Alrededor de las 2 p. m. de este martes, los magistrados de la Corte Plena acordaron comunicarle a la Asamblea que se oponen a la reforma fiscal mientras esta imponga medidas de contención de gasto sobre los salarios del Poder Judicial.

El pronunciamiento tiende a eximir a los funcionarios judiciales de las acciones de contención planteadas en el proyecto para todos los funcionarios públicos. Tal es el caso de la transformación de las anualidades en un monto fijo en lugar de un porcentaje del salario, para evitar el crecimiento exponencial del gasto.

Otra de las medidas a las que se oponen es la reducción de los porcentajes de los pluses dedicación exclusiva y prohibición para nuevos funcionarios.

Luego de un debate de cinco horas, con 11 votos, la Corte Plena acordó responder al Congreso que la reforma fiscal afecta el funcionamiento del Poder Judicial y se opone a esta siempre y cuando no se eliminen los siguientes puntos:

-La rectoría del empleo público del Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre el Poder Judicial

-La obligatoriedad de lineamientos técnicos del Servicio Civil para con el Poder Judicial

-Disposiciones contenidas en la regla fiscal que puedan afectar el presupuesto asignado al Poder Judicial por Constitución o por leyes específicas

-Las restricciones establecidas en el proyecto de ley en materia salarial y sus respectivos componentes para los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial

Argumentaron que las políticas para frenar gasto y evaluar el desempeño de los funcionarios afectan la independencia judicial. Se opusieron, por ejemplo, porque la reforma establece que la rectoría del empleo público estaría en el Ministerio de Planificación (Mideplán) y porque los lineamientos para medir la labor de los empleados provendría del Poder Ejecutivo.

Además, alegan que la regla fiscal afectaría el funcionamiento del Poder Judicial. Ese es un mecanismo que limitaría el crecimiento del gasto público si el Gobierno central está muy endeudado.

El magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte, dijo que el plan fiscal maniataría al Poder Judicial e, incluso, que este es el peor proyecto tributario que ha visto.

Al tiempo que se quejó por que no les consultaron antes el texto, el juez Cruz afirmó que ahora la achacan al Poder Judicial la solución a la pobreza.

Tres magistrados votaron en el sentido de que la reforma no afecta al Poder Judicial en el tanto se interprete que se respeta su independencia. Esa fue la propuesta del magistrado Román Solís.

Un juez votó por que el proyecto no afecta del todo a la Corte y no hay oposición, mientras que uno se pronunció en el sentido de que sí afecta, pero no se emite oposición por la situación económica del país.

¿Qué plantea el pronunciamiento para el proyecto?

El magistrado Fernando Cruz declaró que si le quiere tocar los salarios a los funcionarios del Poder Judicial, la Asamblea requiere de 38 votos.

“Ya lo hemos resuelto, yo mencioné una de abril sobre una ley general de salarios, ya la Corte había dicho que sobre salarios requería de 38 votos y me pareció muy adecuado lo que mencionó el director jurídico cuando mencionó la cita de que en el tema de los emolumentos es parte de la independencia jurídica”; indicó Cruz, tras la sesión.

La reforma fue aprobada con 35 votos el 5 de octubre en primer debate.

El pronunciamiento de la Corte le pone un obstáculo al proyecto porque, según el artículo 167 de la Constitución Política, si los magistrados consideran que un plan de ley afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, el Congreso requiere de 38 votos para apartarse del criterio.

Sin embargo, en todo caso, un proyecto que requiere de 38 votos no puede tramitarse por la vía rápida y la reforma fiscal fue tramitada mediante ese método expedito.

Aún falta el análisis que hará la Sala IV sobre la forma en que se tramitó el proyecto. El tribunal constitucional puede confirmar o desechar el pronunciamiento de la Corte Plena.

Los magistrados de la Sala IV se abstuvieron de participar en la sesión de este martes, con excepción de Fernando Cruz, quien anunció que se inhibirá de conocer el asunto porque ya se pronunció al respecto.

Sobre esa decisión, el presidente de la Corte adelantó que, en su criterio, el trámite de vía rápida (208 bis) que tuvo el proyecto de ley en el Congreso, es inconstitucional.

Reacciones en Congreso

El diputado Víctor Morales Mora, jefe de fracción del PAC, declaró al conocer el fallo: “Con la posición que han tomado, obviamente están protegiendo condiciones laborales en la Corte. Eso es así. Nos plantean un desafío político de calificar la votación".

