El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a que, una vez disipada la crisis de salud, tomará medidas adicionales sobre el ingreso y el gasto públicos para alcanzar un superávit primario equivalente al 2,2% del PIB en el año 2024.

Un superávit primario consiste en que los ingresos del Gobierno Central sean superiores a sus gastos, pero sin tomar en cuenta el dinero que se va en el pago de los intereses de la deuda pública.

Si este año el país tuviese un excedente primario del 2,2% del PIB, los recursos del gobierno superarían a los gastos en casi ¢782.000 millones, excluyendo los intereses.

Sin embargo, actualmente, Costa Rica no tiene este superávit, sino que sufre un déficit fiscal; es decir, un exceso de gasto público en comparación con los ingresos.

En el 2019, por ejemplo, el déficit primario alcanzó un 2,78% del producto interno bruto (PIB), lo que equivale a un faltante de más de ¢1 billón (un millón de millones).

El déficit total del Gobierno Central, en tanto, fue de un 6,96% del PIB en ese mismo año: unos ¢2,5 billones, incluyendo el pago de intereses.

El país había registrado una reducción importante en el déficit primario en el primer trimestre del 2020, antes de la pandemia del nuevo coronavirus.

En los primeros tres meses, el desbalance acumulado fue de un 0,12% del PIB (alrededor de ¢45.000 millones), mientras que en el mismo periodo del año anterior fue de un 0,57% (más de ¢200.000 millones) según el Ministerio de Hacienda.

Segunda meta

Además de generar un superávit primario, Costa Rica se comprometió con el FMI a retomar una ruta de consolidación fiscal que permita reducir la deuda pública a un 50% del producto interno bruto (PIB) en el año 2034.

El año pasado, la deuda cerró en un 58,5% de la producción y, para este año, podría superar el 67% del PIB.

El compromiso consta en la carta de intenciones que el gobierno le entregó al Fondo Monetario Internacional para obtener un crédito de $508 millones (¢295.000 millones), el cual se destinaría a atender las necesidades de financiamiento generadas por la crisis del coronavirus.

La misiva, con fecha del pasado 22 de abril, la firman el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves; y el presidente del Banco Central (BCCR), Rodrigo Cubero.

El documento va dirigido a Kristalina Georgieva, directora general del FMI, y consta en el expediente del crédito en la página web del Fondo Monetario.

Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica y coordinadora del equipo económico, afirmó que, para alcanzar los compromisos hechos al FMI, el gobierno espera que la reforma fiscal surta efecto en el área de los ingresos.

Asimismo, el Ejecutivo prevé una mayor contención en el crecimiento del gasto público por motivo de una “aplicación estricta de la regla fiscal”.

“El rendimiento esperado de la Ley 9635 (reforma fiscal), más el conjunto de medidas adicionales anunciadas por el ministro de Hacienda en el mes de febrero, nos permitirá consolidar la ruta de ajuste y saneamiento de las finanzas públicas a partir del momento en que esta crisis pase”, sostuvo Garrido.

Dentro de esas medidas, la ministra recordó la venta de activos como el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). El titular de Hacienda también propuso utilizar superávits de instituciones públicas para hacer abonos a la deuda pública.

Garrido dijo que el Ejecutivo trabaja en posibilidades adicionales, como la reforma al empleo público, la fundición de órganos desconcentrados del Gobierno Central y el mejoramiento tecnológico de los sistemas de cobro de Hacienda que permitirían aumentar la recaudación.

Acciones adicionales con el FMI

En la carta de intenciones, los jerarcas de Hacienda y del BCCR añadieron estar listos para comprometerse con el FMI en elaboración de opciones políticas, así como a usar los recursos del crédito de $508 millones de manera transparente y responsable para atender el golpe del coronavirus.

El gobierno sostuvo que desea mantener un diálogo cercano con el FMI para explorar soluciones a las dificultades fiscales que Costa Rica afrontará en adelante.

Según la ministra de Planificación, en efecto, la idea es aprender de las mejores prácticas mediante asistencia técnica y diálogo permanente.

La idea es que la inversión pública sea un motor para la recuperación y evitar riesgos con leyes desfavorables para el equilibrio financiero, dijo.

Sin restricciones cambiarias o comerciales

Además, Chaves y Cubero afirmaron que el Ejecutivo se abstendrá de tomar medidas o políticas que podrían deteriorar aún más la sostenibilidad de la deuda pública.

La carta también contempla que no se aplicarán restricciones cambiarias o comerciales que podrían agravar el equilibrio económico del país.

Garrido dijo que, en ese caso, la idea es otorgar una garantía al FMI de que está trabajando con un gobierno responsable, comprometido con la sostenibilidad fiscal y con honrar sus obligaciones, al tiempo que garantiza la seguridad jurídica para los inversionistas.

El gobierno también expresó su aspiración a implementar, rápidamente, una serie de reformas estructurales con base en el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo cual tocaría las áreas ambienta, fiscal, salud, educación, gobernanza, políticas laborales y del sector financiero.

Junto a ello, los jerarcas añadieron que se racionalizarían regulaciones comerciales y laborales, al tiempo que se cerrarían brechas en infraestructura y se mejoraría la competencia en los sectores financiero y de electricidad.

El objetivo es apoyar la competitividad, mejorar el clima de negocio, salvaguardar la estabilidad financiera y mejorar la capacidad de recuperación ante futuras emergencias.

La carta de intenciones también contempla proporcionar al FMI los más recientes reportes de auditoría externa del Banco Central, así como autorización para que hablen con los auditores externos.