En una carta enviada al Congreso, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, expuso la meta de reducir el gasto primario del Gobierno de un 16,45% a un 13% del producto interno bruto (PIB) en los próximos cinco años.
El gasto primario corriente es el dinero que el Gobierno destina a remuneraciones, adquisición de bienes y servicios, y transferencias corrientes a instituciones.
¿Cómo planea el Gobierno alcanzar la meta del 13% para el 2025?
La estrategia del Ejecutivo es contener el crecimiento del gasto primario en los próximos cinco años con la expectativa de que, al mismo tiempo, la economía se expanda. Así, gasto público se reducirá porcentualmente frente a la producción del país.
En el 2020, el gasto primario consumirá unos ¢5,73 billones de colones, un 16,45% del PIB. Según las estimaciones del Banco Central, la producción total del país alcanzará los ¢34,9 billones al cierre de este año.
Para reducir el tamaño del gasto público como porcentaje del PIB, hay dos posibilidades: se pueden recortar los gastos, o se puede contener su crecimiento y apostar a la expansión de la economía.
Por solicitud de este medio, Hacienda suministró las sumas previstas del PIB para cada uno de los años comprendidos en dicho periodo.
La institución proyecta crecimientos interanuales de la economía de entre 4,1% y 6,1% en los próximos cinco años.
Así, por ejemplo, el PIB del 2025 sería de ¢45,1 billones.
Al mismo tiempo, el Gobierno aspira a que el gasto primario no crezca mucho más allá de los ¢5,73 billones de este año.
De esta forma, la meta es que, para el 2025, las erogaciones primarias del Gobierno se sitúen en ¢5,9 billones, lo que equivaldría a un 13% del PIB.
Para eso, sería necesario que el gasto primario crezca apenas un 2,3% en los cinco años, a un ritmo promedio de 0,5%, muy por debajo del crecimiento de la economía.
En ese periodo, los gastos corrientes se incrementarían en ¢131.900 millones.
La estructura de gastos del Estado es sumamente rígida, porque muchas erogaciones las establece la ley. Si el Congreso no las flexibiliza, el margen para reducirlas es limitado. La economía, por otra parte, afronta el reto de recuperarse de la crisis mundial causada por la pandemia de la covid-19.
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¿Cómo se congela el crecimiento del gasto?
El Gobierno deberá combinar múltiples mecanismos para frenar el crecimiento de sus gastos.
Una herramienta se la proporciona la regla fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
La regla fiscal congelará los salarios de unos 325.000 empleados públicos a partir del 2022 y por tiempo indefinido, hasta que la deuda pública baje del 60%.
A modo de referencia: para el presupuesto del 2020, la regla fiscal autorizó un crecimiento máximo del gasto corriente del 4,67% con respecto al año anterior. Para el 2021, el tope impuesto fue del 4,13%.
El Ejecutivo también apuesta por la aprobación “fundamental” del proyecto de reforma al empleo público, la cual, según Hacienda, ayudaría a ahorrar un 1,5% del PIB entre el 2021 y el 2022.
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Asimismo, la Administración previó recortar gastos de otras áreas a partir del 2021.
El Presupuesto Nacional del 2021 se aprobó en la Asamblea Legislativa con ¢162.000 millones menos de los que pedía el Poder Ejecutivo.
El gasto corriente es un gran disparador del déficit fiscal y el endeudamiento público, ya que las erogaciones del Estado son mayores que los ingresos tributarios, por lo que las autoridades deben pedir dinero prestado todos los años para financiar su operación.
Este año, la deuda cerrará en alrededor de un 70% de la producción, y el próximo año podría subir a un 80% del PIB. Costa Rica se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a retomar una ruta de consolidación fiscal que le permita reducir la deuda pública a un 50% del PIB en el año 2034.
El país también prometió revertir su desbalance entre ingresos y gastos hasta alcanzar un superávit primario equivalente al 2,2% del PIB en el año 2024.
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