Carlos Ricardo Benavides, jefe del PLN, añadió: “Una buena parte de los magistrados hoy no hicieron razonamientos propios de un juzgador ni de un experto en Derecho, sino más bien razonaron como miembros de un gremio al que estaban defendiendo. Obedecieron más a esa defensa del gremio que con base en la Constitución”

Morales apuesta por conseguir 38 votos para la aprobación del proyecto en segundo debate, mientras que Benavides opta por esperar lo que diga la Sala IV cuando se le consulte el texto.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, también declaró que se deben conseguir mayores apoyos.

Lo que ocurrió antes de la votación

Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, anunció que se inhibirá de votar sobre la reforma fiscal si el proyecto llega a consulta de la Sala IV, en donde él es magistrado.

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El jerarca judicial dijo que se inhibirá en el caso hipotético de que la reforma llegue al tribunal constitucional (se requiere de diez firmas de diputados para hacerlo), pues, en todo caso, él siempre ha creído que la vía rápida es inconstitucional.

La reforma fiscal fue tramitada mediante este procedimiento, establecido en el artículo 208 bis del Reglamento.

“Yo siempre he creído que un 208 bis es inconstitucional”, dijo Cruz.

La Corte debate si la reforma le afecta, luego de que la Asamblea Legislativa le consultó su criterio tras aprobar el proyecto en primer debate.

Antes de esta sesión, Fernando Cruz le solicitó un informe a la dirección Jurídica del Poder Judicial, el cual concluyó que esta institución tiene potestades de “autogobierno” sobre sus salarios, por lo que considera que la reforma fiscal afecta su funcionamiento y organización en el tanto le pone freno al crecimiento del gasto en los pluses salariales del sector público y al gasto público en general.

“Esta unidad asesora estima que el proyecto 20.580 sí afecta la organización y funcionamiento del Poder Judicial e incide abiertamente en la independencia del mismo", dice el informe de la dirección Jurídica la cual, a su vez, se apoyó en insumos de las direcciones Ejecutiva, de Gestión Humana y de Planificación.

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Uno de los argumentos es que la alta retribución económica actual es necesaria para alejar a los funcionarios de la tentación de la corrupción.

Cruz dijo que, para este tipo de análisis, usualmente se solicita la preparación de un informe a un magistrado, pero en este caso, por cuestión de tiempo, solo pidió la colaboración a la dirección Jurídica.

De hecho, la sesión empezó con la exposición del informe por parte de Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial.

Campos alegó que no hay un conflicto de interés de su parte, en la realización del informe, porque el plan no cambia las condiciones y pluses de los empleados actuales.

Añadió que las versiones anteriores del proyecto no contenían el articulado que otorga al Ministerio de Planificación (Mideplán) la rectoría del empleo público, lo que la dirección Jurídica considera atenta contra la independencia de poderes, así como las reglas para liberar al Gobierno de la asfixia que le provocan los gastos específicos legales.

La magistrada Iris Rojas, de la Sala I, no compartió las conclusiones del informe de la dirección Jurídica. Ella declaró que, si los salarios del Poder Judicial se pagan con impuestos, no es posible que exista una autodeterminación exclusiva y excluyente en esta materia.

“A veces creo que en este país perdimos el rumbo y mucho se habla de la reforma constitucional. Lo que ha sucedido es que nos separaramos de las fuentes. Creo que es un hecho que la situación fiscal que enfrenta el país no tiene equiparación con otros tiempos. La decisión que se tome aquí impactará cómo se ve el Estado como un todo y el Poder Judicial”, dijo.

La magistrada Carmenmaría Escoto afirmó que podría apoyar el plan fiscal, pero es necesario salvar la independencia del Poder Judicial porque necesita aclarar si el proyecto afecta las transferencias al Poder Judicial y a sus diversas instituciones, como el Ministerio Público, el OIJ y la Defensa Pública.

También, objetó que el proyecto de ley modifique los salarios de los futuros empleados del Poder Judicial. “Sí al plan fiscal, pero salvenos esta independencia”, dijo.

El magistrado Jaime Robleto afirmó que es su obligación moral apoyar el proyecto por la situación económica que atraviesa el país, aunque reconoció que el informe de la dirección Jurídica es “impecable”.

