo, le adeuda al Ministerio de Hacienda unos ¢271.000 por el no pago del impuesto al valor agregado (IVA) y del tributo a las personas jurídicas. Esa deuda se encuentra en cobro administrativo.
En redes sociales, Vindas tiene publicadas imágenes del gimnasio Vinro y dice ser propietario de Forward Training Center.
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Además de su participación en esas sociedades anónimas, el funcionario de la CCSS tiene registrado a su nombre y al de su esposa, una propiedad de 563 metros cuadrados en la Guácima de Alajuela, la cual tiene un valor fiscal de ¢121,7 millones y tiene una hipoteca de $200.000 (casi ¢124 millones) con el BAC San José.
También tiene a su nombre un automóvil marca Hyundai Accent SE, modelo 2016, valorado en ¢5,7 millones.
Aparece como deudor de un carro registrado a nombre de su mamá, Sandra Céspedes. Se trata de un Hyundai Elantra, modelo 2019, que se inscribió en junio del año pasado y tiene un valor registral de ¢13,4 millones. Incluso, la placa de ese auto tiene sus iniciales: HVC.
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