El proyecto de reforma al empleo público le podría ahorrar al Estado, en promedio, el equivalente a un 1,1% del producto interno bruto (PIB) por año.

En los primeros diez años, los más críticos por la crisis fiscal, el ahorro sería mucho mayor; sin embargo, sería necesario ajustar el plan de ley, pues el texto actual más bien aumentaría el gasto público.

El ahorro promedio del 1,1% anual surge de un cálculo elaborado por el Ministerio de Planificación (Mideplán) para los diputados de la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración, donde se discute la reforma al empleo público.

Ese porcentaje equivaldría en el 2021, a manera de ejemplo, a casi ¢400.000 millones. Sin embargo, el PIB de cada año es diferente.

La cifra cobra relevancia en momentos en que el Gobierno busca cómo reducir, de forma permanente, el desequilibrio en las finanzas públicas en al menos un 2,5% del PIB, pues este año el déficit fiscal alcanzaría un histórico 9,2% de la producción.

El Mideplán estimó el efecto que tendrían diversos escenarios del proyecto de ley a lo largo de 42 años.

Para alcanzar el ahorro de 1,1% del PIB, sería necesario ajustar el proyecto de ley, pues el texto actual generaría un ahorro promedio anual de apenas un 0,2% de la producción.

Es decir, el proyecto tal como está hoy más bien aumentaría el gasto en remuneraciones en comparación con las reglas vigentes del empleo público.

El plan legal implicaría crear un esquema de salario global en el que ya no existan los numerosos pluses que desequilibran los sueldos entre instituciones y que presionan con fuerza el gasto público, por factores como la simple antigüedad de los funcionarios.

No obstante, la versión actual del proyecto permitiría que 28.640 empleados públicos –cuyos salarios actuales quedarían por debajo del futuro salario global–, migren inmediatamente al nuevo esquema.

Pilar Garrido, ministra de Planificación, afirma que la redacción actual del proyecto permitiría que el resto de servidores actuales, los que ganan más del salario global, reciban aumentos por costo de vida durante los próximos 12 años, a pesar de que la regla fiscal del 2018 ordena congelarlos durante ese periodo, mientras la deuda pública no baje del 60% del PIB.

La regla fiscal es un mecanismo legal que ordena tomar medidas extraordinarias de contención del gasto cuando la situación fiscal es apremiante. Dentro de esas medidas, está el congelamiento de los aumentos por costo de vida, aunque sí permite que los funcionarios sigan acumulando anualidades.

El Mideplán les propondrá a los diputados que los salarios de los funcionarios que ganen más del salario global queden congelados hasta que este los alcance y, en adelante, que cambien de esquema.

Además, propondrá que los servidores con sueldos por debajo del salario global sigan con el esquema de pluses hasta que alcancen las remuneraciones del nuevo sistema y, en ese momento, sean trasladados.

Así, se evitaría un incremento de ¢32.240 millones anuales por la transición inmediata de los funcionarios con sueldos más bajos al esquema de salario global.

En tanto, las futuras contrataciones deberán hacerse con el nuevo esquema.

Con esos ajustes, se generaría el ahorro promedio del 1,1% del PIB por año en los próximos 42 años.

Beneficio en la hora crítica

A la hora de analizar el ahorro promedio por décadas, se observan otros datos importantes.

En los primeros diez años, los más críticos por la crisis fiscal actual, el ahorro promedio sería de casi un 1,4% del PIB por año con la propuesta alternativa, para todo el sector público.

En la primera década, solo en el Gobierno Central, el ahorro equivaldría a un 0,81% del PIB por año y, en el resto de instituciones, a un 0,56%.

Se trata de un ahorro mucho mayor al escenario de continuar solo con las medidas extraordinarias de la regla fiscal para los actuales funcionarios y con salario global únicamente para los nuevos, en el que el Estado, en su totalidad, se ahorraría un 1% del PIB.

Lo mismo ocurriría en la segunda década: el ahorro sería de un 1,81% de ahorro con el texto alternativo, apenas un 0,43% con el texto actual y un 1,46% con las medidas de la regla fiscal para los actuales y el salario global para los nuevos.

Con el texto alternativo, el ahorro sería de un 0,94% en el Gobierno Central y de un 0,87% en el resto de instituciones.

Para la última década, la cuarta, el ahorro promedio bajaría a un 0,06% en todo el sector público con el texto alternativo, mientras que más bien habría un aumento en el gasto de un 0,64% con el texto actual.

Con el escenario de regla fiscal y salario global solo para los futuros funcionarios, en tanto, en la última década aún habría un ahorro de un 0,88% del PIB.

Eso es lo que indica la proyección de Planificación que partió de un universo de 285.000 trabajadores, de los cuales 223.000 se detectaron de las bases de datos disponibles en Hacienda y el MEP.

Los 62.000 restantes fueron calculados con una estimación de costos promedios.

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La aplicación del nuevo esquema implicaría que los funcionarios dejen de sumar pagos adicionales por cada año laborado, así como otros incentivos.

La ministra Garrido afirmó que, con la reforma, hay una reducción inmediata en el gasto porque se dejan de pagar anualidades y costo de vida y, además, se empiezan a remplazar los funcionarios que están por arriba de 65 años con nuevos servidores con salario global.

Algunos parámetros utilizados para esta estimación son un aumento del costo de vida de un 3% anual, el pago de salarios en un año, aguinaldo, salario escolar y cargas sociales.

También, se basó en una lista de más de 3.000 puestos revisados y homologados que, aunque pueden ser para una misma función, tienen distintos nombres en las diferentes instituciones.