Román Solís, magistrado de la Sala I, sostuvo que algo está mal en el Estado costarricense, pues “es imposible que un Estado sea conducido por 22 magistrados o por 7 magistrados”, en referencia al pronunciamiento que la Sala IV también podría hacer sobre el trámite de la reforma. “Quien va a definir de una vez por todas es la Sala IV”, añadió.

Mencionó que, en efecto, la reforma fiscal tiene un capítulo para regular el empleo público y, en su criterio, “el tema del empleo público ha sido festinado por siempre”, pues los mismos legisladores se han apartado de la orden constitucional que creó el Servicio Civil para regular el tema y el asunto se hizo más trágico para el sector público descentralizado, creando un archipiélago de distintos regímenes.

Por eso, considera que en buena hora se introdujo una regulación al tema en la reforma tributaria. “A mí no me atemoriza que el Mideplán establezca parámetros generales sobre el tratamiento de algunos rubros del empleo público, anualidades, pluses. Entiendo que eso es posible respetando el principio de separación de funciones del Estado”, dijo.

“Mi tesis es entender que todas estas regulaciones que han sido objeto de debate son posibles sin que se afecte la organización y el funcionamiento del Poder Judicial si las entendemos, si las interpretamos”, declaró, al tiempo que hizo referencia a una nota enviada por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, en la que ella dice que se respetan las particularidades.

“Hasta los mismos promotores de la reforma tributaria, de la regulación, tienen ese esquema de interpretar la normativa, no hay ningún roce", expuso Solís. Añadió que, desde hace tiempo, se coordina entre poderes del Estado en relación al empleo público. Por ejemplo, el Poder Judicial espera los decretos de aumentos salariales del Ejecutivo para aplicar los suyos.

El magistrado Fernando Cruz afirmó: “Es ahora que la pobreza se convierte en un tema de prioridad… es ahora el Poder Judicial el que debe resolver el problema de la pobreza. Bueno, quizás sea otra de las funciones que nos puedan dar".

“A partir de hoy estoy renunciando al rubro gerencial (incentivo salarial), porque eso es lo que nos han venido atribuyendo para quitarnos autoridad moral. No me vengan a decir que mi posición es para defender mis privilegios. Ahora el país depende de los 22 magistrados que aquí estamos. Eso de la independencia judicial son pequeñas cosas… ¿Como va a ser? La pobreza es más importante. El país está por quebrarse”.

El auditorio, en donde hay funcionarios judiciales y manifestantes, aplaudió a Fernando Cruz, pero él pidió calma.

“La propuesta no responde a un criterio técnico, ¿cuál es el criterio técnico? Requería una valoración judicial, una valoración nuestra. Y el tema de pobreza, caramba qué sí es importante, pero es ahora que se volvió un tema importante. Entonces ahora el Poder Judicial debe resolver el tema de la pobreza”, continuó.

Fernando Cruz insiste que la reforma incide en el sistema judicial y que debió ser discutida antes.

“No he conocido uno peor (un proyecto fiscal)", dijo, al insistir en que la reforma contiene normas que ponen al Poder Judicial en una situación de sujeción.

“A última hora, después del primer debate, nos preguntan si la reforma incide o no en el funcionamiento del Poder Judicial. Siento una gran tristeza, porque este proyecto asesta un golpe a la independencia del Poder Judicial. Yo no fui electo para decir sí, con mucho gusto..., sino para defender al Poder Judicial".

Cruz también se refirió a una deslegitimación del Poder Judcial, al introducir normas a última hora que suponen una “revolución tributaria”.

“Ahora resulta que el tema de salarios es pecado, que todos trabajamos por puro espíritu de servicio y que la sociedad de consumo no existe”, continuó. “No defiendo acá el rubro gerencial, pero en una sociedad de consumo el estímulo de los salarios crecientes sí debe...".

Luis Guillermo Rivas, magistrado de la Sala I, afirmó que “solo tenemos una fuente de ingresos, los tributos de todos los costarricenses”.

“No tenemos otra fuente, de ahí que debemos repartirlo de manera justa”, afirmó.

“Si nos oponemos, las finanzas públicas colapsan. Nos han informado, nos han mostrado una situación gigantesca y caótica a punto de llegar. Los últimos cuatro meses hubo necesidad de utilizar las letras del tesoro para pagar los salarios del último trimestre. Mensualmente, el Estado necesita ¢340.000 millones para pagar salarios, pensiones, intereses y algunas otras transferencias y el Estado no tenía liquidez”.

