Gerardo Ruiz R.. 23 octubre
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, afirmó que caería en pobreza si le quitaran su salario mensual que es de ¢6,3 millones netos. Fotografía José Cordero.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, afirmó que caería en pobreza si le quitaran su salario mensual que es de ¢6,3 millones netos. Fotografía José Cordero.

“(...) Soy asalariado. Es decir, que si a mí me quitan el salario yo paso a estar en pobreza".

Fernando Cruz, el presidente del Poder Judicial y uno de los magistrados más beligerantes contra la reforma fiscal, afirmó que su condición de asalariado lo pondría en “limitaciones muy serias” en caso de perder ese ingreso.

La afirmación la hizo durante el programa Matices de radio Monumental, el pasado 18 de octubre, después de que los magistrados de la Corte Plena se opusieran a la reforma fiscal porque esta le pondría tope al crecimiento de los beneficios salariales que paga el Poder Judicial a sus empleados.

“Claro que mi origen es de clase media baja por supuesto. Yo me crié en una casa que era de bahareque de más de 100 años. Mis padres nunca tuvieron vehículo, mi padre estudió Derecho a los 45 años y se hizo abogado a los 54 años, mi madre también estudió después de los 35 años”.

(VIdeo) Fernando Cruz habla sobre su salario

“De tal manera que, por supuesto, que yo vengo de un grupo de clase media baja, pero yo no voy a andar haciendo alusión a todo eso, simplemente yo no me puedo considerar de grupo medio porque mi ingreso me lo define”.

“Soy asalariado, es decir, que si a mí me quitan el salario yo paso a estar en pobreza o en limitaciones muy serias. Así que también hay que tener cuidado: soy asalariado o soy propietario de empresa. Ahí hay otra distinción, pero yo no quiero entrar en esas disquisiciones, porque esa no era mi intención”, afirmó el magistrado, de 69 años, durante el intercambio con el periodista Randall Rivera.

El jerarca, quien recibe un salario neto mensual de ¢6,3 millones, aseveró durante la entrevista que su afirmación de que pertenece a la clase media fue tergiversada.

“Cuando yo me referí a eso (a pertenecer a la clase media), me refería a que el conglomerado judicial en un 95%, porque la clase gerencial es un 5%, son de sectores medios", aseveró.

Durante la polémica sesión de Corte Plena de la semana pasada, cuando los magistrados determinaron que el plan fiscal limita la independencia judicial, Cruz anunció que renunciará al plus gerencial que se autoaprobaron los magistrados para subirse el sueldo.

(Video) Presidente de la Corte, explica por qué el plan fiscal afecta el Poder Judicial

Dijo que iba a renunciar al beneficio por convicción. Empero, durante la entrevista en Monumental afirmó que no devolverá los montos devengados por tal concepto pues según él los ganó sin que mediara ninguna irregularidad.

Si Cruz concreta su renuncia a dicho beneficio, su salario mensual neto disminuirá a ¢4,8 millones.

Además, manifestó una y otra vez que sus palabras durante la sesión de Corte Plena para definir la posición de la Corte sobre el plan fiscal fueron malinterpretadas.

“Es que no fue mi intención, me interpretaron mal (...) es que es muy difícil autoclasificarse. Por ejemplo, todos los candidatos a presidente siempre se autoclasifican de clase media, por supuesto, pero yo no tengo esa pretensión porque, si es por el ingreso que recibo como asalariado, porque soy asalariado, pues por supuesto que no soy de un grupo medio”, dijo en otro tramo de la entrevista, a pesar de que durante la sesión de Corte Plena se había colocado dentro de la clase media .

Según mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el ingreso promedio mensual, por quintil, de una familia de clase media en Costa Rica es de ¢743.323, casi diez veces menor al que devenga Cruz mensualmente.

Fernando Cruz afirmó la semana pasada que el plan fiscal es el “peor” que ha conocido por las interferencias que, según él, causará el proyecto con la función de la judicatura. Cruz es de la tesis de que los salarios de los jueces solo los debe fijar la Corte con criterios técnicos para garantizar la independencia del Poder Judicial.