Dos semanas después de haber iniciado el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, el Gobierno convocó este lunes el proyecto de reforma al empleo público.
El plan establecería un esquema de remuneración con un monto único para actuales y futuros empleados estatales, sin los pluses que hoy disparan el gasto público.
La última versión de ese texto fue dictaminada, el pasado10 de noviembre, por la comisión legislativa de Gobierno y Administración.
Según proyecciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), si al texto se le realizan ajustes, el Estado se podría ahorrar el equivalente a un 1,1% del producto interno bruto (PIB) por año en el pago de salarios.
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La convocatoria de la reforma fue comunicada este lunes por Casa Presidencial.
Se trata del único texto incluido hoy en el periodo de sesiones extraordinarias, en la que el Gobierno coordina la agenda legislativa.
“En el marco de la pandemia que se vive a nivel mundial y nacional, este proyecto cobra gran relevancia, pues su reforma sería una fuente de ahorro y ayudaría a mejorar las finanzas públicas del país”, reza un comunicado de Zapote.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, le había comunicado a los diputados, el jueves anterior el envío de dicha iniciativa.
En una carta, el jerarca dejó claro que la reforma al empleo público, con los ajustes planteados por Mideplán, será fundamental para alcanzar un recorte del 1,5% del PIB que se integrará al plan que se le presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Este lunes, el jerarca informó a La Nación que las negociaciones con ese organismo iniciarán la segunda semana de enero.
Junto con ingresos, eliminación de exoneraciones y aporte de las empresas públicas, el planteamiento al FMI incluiría medidas para disminuir el desbalance de las finanzas públicas en un 3% de la producción.
Dicho porcentaje es superior a la meta que se planteó en el diálogo entre el Gobierno y sectores, el cual era de un 2,5% del PIB.
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A la reforma aún le falta superar dos días de discusión de mociones de revisión para que luego pase al plenario, de cara a su votación en primer debate.
Su discusión fue frenada a solicitud del presidente de la comisión, el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales, quien pidió un espacio para dialogar con los sindicatos.
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El intervalo permitió, a la vez, un diálogo entre los diputados y la jerarca de Mideplán, Pilar Garrido, sobre la preservación de la regla fiscal, salario global, prohibición o regulación de convenciones colectivas en el sector público y la rectoría del régimen de empleo público.
Cambios para equilibrio fiscal
Hace una semana, la ministra explicó que en la conversación con los congresistas se buscaba elaborar un nuevo texto que genere un equilibrio fiscal macro.
“Y que genere un escenario que garantice tres cosas: equidad salarial aunque sea gradual llegar ahí; que sea fiscalmente responsable, sobre todo ahora que queremos cambiar la trayectoria de la deuda y el déficit; y que se reduzca riesgo de litigios y garantice seguridad jurídica”, expuso Garrido.
En cuanto al salario global, la jerarca le planteó a los legisladores establecer un traslado gradual de más 28.000 empleados del Estado, lo cual permitiría redondear un ahorro promedio anual del 1,1% del PIB, durante los próximos 42 años.
Tal ajuste permitiría que esos trabajadores mantengan su remuneración actual, compuesta de salario base más pluses, mientras alcanzan al salario global a través de los años.
El nuevo esquema se mantendría para futuras contrataciones. Mientras, a aquellos que estén por encima del salario global, se les congelaría el sueldo hasta que les equipare el global.
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La ministra también recomendó a los diputados tomar en cuenta la regla fiscal aprobada dentro de la reforma tributaria en 2018.
La regla ordena el congelamiento de los aumentos por costo de vida, mientras la deuda pública supere el 60% del PIB.
Con esos ajustes, el Estado, incluido el Gobierno Central y las instituciones autónomas como municipalidades y universidades, se ahorraría un 1,1% del PIB cada año.
En cambio, la versión dictaminada abriría la puerta para que esos 28.000 empleados del Estado reciban un aumento salarial inmediato, al emigrar al nuevo esquema de salario global a los seis meses de entrada en vigencia la reforma.
El traslado implicaría un incremento de poco más de ¢32.000 millones en el gasto público solo en el primer año, entre el Gobierno Central y el resto de instituciones estatales.
El texto actual también establecería el salario global para futuras contrataciones. A quienes estén por encima se los congela hasta que los alcance el nuevo esquema, pero a quienes ganen menos les da la posibilidad de que emigren al global en seis meses.
Además, omite la aplicación de la regla fiscal y permitiría el aumento salarial por costo de vida, pese a la emergencia fiscal que atraviesa el país.