“Desde luego que vamos a tener afectación, como las otras instituciones del Estado, posiblemente en los rubros que nos han indicado: salarios, desempeño, regla fiscal, ¿pero podemos seguir actuando en forma independiente del resto del Estado? Esas son reflexiones que debemos hacer”.

“Me parece que deberíamos ir tratando de construir. Yo sí me pronunciaría en favor del país, en favor del entorno, de que se agreguen nuevos ingresos. Si esos ingresos no se hacen llegar, de todas maneras no vamos a tener lo que nosotros pretendemos posteriormente”, expuso Rivas.

El magistrado Rafael Segura aseguró que su “posición no está guiada para proteger salarios y pluses”.

“Es claro que delegar al Mideplán la coordinación de las políticas generales estaría generando una afectación al Poder Judicial. Esto se complementa con una evaluación al empleo público que puede tener la buena intención de aumentar la eficiencia, pero cede la independencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo”, afirmó.

Héctor Blanco, de la Sala II, afirmó que, desde luego, la reforma fiscal afecta al Poder Judicial porque establece una rectoría sobre el empleo público en un ministerio del Poder Ejecutivo.

También, cuestiona que los lineamientos para la evaluación de desempeño se le otorguen al Servicio Civil, “un órgano de tercer nivel, que es un órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo”

Añadió que la regla fiscal puede llegar a afectar funciones vitales del Poder Judicial. “La independencia del Poder Judicial debemos garantizarla en este proceso”.

La magistrada Julia Varela dijo que le queda ninguna duda de que la reforma afecta el funcionamiento del Poder Judicial.

Además, hizo una defensa de los funcionarios públicos: "En el tema fiscal, sabemos que no todo el mundo que tiene que tributar, tributa. Y somos los funcionarios del sector público los que sostenemos la seguridad social, aunque los recursos provengan del Estado y de los tributos que hace la población".

"En el sector privado, no todos y todas están dando realmente los tributos", aseguró.

"Un impacto significativo en sus ingresos puede llevar a sus familias a entrar una cesación de pagos. Si les afectamos, tenemos una sociedad de consumo, estas personas por la necesidad se ven afectadas y para poder sobrevivir, echan mano de este dinero plástico y tiene una repercusión social muy importante.

"Encontramos trabajadores por servicios profesionales (en las empresas), cuando van a hacer reportes de gastos, todo eso lo trasladan. Si todos tributaran, no habría déficit fiscal. El problema fiscal está enfocado en los que más fácil les podemos quitar los ingresos, a los que más fácil les podemos decir sean solidarios".

Añadió que ella votó a favor del índice general (plus) y lo volvería a hacer porque benefició a muchos jueces y juezas.

“Ya la población judicial ha sido afectada al grado de ir a dos huelgas (...). No podemos estar con la política del igualitico porque no se ejercen iguales responsabilidades”, continuó.

William Molinari sostuvo que, por la forma en que está redactado el capítulo de empleo público, “esas políticas afectan de mil formas” al Poder Judicial, sobre todo “en el tema de la carrera judicial es uno de los que más me preocupa y el tema de la evaluación de desempeño aún más, puede incidir en nombramiento de jueces y fiscales”.

Por eso, decidió votar por que el plan afecta independencia, organización y funcionamiento, pero que podría no ser esa la situación si los temas específicos que han sido tratados en el informe se excluyeran.

La magistrada Sandra Zúñiga también dijo que profesionales de la economía los descalifican y “nos ponen como personas que no podemos comprender la magnitud de la crisis fiscal”.

“Soy ciudadana y me duele y me conmueve lo que sucede en el país, negamos que sea responsabilidad exclusiva del Poder Judicial. Digo no a la evaluación de jueces. Si se realizan algunos ajustes que reflejen una no intromisión, estaría anuente”, afirmó.

Jesús Ramírez, de Sala III, afirmó: “He escuchado con mucha atención la disertación que se ha realizado sobre est etema, efectivamente el estudio del asesor legal es rico de fundamento, y también el de doña Rocío fue un análisis punto a punto de todos los temas. Yo considero que aquí lo que se debe de hacer, según mi criterio, es hacerles ver los cuatro puntos que nosotros consideramos que afecta el funcionamiento del Poder Judicial, pero también vemos que definitivamente, el país está en una crisis, que puede venir un mal mayor, y necesariamente el plan fiscal debe aprobarse”.

¿Qué haría la reforma fiscal con los gastos excesivos en salarios públicos?

-El incentivo por anualidad (cada año de trabajo) se transformaría en un monto fijo, en lugar de un porcentaje del salario base, como se había venido pagando a los funcionarios públicos. Al eliminarse el porcentaje, esta medida frena el crecimiento exponencial en el costo de las anualidades.

-Se ordenaría la creación de un sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios públicos, el cual tomará en cuenta los resultados de la institución. De la evaluación, dependerá el pago de la anualidad. Solo se premiará a los funcionarios muy buenos y excelentes.

-Se establecería que, para los nuevos contratos de dedicación exclusiva (prohibición de ejercer la profesión fuera del sector público), el incentivo será de un 25% para licenciados y de un 10% para bachilleres, como lo hizo el gobierno actual. Antes, en cambio, se desembolsaba un 65% y un 20%, respectivamente.

Además, se establece que es necesaria la firma de un contrato con plazo entre uno y cinco años, el cual no constituye derecho adquirido al vencerse el plazo. La institución debe evaluar si requiere la dedicación exclusiva de cada funcionario.

-La cesantía para los funcionarios públicos (indemnización por despido o jubilación) no podría superar los 8 salarios (un salario por cada año trabajado hasta un tope de 8 ). Se aplicará la misma norma que establece el Código de Trabajo para el resto de trabajadores del país. Actualmente, se pagan cesantías de lujo hasta de 20 años.

-La prohibición para ejercer la profesión serría de un 30% y un 15% para licenciados y bachilleres, en vez de un 65% y 30%, respectivamente. La prohibición se diferencia de la dedicación exclusiva en que es obligatoria por ley solo para ciertos cargos, como ministros y procuradores.

-Se prohibirían los pagos por confidencialidad y descrecionalidad.

-Se prohibirían los pagos por bienios (dos años), quinquenios (cinco años) o cualquier otra acumulación por años servicios. Actualmente, algunas instituciones conceden premios por eso. El ICT, por ejemplo

-Se le pondría un tope de ¢5,3 millones al salario total de los jerarcas públicos y de los servidores de elección popular. Actualmente, hay funcionarios que ganan hasta ¢10 millones, como en el caso de magistrados, superintendentes y hasta alcaldes. De hecho, al menos 1.200 funcionarios del Estado ganan más de ¢5,3 millones; el 70% de ellos trabaja en la CCSS. En el caso del presidente, el tope será de ¢6,6 millones.

--Prohibiría aumentar el salario del presidente actual, así como diputados, ministros y presidentes ejecutivos vigentes.

-Se establecería que cualquier otro incentivo que esté expresado en porcentaje, para el futuro se transformará en un monto nominal, para evitar el crecimiento exponencial

-En cuanto al incentivo conocido como carrera profesional, no se reconocerían puntos por los títulos de la profesión requerida para ejercer el cargo. Además, solo se reconocerán capacitaciones si estas no fueron sufragadas por la institución. Antes, se solían otorgar puntos, que significan dinero, incluso por capacitaciones financiadas por la misma entidad.

-No podrían crearse nuevos incentivos salariales a menos de que se haga por ley.

-Se establecería que estos cambios no podrán ser aplicados de manera retroactiva, de manera que no se podrá rebajar el salario a los funcionarios actuales.

¿Cómo funcionaría la regla fiscal?

Son reglas para evitar el crecimiento desmedido del gasto público y garantizar el equilibrio de las finanzas públicas. La regla fiscal, por ejemplo, limitaría el crecimiento del gasto corriente del Gobierno central de acuerdo con ciertos rangos, según el nivel de deuda pública que haya.

Además, establecería medidas extraordinarias por aplicar cuando la deuda pública sea igual o mayor al 60% del Producto Interno Bruto (PIB), actualmente está en alrededor del 50%.

Entre esas medidas se encuentran la de no subir las pensiones de Gobierno, entre las que están las de lujo, salvo por costo de vida; así como no firmar créditos, a menos de que sean para paliar la deuda pública o para hacer obra pública; tampoco se permitiría ajustar los salarios ni los incentivos salariales, ni efectuar rescates financieros a instituciones públicas.

Además, establece sanciones por el incumplimiento de parte de los jerarcas del Estado de las obligaciones establecidas por las normas de responsabilidad fiscal.

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